La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Franco, que investiga la denuncia de Emerita Resources España por las supuestas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, ha ordenado al Grupo de Medios de Pagos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), que investigue los trabajos de asesoramiento realizados por el ex director general de Innovación Andrés Luque García para la empresa andaluza Magtel, que es miembro del consorcio Mexico-Minorbis, adjudicataria del concurso internacional para la explotación de la mina.

En un auto que tiene fecha del pasado 23 de junio, la juez ha acordado expresamente librar un oficio a la Udef para que realice las comprobaciones necesarias para averiguar los trabajos de asesoramiento que "efectivamente" se hubieran realizado por la empresa Fisur, en la que figura como administrador el ex delegado de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Córdoba y que también fue director general de Innovación e Industrias Culturales de la Consejería de Cultura.

La magistrada quiere saber asimismo si la empresa Fisur cuanta con los "medios personales y materiales precisos para la elaboración de trabajos por los importes" facturados a Magtel, y en definitiva, en "qué han consistido los servicios de asesoramiento en materia de expansión internacional y planes estratégicos que se describieron como objeto del contrato firmado a fecha 1 de noviembre de 2011". 

Esta investigación se ordena después de que la empresa denunciante afirmara que los honorarios que constan abonados "fueron en realidad una retribución por servicios presuntamente prestados por Andrés Luque mientras que ostentó cargos públicos y vinculados por tanto a la percepción de subvenciones".

En el auto, la juez ha aceptado la personación en la causa del Grupo Magtel (Inversión y Gestión Corporativa S.L.), porque no existe "inconveniente" para ello y porque además puede "facilitar la colaboración" de esta empresa con la investigación en curso para acreditar los extremos mencionados.

En la resolución, la juez atiene una petición de la Fiscalía de Sevilla para concretar la investigación a las relaciones existente entre Magtel y Andrés Luque, por lo que decreta el archivo de hasta media docena de hechos que también habían sido denunciados.

La instructora considera que resulta pertinente investigar las relaciones de Magtel y Fisur, de acuerdo con el contrato de prestación de servicios suscrito en Córdoba el 1 de noviembre de 2011, por el que Fisur prestaría servicios de asesoramiento en materia de expansión internacional y planes estratégicos por un período de cinco años, con unos honorarios estipulados en 10.000 euros mensuales más IVA, y llegan a percibir un anticipo de 120.000 euros.

La juez señala en la resolución que durante el tiempo que Andrés Luque ostentó los cargos públicos, entre julio de 2000 y junio de 2011 –fue delegado provincial en Córdoba de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, delegado provincial en Córdoba de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, y después director general de Innovación e Industrias Culturales de la Consejería de Cultura-, las empresas vinculadas al grupo Magtel obtuvieron tres subvenciones. Así, Magtel Redes de Telecomunicaciones S.A. percibió 379.980 euros, Magtel Energías Renovables, 92,085 euros, y Magtel Redes de Telecomunicaciones SAU, dos millones de euros.

El auto recoge que, a fecha de marzo de 2015, se denuncia que Fisur "no ha realizado labor alguna de asesoramiento, si bien Andrés Luque recoge todos los meses, personalmente, en las oficinas de Magtel un cheque por el importe acordado".

Consta asimismo, prosigue el auto, que según las cuentas correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013 el volumen de negocio de Fisur fue de 20.000 euros, 270.000 euros y 130.000 euros, respectivamente, por lo que "prácticamente el único ingreso de Fisur lo representan los honorarios que le abona el grupo Magtel".

La juez ha acordado que se investiguen en qué consistieron esos trabajos de asesoramiento pero, siguiendo un escrito de la Fiscalía de Sevilla, ha decidido archivar otra media docena de hechos denunciados por Emerita Resources porque, según el Ministerio Público, que cita la doctrina del denominado 'Caso Naseiro', la investigación criminal ha de versar sobre un hecho punible específico e individualizado, "sin que el proceso penal pueda abrirse para descubrir en su seno delitos en general, ni sean admisibles investigaciones de prospección, estando vedad por tanto la apertura de una inquisitio generalis [una causa general] contra el ciudadano".

La juez recuerda que tanto la denuncia inicial, como las dos ampliaciones posteriores, se recoge que las empresas relacionadas con el grupo Magtel "se habrían venido beneficiando de un trato de favor por parte de la Junta, concretando diversas presuntas irregularidades relacionadas con la misma que  de confirmarse requerirían, lógicamente, una investigación independiente".

La magistrada explica que, vistos los términos del informe de la Fiscalía, y sin perjuicio de otros aspectos objetos de la denuncia "puedan ser objeto de una investigación propia de aportar en un futuro nuevos datos que así lo justifiquen, procede a día de hoy ceñir las presente investigación a las relaciones existente entre Magtel y Andrés Luque, decretando entretanto el sobreseimiento respecto de los restantes aspectos puestos de manifiesto".

Entre los hechos que la juez, con el apoyo de la Fiscalía, ha archivado se encuentra la denuncia de Emeritas respecto a que en el grupo Magtel trabajan "destacados miembros del PSOE y antiguos altos cargos de la Consejería de Industria" y que datas esas "excepcionales relaciones existente entre los titulares del grupo de empresas y la administración autonómica y a pesar de la absoluta falta de experiencia en el sector de la energía eólica, fue Magtel la compañía a la que más megavatios se le concedieron por la Junta de Andalucía". Según los denunciantes, entre 2011 y 2012 el Ministerio de Industria concedió a Magtel una serie de préstamos finalistas para la instalación de fibra óptica en determinados municipios, dinero que "no fue empleado exclusivamente en dichas instalaciones" y a pesar de ello Magtel solicitó un nuevo préstamo, ahora a la Junta, "con la excusa de convertirse en operador de telecomunicaciones y proveedor de Internet", aunque este crédito no ha sido concedido.

En su informe, la Fiscalía llegó a la conclusión que sólo procedía investigar los trabajos de Andrés Luque para Magtel, porque es el “único hecho concreto respecto del que además se aportan elementos que en principio son indicativos de infracción delictiva (prevaricación y/o cohecho”, por cuanto en relación con el anterior falta la identificación de los altos cargos del PSOE y de la Consejería que hoy trabajan para Magtel y que “supuestamente beneficiaron al mismo de forma delictiva durante el tiempo en el que desempeñaron sus cargos públicos”, asegura la Fiscalía, que incluye otras ausencias de hechos delictivos concretos respecto a los demás casos denunciados.