Centrémonos, en primer lugar, el objeto de un concurso muy complejo, caro en la preparación de los documentos y de muy difícil exclusión de un concursante. No ha sido otro dicho objeto que adjudicar la preferencia en la explotación minera de la reserva de Aznalcóllar, otorgando derecho a realizar investigación y concediendo el derecho de explotación previo cumplimiento de los trámites correspondientes. Las bases prescribían con extraordinario detalle el reparto de 100 puntos, mediante 21 ítem valorables agrupados en tres capítulos: Capacidad técnica del equipo redactor (30 puntos), Plan de investigación y anteproyecto de explotación (40) y Propuestas y medidas ambientales (30). Aclaro que el volumen de inversión, en sí mismo, no ha sido objeto de valoración sino la viabilidad económico-financiera del proyecto, que es algo bastante diferente. Repárese en que no se ha aprobado un proyecto minero definitivo ya que éste, como es natural, sólo podrá ser redactado a la vista de los resultados de la investigación minera, del estado efectivo de los taludes, de lo que disponga la CHG en sus autorizaciones, y de lo que prescriba la Autorización Ambiental Unificada, amén de lo que señale el departamento de Minas.

La propuesta de adjudicación y su aceptación por el concursante ganador se han producido en momentos diferentes, para dar lugar al perfeccionamiento de los acuerdos societarios y la creación de la sociedad de propósito específico exigida por la Junta de Andalucía, dotándola con unos recursos económicos equivalentes a un tercio de la inversión prevista, lo cual sirve también de garantía ante contingencias que se quieran prevenir. Por eso, para la adjudicación era bastante la demostración de un acuerdo de compromiso con una empresa poseedora de la solvencia técnica y económica requeridas, que es lo que han hecho los dos concursantes: Minorbis SL (grupo Magtel) en consorcio con Grupo México, uno de los mayores mineros de cobre del mundo y con una capitalización bursátil de 25.000 millones de dólares; y Emerita Resources España SL, en consorcio con Forbes & Manhattan (F&M), una boutique investment banking firm según Bloomberg y no cotizada en bolsa.

Ni la ley de Minas ni el reglamento que la desarrolla, las normas rectoras del concurso, son muy específicos en cuanto a la acreditación de la solvencia técnica y económica, si bien la Junta estableció unas condiciones muy exigentes.

La demostración de solvencia económica requería que la menor cifra global de negocios en los tres últimos años fuese al menos tres veces superior al presupuesto del anteproyecto de explotación. La de Grupo México es unas 30 veces mayor, según los registros electrónicos depositados en la SEC (los denostados como un simple "pantallazo de ordenador"). La de F&M no es pública, ni está obligada a hacerlo, y ha comunicado que su menor facturación entre 2011 y 2013 fue de 67,83 millones de euros. En cuanto a los socios locales, el grupo Magtel facturó 97 millones de euros en 2014, mientras que Emerita Resources España carece de ingresos por operaciones. Por añadir información sobre el respaldo de los concursantes, Grupo México invierte en minería un promedio de 750 millones de dólares anuales. F&M, por su parte, ha invertido en 11 años, entre 2002 y 2013, 146 millones de dólares canadienses de sus propios recursos (algo menos de 10 millones de euros anuales al cambio actual).

La inversión de 600 millones divulgada por Emerita no es tal, sino la suma del proyecto actual, algo menos de 300 millones, y la que habría de hacerse bastantes años después de iniciada la operación, con el fin de aprovechar unos recursos todavía no investigados. De ser cierta e incorporable al proyecto, la cifra de negocios global del consorcio concursante habría tenido que ser superior a 1.800 millones de euros. No lo es, obviamente, y además había una pega: la cifra de negocios comunicada por F&M es menos de un tercio y no tres veces la inversión proyectada. La solución ha sido dividir el proyecto en tres partes y, acogiéndose al literal del pliego, asignar sólo 21,275 millones de euros al mero desarrollo de la mina de interior y equipamiento relacionado, lo cual serviría sólo para vender mineral a granel. Naturalmente, el proyecto en su conjunto contempla la planta de mineralurgia, infraestructuras y otras inversiones, pero el respaldo no daba más de sí.

La solvencia técnica se acreditaba, sintetizando, con la investigación en yacimientos de génesis similar y con la explotación de yacimientos mineros metálicos, incluyendo experiencia en explotación y tratamiento del mineral según el método propuesto en el anteproyecto. Grupo México es el propietario de Cananea -y ya estaría todo dicho- y de otras minas metálicas importantes en Arizona, México y Perú. Por el contrario, F&M no es un operador minero, ya que no es su filosofía ni su función económica. La relación con las empresas de su portfolio es de asesoramiento financiero, técnico, administrativo y bursátil, incluyendo la presidencia en algún caso. F&M o sus directivos poseen varias participaciones minoritarias, como en el caso de Emerita Resources Corp. Las empresas del portfolio actual son exploradoras y alguna asesorada para el arranque, aunque sí ha contenido productores mineros en el pasado.

Magtel no es una empresa minera, ni nunca ha pretendido serlo. Pero Emerita Resources tampoco lo es, si por minero entendemos la producción de mineral. Se dedica a la investigación por oro en Las Morras (Extremadura), el único proyecto que mantiene con valor en sus libros. El origen de la canadiense, Emerita Resources Corp. (TSX-V:EMO), antes Emerita Gold Corp., está en la fusión entre una capital pool y la sociedad propietaria de Lorica Gold, SL, cesionaria de los primeros permisos concedidos a F&M en la zona de Las Morras. A principios de 2014 y la vista del concurso de Aznalcóllar, Lorica Gold traslada su domicilio desde Mérida al pleno centro de Sevilla y cambia su nombre por Emerita Resources España, SL.

Los interesados por la marcha de la economía andaluza tendríamos que estar celebrando que una gran empresa minera haya sido atraída al concurso, y que se hubieran comenzado a emplear los más de 90 millones de euros transferidos a España para dotar de recursos a Minera Los Frailes, la sociedad creada para desarrollar el proyecto. En lugar de esto, asistimos a una intensa investigación judicial y policial promovida mediante denuncia por una empresa cuya matriz tenía a 31/3/2015 una tesorería de 20.342 euros y un patrimonio neto de 59.953 euros al cambio de hoy. Esto ha mejorado con la ampliación de capital por 383.810 euros, también al cambio, realizada en el mes de abril, antes de publicar las cuentas del primer trimestre y tras comunicar a la bolsa la presentación de una denuncia (appeal en el comunicado y no complaint) relativa a la resolución del concurso. Se ha comunicado también que su admisión a trámite y el modo expeditivo (expeditive manner) de la actuación judicial son indicativas de los méritos de la mencionada denuncia. Sin embargo, no se explica a los accionistas la renuncia al arbitraje previsto en las bases del concurso, ni siquiera con una síntesis de los argumentos que se incluyeron posteriormente en el recurso de alzada.

La denuncia presentada al día siguiente de la resolución de adjudicación, que fue el 25 de febrero, es nada menos que por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude. Quizá sea porque una denuncia es gratis aunque se archive, y no tiene consecuencias si no se ha pretendido inducir a error. Una querella puede no salir gratis y que haya que pagar las costas. Pero lo que sí es seguro es que el arbitraje previsto en las bases del concurso -y al que los concursantes aceptaron someterse- resultaría muy caro dada la envergadura económica del asunto. Y además carecería del impacto mediático, y probablemente del bursátil, que de por sí conlleva una denuncia contra la Junta de Andalucía.

En todo caso, es saludable que la situación haya servido para que el sector minero andaluz haya mostrado explícitamente su respaldo a la política minera de la Junta de Andalucía y al proceder de sus técnicos. Y es también saludable la responsabilidad con la que han actuado el principal y otros actores de la oposición parlamentaria.