El concejal de Presidencia de Tomares (Sevilla), Eloy Carmona (PP), ha reiterado este martes que “nadie se ha llevado ni un sólo céntimo” del Ayuntamiento de Tomares, en alusión al caso de los informes de una frase, sobre el que ha asegurado que todos los servicios que abonó el Consistorio se han prestado, por lo que ha vuelto a atribuir la denuncia a una “venganza política”.

Eloy Carmona compareció ante el juzgado juez de Instrucción número 8 de Sevilla para prestar declaración en la causa en la que se investiga el pago al ex edil de Medio Ambiente Juan Campos (PP) durante dos años de más de 2.000 euros al mes por la realización de informes de un frase. La declaración de  Eloy Carmona y la de los otros investigados se aplazó finalmente hasta el próximo 2 de marzo debido a un fallo del sistema informático en el que se guardan las declaraciones.

De otro lado, la juez Reyes Flores, a petición de la Fiscalía de Sevilla, ha declarado esta investigación como causa de “especial complejidad”, lo que permitirá ampliar la instrucción durante otros 18 meses más, han explicado fuentes del caso.

Estas nuevas declaraciones se habían fijado después de que en diciembre pasado, el perito que ha analizado la contratación del que fuera edil de Medio Ambiente de Tomares Juan Campos (PP) ratificara en el juzgado las "irregularidades" de dicha contratación y el informe en el que concluye que ese contrato "debió ser declarado nulo de pleno derecho al prescindirse total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para su adjudicación y firma".

El Tribunal Supremo archivó en abril del año pasado la causa contra el alcalde, José Luis Sanz, al considerar que no hay “indicios relevantes” de que el regidor incurriera en delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En esta causa están imputadas seis personas, entre ellas el concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Tomares, Eloy Carmona, y los ex ediles de Medio Ambiente, Cultura y Urbanismo, Juan Campos, Mercedes Fuentes y Pilar Domínguez, respectivamente, así como los representantes de la empresa Guerra 21 y el interventor del Ayuntamiento, Alfonso Barrios.

El perito José Manuel Fernández, jefe del servicio de Contratación de la secretaría general técnica de la Consejería de Hacienda, considera en el informe que el contrato con Juan Campos debió anularse "muy posiblemente por la falta de solvencia profesional" del adjudicatario. El informe recuerda que las consecuencias de la declaración de nulidad "llevarán en todo caso consigo la del mismo contrato, que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor".

En virtud del contrato suscrito para la inspección de los servicios de limpieza y supervisión de los trabajos propios del área de vías y obras, se emitieron entre noviembre de 2007 y octubre de 2009 facturas por valor de 45.218 y 52.452,88 euros. El contrato de Juan Campos establecía un fijo mensual de 950 euros y otros 150 euros por la elaboración de informes o dictámenes de "especial complejidad" que, paradójicamente en muchos casos, se limitaron a una frase.

Entre otras irregularidades, el dictamen señala que al no existir expediente no queda justificado documentalmente la necesidad de llevar a cabo la contratación "para cumplir fines de interés público", al tiempo que la "falta de publicidad y concurrencia no permite a la Administración obtener una eventual rebaja del precio de los servicios ni una posible mejora en la cantidad y/o calidad de los servicios a prestar". El contrato, además, se alargó dos años cuando el plazo "máximo estipulado" para los contratos menores es de un año "improrrogable".