El gerente de Aljarafesa es el nuevo presidente de la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamiento de Andalucía, Agrupación Empresarial Innovadora (ASA-Andalucía, AEI), que reúne a operadores públicos, privados y mixtos. Funcionario y con experiencia en cargos públicos, como la Viceconsejería de Asuntos Sociales, explica que su reto en ASA es revitalizar el ente en dos aspectos: de cara a los asociados, con comisiones sobre cuestiones de interés técnico y profesional, y para situar "a la persona en el centro de la gestión". "En todos los operadores, incluso en los privados, ha calado que el agua es un derecho humano imprescindible". "Nos hemos marcado un principio: que ninguna familia en Andalucía puede estar sin agua por no poder pagar la factura; la garantía del suministro, que no debe desconectarse de la garantía de sostenibilidad del servicio público, porque el agua tiene su coste y hay que hacer una gestión diligente".

-Pero se dice que en breve el agua tendrá más valor que el petróleo. ¿Cómo se casan esas cosas?

-Es cierto que el agua es un bien básico y escaso, que la población está cada vez más concienciada y los consumos disminuyen. Pero nadie puede estar sin agua por no poder pagar la factura. Hemos hecho un estudio con los recursos que aplican distintas empresas para garantizar el suministro y sobre eso se han hecho unas jornadas y se ha firmado un convenio con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para avanzar en un protocolo común.

-¿Hay muchos cortes por no poder pagar el agua en Sevilla?

-Me atrevo a decir que ninguna empresa corta el agua a una familia por no poder pagar, aunque haya comprobaciones y lleguen requerimientos o que, por la informatización, se produzca el corte, que se repone en cuanto hay constancia de la situación. A los afectados se les informa de que hay múltiples posibilidades para afrontar el pago: fraccionamiento, aplazamiento, bonificaciones a pensionistas, parados, por rentas bajas. También se está generalizando el fondo social. Aljarafesa lo creó en 2013: 200.000 euros al año para responder por facturas que no se pueden pagar. Se canaliza a través de los Servicios Sociales de los ayuntamientos, que manejan más fondos. Este año, Aljarafesa ha innovado y situado en 100 litros por persona y día el suministro mínimo vital básico, en la línea de lo que dicen la OMS y la ONU, para los que no superen el importe del ingreso mínimo de solidaridad.

-Se está planteando que ese suministro vital se recoja en una ley, ¿ya se aplica en algunos casos?

-Efectivamente, es una respuesta a la demanda y al debate social sobre el agua. A final de 2015 hubo un pronunciamiento de la Comisión Europea, con el que el derecho humano al agua se consolidó como tal principio. Es cierto que lo que se necesita es una norma reguladora que aúne criterios y el camino a seguir por las empresas, que haya más homogeneidad.

-A ASA se la vinculaba con operadores privados. Cuando usted fue elegido hubo quien criticó que Aljarafesa, referente de la gestión pública, se pusiera al frente.

-Mi elección no es política, partió de las empresas sabiendo que vengo de la Administración y que creo en la gestión pública, aunque no soy radical de la misma. La gestión pública es buena cuando los gestores públicos son buenos y mala cuando son malos, como en la privada. El 58% de las empresas de ASA son públicas, el 20% privadas y el 22%, mixtas, en las que en general prima más la parte pública. Y hay que tener claro que la titularidad, la gestión y el suministro es competencia y responsabilidad de los ayuntamientos. La forma que elijan para gestionarla es fruto de su determinación en base a su autonomía. Lo importante, desde mi perspectiva, es garantizar la calidad de la gestión y el suministro y no tanto quién sea el portador. En el campo de la innovación, por ejemplo, la iniciativa privada es la que invierte realmente y el I+D+I es muy importante en agua, se necesita una ingeniería muy potente.

-¿Está influyendo la situación financiera de los ayuntamientos en que se estén planteando dejar la gestión pública del agua, por la privada o la mixta, o al revés?

-Hay un debate que apunta a la remunicipalización del suministro. Vamos a ser realistas, si han contratado a un mediador es porque han entendido que era la fórmula adecuada para ese momento, pero el ayuntamiento siempre responde por su competencia. Por ejemplo, un privado no puede subir tarifas, las aprueba el ayuntamiento. Si se gestiona bien, el agua puede ser una actividad económica con beneficio, pero un municipio no siempre tiene medios y puede que ante una problemática con el ciclo integral haya utilizado una concesión para resolverla, garantizando un servicio de calidad, o un contrato para lograr una contraprestación económica.

-¿Cuánto nos costará el que, en diciembre, se acabara el plazo que dio la directiva marco de la UE que obliga a depurar el 100% de las aguas y que en Sevilla falten casi 30 depuradoras por hacer?

-Sevilla no es de las provincias que están peor: el 85% de la depuración está garantizada. Pero es verdad que debía estar en el 100% y no es así. Tampoco será en 2016, ni en Andalucía, ni en España. En los últimos meses, desde ASA, en un diálogo permanente con la Consejería de Medio Ambiente trabajamos para intentar que se cumpla el objetivo, de una manera colaborativa. Estamos en una situación económica difícil, pero la Ley de Aguas de Andalucía estableció un canon con el que la Junta iba a afrontar las obras. La Junta viene trabajando en esa estrategia, pero hay que decir que no está logrado y hay muchos núcleos y aglomeraciones urbanas que carecen de una depuración adecuada.

-El canon se cobra y ASA o el Consorcio de Aguas de la Diputación se han ofrecido desde hace años a firmar convenios público-privados y públicos-públicos para financiar lo que falta. ¿Ha faltado concienciación en la Junta de que era una prioridad?

-Se debería haber dado una mejor respuesta, aunque las dificultades de esos convenios han venido de los departamentos jurídicos. El canon es un tipo de impuesto y trasladarlo a los operadores es complejo. Ahora, me consta que hay reuniones entre el consejero y el presidente de la FAMP para llevar a cabo de una manera táctica esos proyectos. ¿Se podía haber actuado antes? Desde fuera pensamos que sí y ya tiene que ser. ASA se ha ofrecido a colaborar con sus profesionales técnicos y en la ejecución de las obras. Estoy seguro de que van a contar con los operadores.

-¿Hay posibilidad de pedir una moratoria para las sanciones?, ¿quién tendrá que pagarlas?

-La UE sanciona al Estado español y éste repercutirá en cada comunidad lo que corresponda. Lo que procedería es que la comunidad se hiciera cargo. En puridad afectarían a los ayuntamientos, pero la Junta tiene que ser consciente de que tiene ahí un papel fundamental, porque iba a construir las depuradoras. No sabría decir a cuánto ascenderán las sanciones y la moratoria correspondería negociarla al Estado español y ahora estamos en una situación compleja.

-¿Cuántos años tardaremos en cumplir con la directiva?

-La Consejería viene ejecutando obras y es ella la que debe conformarlo, pero se habla de una planificación de 2016 a 2020.