La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha dictado dos nuevos autos en los que ha archivado la causa contra el actual alcalde de Santiponce (Sevilla), José López González (IU), y otras tres personas –una de ellas ya fallecida-, al estimar que los delitos de prevaricación y malversación que se les atribuyen han prescrito al haber transcurrido más de diez años desde que se concedieron las ayudas. Con estas nuevas prescripciones, el número de personas exculpadas y a las que se ha archivado la causa se eleva ya a 16, dado que en marzo pasado la instructora ya decidió archivar las investigaciones contra otras 12 personas, empresarios y beneficiarios de ayudas de la Sierra Norte de Sevilla.

En relación con el alcalde de Santiponce, la juez explica en un auto que tiene fecha del pasado lunes, 28 de marzo, que el Consistorio recibió una subvención de 30.050,71 euros para la organización de la Segunda Feria de Muestras y Artesanías de la localidad. 

La ayuda fue pagada con cargo a la partida 31L, conocida popularmente como el fondo de reptiles, el 18 de febrero de 2003, y se destinó "en su totalidad al destino para el que se concedió". La juez recuerda que atendiendo a los razonamiento de la Audiencia de Sevilla, que el pasado 9 de marzo acordó las dos primeras prescripciones, procede declarar prescritos los delitos de prevaricación y malversación, y el archivo de las diligencias contra el alcalde, el interventor del Ayuntamiento y el secretario, éste último ya fallecido.

Y todo ello porque ha transcurrido más de diez años desde que abonó la ayuda sin que se hubiera dirigido la causa contra estas personas –hasta la fecha no habían llegado los atestados policiales analizando las ayudas- y teniendo en cuenta además que la cuantía es inferior a los 450.000 euros, por lo que no puede aplicarse el subtipo agravado del delito, de acuerdo con el criterio que mantiene la Fiscalía Anticorrupción para considerar prescritos los delitos contra los beneficiarios.

Pero la prescripción sólo alcanza a estas personas, no a los responsables políticos que en su día intervinieron en la concesión de dichas subvenciones. Así, la instructora ha citado a declarar como imputados el próximo 7 de junio al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Javier Guerrero y al ex consejero de Empleo Antonio Fernández. La juez, al igual que ocurrió con las anteriores prescripciones, ha acordado en el auto traer al procedimiento de los ERE al Ayuntamiento de Santiponce como responsable civil directo en su condición de “partícipes a título lucrativo”, de acuerdo con el artículo 122 del Código Penal.

El cuarto investigado al que se ha archivado la causa es Luis Arturo Romero Marzal, administrador único de la empresa Electrificaciones Roma, entidad que recibió el 12 de mayo de 2003 una ayuda por importe de 90.151,81 euros y que, al igual que en el caso anterior, la magistrada considera que el delito ha prescrito al haber pasado más de diez años desde que se abonó la subvención.

Por la ayuda de Electrificaciones Roma, la juez ha citado a declarar como imputados el 7 de junio a tres personas: el ex director de Trabajo Javier Guerrero y los ex directores de Finanzas del IFA Francisco José Oyonarte Molina y Pablo Millán Márquez. 

La magistrada también ha traído al procedimiento a esta empresa como responsable civil directo para intentar recuperar el importe de la ayuda abonada con fondos públicos.

De otro lado, la juez María Núñez Bolaños ha incoado nuevas diligencias previas en relación con las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta para los ERE llevados a cabo en las empresas Azucareras Reunidas y Fundiciones Caetano, y en relación con esta última ha ampliado la imputación a tres ex altos cargos -el ex consejero de Empleo Agustín Barberá y los ex directores generales Javier Guerrero y Juan Márquez-, y el ex delegado de Vitalia en Andalucía Jesús Bordallo, quienes han sido citados a declarar los días 7 y 9 de junio próximos.

En relación con Fundiciones Caetano, la juez Bolaños recuerda que esta empresa siderometalúrgica afincada en Camas (Sevilla) entró en crisis a mediados de 2003-2004, cuando China subió repentinamente el precio de la chatarra, la principal materia prima de la empresa, y cuyo valor llegó incluso a duplicarse. En esta situación, la sociedad solicitó en 2004 un ERE para prejubilar a 21 trabajadores y reducir el gasto salarial, pero en el año 2006, con la empresa ya en concurso voluntario de acreedores, solicitó otro ERE para 17 empleados más, para "intentar salir de los números rojos en los cuales estaba inmersa la empresa".

La magistrada señala que para la concesión de las ayudas se "obviaron los requisitos básicos, tales como solicitudes, expedientes de resolución, seguimiento de las ayudas concedidas" y además no consta en las actas de los consejos rectores de Idea "ningún acuerdo sobre la concesión de las ayudas a Fundiciones Caetano, por lo que no se controló el pago de las ayudas", de acuerdo con un nuevo atestado remitido por la Guardia Civil. 

En ninguno de los ERE de esta empresa se detectaron intrusos, dado que todos los trabajadores "reunían los requisitos para acogerse al ERE", y la Junta pagó 684.000 euros por el primero de los expedientes, y 2,9 millones por el ERE de 2006, en el que se pagaron a las entidades mediadoras unas sobrecomisiones de 460.296,61 euros, lo que supone una "comisión del 17,13% muy superior al 2% que se refleja en los informes de la Dirección General del Seguro como la media en este tipo de operaciones".

En el caso de Azucareras Reunidas de Jaén, la juez subraya en el auto que la reducción de los precios de la remolacha y del azúcar establecida en el año 2006 por un reglamento de la Comisión Europea –que estableció la organización del mercado común para el sector- agravó la crisis de la empresa, que solicitó un ERE para 261 trabajadores y la Junta participó en la fase de negociación. La empresa, prosigue Bolaños, no estaba dispuesta a conceder prejubilaciones por debajo de los 54 años y la ayuda sociolaboral fue una fórmula "propuesta personalmente por Javier Guerrero como director general de Trabajo y Seguridad Social al objeto de desbloquear las negociaciones, proponiendo que la Junta podría aportar una ayuda sociolaboral para cubrir los costes de las pólizas de seguros de los trabajadores de edades comprendidas entre 50 y 54 años".

Entre 2006 y 2010, la Junta abonó por el ERE de 57 trabajadores más de 2,8 millones de euros, pago de ayudas que se paralizó en 2011 cuando estalló el escándalo de los ERE, aunque en esta empresa no apareció tampoco ningún intruso. Con el dictado del decreto 4/2012, que regularizó el pago de las ayudas, la Junta volvió a hacer frente al abono de las cantidades acordadas en la póliza suscrita para estos ex trabajadores de Azucareras Reunidas de Jaén, que siguen cobrándola en la actualidad, precisa la juez.