Gran parte de las más de 40 familias, vecinas de Espartinas, que ocupan desde hace más de ocho meses una promoción de viviendas, que no se llegó a vender por la crisis en Camino de Villanueva del Ariscal, protestaron ayer encerrándose y concentrándose en el Ayuntamiento espartinero, después de que Aljarafesa les cortara el pasado lunes el suministro del agua, al que, según admiten, se engancharon también de forma irregular, porque las casas no tienen contadores.

Según explicó Laura Suárez, una de las personas que participaron en la protesta, las familias reclaman la intermediación de la alcaldesa, Olga Hervás (C's), para que la empresa pública de agua no les deje sin suministro, en tanto que recuerdan que se trata un servicio "básico", un derecho "universal", como esgrimían en pancartas. Asegura, además, que hay familias con niños, algunos recién nacidos, y personas mayores. Y, pese a que se trata de una ocupación ilegal de viviendas de promoción privada y no son inquilinos para formalizar un contrato, el grupo defiende que está dispuesto a pagar los suministros y a regularizar su situación.

Los afectados esgrimen un acuerdo, que se aprobó hace meses por unanimidad en el Pleno de Espartinas, por el que el Ayuntamiento se comprometió a intentar dar cobertura y a mediar por estas familias, que, subrayan, se han visto abocadas a ocupar las viviendas por su situación económica. Pese a ese compromiso, lamentan que la alcaldesa les diga que no puede hacer nada.

Por su parte, fuentes municipales aseguran que los Servicios Sociales están haciendo el trabajo que les corresponde. Pero el Ayuntamiento no ha pedido el corte y lamentan el uso político del caso. Se trata de una promoción que pertenece a una empresa que quebró. Las viviendas son las garantía de un prestamo que pertenece a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Por la mañana, unos 40 afectados y otras personas que les apoyan, entre ellos miembros de Podemos, entraron en el Ayuntamiento. Aunque más tarde la Guardia Civil les informó de que en el interior sólo podían estar, como máximo, 19, que permanecieron en el Consistorio. Podemos criticó la aplicación de La Ley de Seguridad Ciudadana, "ley mordaza", en este caso.