La Diputación de Sevilla ha tenido que modificar su reglamento de honores, que no recogía la revocación de reconocimientos, para poder desposeer formalmente de sus títulos al general Gonzalo Queipo de Llano (hijo predilecto de la provincia desde agosto de 1936 por "conquistar uno a uno los pueblos sojuzgados bajo la tiranía de los rojos, pacificándolos y ejercitando la justicia") y a Francisco Franco (presidente de honor desde 1946 y primera medalla de oro del ente, por la "inteligencia y decisión empleados en salvar a la Patria", según se hizo constar en su día en las respectivas actas).

La propuesta fue respaldada por todos los partidos en un Pleno con una expectación inusual: cinco cámaras de televisión, emisoras de radio y un salón abarrotado de público, la mayoría trabajadores de la casa y algún representante de asociaciones por la recuperación de la memoria histórica, que aplaudieron una decisión que llega cuando la revisión de ese periodo de la historia de España está de plena actualidad. Con la medida se cumple, además, con la ley aprobada en el Congreso.

Pero el proceso para que Franco y Queipo de Llano dejaran de ser personalidades ilustres en una institución que perdió a su último presidente republicano ajusticiado en 1936 ha costado siete años de tramitación. La iniciativa fue introducida como aportación de IU a una moción del PSOE aprobada en el Pleno de marzo de 2001, en la que se condenó el levantamiento, aunque ha habido que modificar el reglamento y aprobarla de nuevo para hacerla efectiva.

El andalucista José Hurtado, que citó uno de los libros que ha publicado sobre las sangrientas consecuencias de la represión, subrayó que era "inadmisible" que dos personas vinculadas a la misma siguieran ostentando distinciones. Manuel Gutiérrez Arregui, de IU, habló de "una lección de justicia y recuperación moral frente a la barbarie" e instó a apoyar las iniciativas para la recuperación de la memoria. Por el PP, intervino Eloy Carmona: "Apoyamos la revocación, como la apoyamos en 2001 y en el Ayuntamiento de Sevilla y la apoyaríamos mil veces". La socialista Guillermina Navarro se felicitó por el consenso y anunció que dará traslado del mismo a los pueblos para que hagan lo propio.

Fue el asunto central de una sesión en la que el alcalde de El Ronquillo, Rogelio Delgado, tomó posesión como diputado en el puesto que dejó libre Carmen Tovar, y en la que se debatió de nuevo sobre los problemas de la financiación local y las posibles soluciones, de la gestión de Sevilla Activa (después de ocho años de trámites se cambió un crédito para destinar el dinero de seis VPO que se iban a hacer en Coripe a siete en Valencina) y de atascos en el Aljarafe. En este caso, a raíz de una moción del PP que proponía instar al Gobierno de la nación a aportar más dinero para que, como anunció la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, en vísperas de elecciones, el tren Cercanías pueda entrar en servicio de forma inminente, a finales de 2009, algo imposible con los 2,5 millones recogidos en los Presupuestos del Estado para el proyecto, frente a los 66 que van al Cercanías de Málaga, según ejemplificó la diputada popular Regina Serrano.

Pese a esta realidad inapelable, que ha provocado el descontento de muchos alcaldes socialistas, el PSOE se negó apoyarla. El alcalde de Sanlúcar y diputado, Juan Escámez, que impulsó el proyecto cuando ostentó la Presidencia de la Mancomunidad de Desarrollo del Aljarafe, adujo que ya se está trabajando y que la propuesta del PP es "oportunista", porque cuando estuvo en el Gobierno de Madrid no hizo nada.

El PSOE ha presentado ya una enmienda a los Presupuestos del Estado para que la partida del Cercanías aumente, como mínimo, hasta los ocho millones de euros. Aunque otras fuentes consultadas por este diario apuntan a que se está peleando para que se llegue a los 16 y que todos los proyectos y obras puedan realizarse a lo largo de 2009 y en 2010 y el Cercanías Sevilla-Benacazón -que en una segunda fase se quiere ampliar a Huévar, Pilas, Aznalcázar y Carrión- circule a finales de éste último año.