La organización ecologista WWF, con motivo del decimotercer aniversario de la catástrofe de Aznalcóllar en 1998, reclama al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) y a la Consejería de Medio Ambiente nuevos proyectos de restauración de las marismas de Doñana y sus cuencas vertientes, así como la finalización del plan Doñana 2005, pues desde entonces "sigue sin acometerse la restauración del Espacio Natural".

Las principales actuaciones de restauración hidrológica de Doñana están ligadas a la catástrofe de Aznalcóllar, de la que ayer se cumplieron 13 años, y tras el vertido se pusieron en marcha los dos proyectos de restauración más importantes de la historia de Parque Natural: la creación del corredor verde del río Guadiamar y el plan Doñana 2005, que "han sido retrasados por sucesivos cambios de competencias entre la Administración andaluza y el MARM", lamentan los ecologistas.

La misión internacional que visitó Doñana el pasado mes de enero destacó la "urgente" restauración ambiental contenida en ambos planes, como uno de los asuntos "críticos" para que el espacio natural conserve sus títulos de Reserva de la Biosfera, Patrimonio Nacional y Humedal Ramsar.

WWF considera "imprescindible" poner en marcha nuevos proyectos de restauración que consoliden el futuro de Doñana, asegurando los aportes en cantidad y calidad de aguas a la marisma, teniendo en cuenta los escenarios que el cambio climático creará en el sur de la península Ibérica.

Coincidiendo con el aniversario de la catástrofe ecológica, el consejero andaluz de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, lamentó que la Junta de Andalucía no ha podido cobrar aún ninguna indemnización a Boliden, propietaria de la Mina de Aznalcóllar en la que hace 13 años se produjo la rotura de la balsa de residuos mineros.

Díaz Trillo señaló, a preguntas de los periodistas, que "lamentablemente" la Junta no ha podido aplicarle a Boliden el principio de "quien contamina, paga" ni cobrarle los 89,8 millones que le reclamó por los gastos de limpieza del vertido tóxico.

A esta cantidad se sumaron otros 43,7 millones de euros que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir demandó a Boliden en concepto de multa y para la restauración del dominio público hidráulico afectado por este accidente minero, ni los 119 millones de euros pedidos por los propietarios de fincas arrolladas por la lengua de residuos mineros y metales pesados que se escapó de la balsa y bajó por el río Guadiamar hasta detenerse frente al Parque Nacional de Doñana.

Todas las demandas interpuestas por la Junta de Andalucía contra la multinacional sueco-canadiense fueron desestimadas en vía penal y civil por los tribunales.