Momentos políticos diferentes. Estilos distintos. Un único Plan General de Ordenación Urbana. La decisión del nuevo gobierno municipal de "rediseñar" por completo el modelo urbano de Sevilla a partir de la mayoría absoluta conseguida en las últimas elecciones municipales del 22-M viene a enterrar definitivamente una metodología de trabajo en materia de urbanismo en la que Sevilla había sido pionera desde la pasada década y que, con matices, sobre todo a partir del inicio del segundo mandato como alcalde de Alfredo Sánchez Monteseirín, salta ahora definitivamente por los aires tras la decisión del nuevo regidor, Juan Ignacio Zoido (PP), de "abrir el PGOU las veces que sea necesario para crear empleo y poder ponerle la alfombra roja a los inversores que vengan a la ciudad". Toda una declaración de intenciones.

El documento que ahora pretende cambiar el nuevo ejecutivo local, de apenas cinco años de vida, sin apenas desarrollar, si destaca por algo es precisamente por cuál fue su origen: es el fruto de un proceso de participación ciudadana, que en su momento fue pionero en España, y de la voluntad de consenso entre todos los grupos políticos de la corporación municipal, entonces formada por PSOE, PP, PA e IU.

 Este acuerdo de mínimos en relación al urbanismo sevillano, un hito  histórico si se mira con cierta perspectiva, empezó a ser erosionado por el propio Monteseirín a partir de 2003, cuando los socialistas se hicieron con el control de la Gerencia de Urbanismo. Ahora Zoido, apenas un mes después de llegar a la Alcaldía, parece decidido a enterrarlo de forma definitiva con la tesis de que el máximo documento urbanístico de Sevilla debe ser voluble si el objetivo del Consistorio es "crear empleo". La ley a la carta.

El PP, de hecho, no sólo renuncia al modelo del PGOU, sino que pone encima de la mesa un nuevo protocolo para conducirse en la materia similar a experiencias urbanísticas fallidas que a otras posibles alternativas aplicables en una ciudad del tamaño de Sevilla en el ámbito de la política urbanística.

Las diferencias son notables. El Plan General de Sevilla se diseñó a partir de un proceso de discusión y participación ciudadana abierto que, si bien no fue perfecto, sí resultó ser ejemplar porque no limitó el margen de acción a los habituales actores urbanísticos -los operadores de suelo, los propietarios de terrenos, las empresas, los políticos- ni hipotecó en ningún momento la potestad planificadora del Consistorio. De hecho, el protocolo político del que salieron  los diferentes acuerdos urbanísticos firmados con propietarios durante los seis años que más o menos duró su redacción fue objeto de un acuerdo global entre todos los grupos políticos municipales. El documento que planteaba esta estrategia institucional de conciertos de planificación respaldados por toda la Corporación local -no únicamente por el gobierno o la mayoría política de entonces-, llamado Oportunidades y Estrategias para la Ordenación Urbana y Territorial de Sevilla- fue objeto de aprobación en Pleno el 31 de enero de 2002. Lo apoyaron todos los grupos: PSOE, PP, PA e IU. En dicho texto, al que después siguió el Avance del PGOU y las sucesivas fases de tramitación del Plan General (aprobación inicial, provisional, definitiva, texto refundido) es donde el Ayuntamiento -como institución, sin marginar a ninguna fuerza política- pactaba una metodología única para firmar los convenios urbanísticos (en el marco de una revisión global del libro urbano de la ciudad) que, al tiempo que garantizaba los objetivos de planificación previos (ya fijados en documentos anteriores), permitía atar el cumplimiento de los deberes legales con los titulares de los aprovechamientos urbanísticos, garantizaba la ejecución de los sistemas generales de Sevilla (proceso que permitió recaudar 200 millones de euros), daba seguridad jurídica a los inversores y, en ningún caso, hipotecaba "la libertad del ayuntamiento como autoridad urbanística". Gracias a este sistema, ideado por el director del PGOU, el arquitecto Manuel Ángel González Fustegueras, se firmaron 72 acuerdos que afectaban a más de 2.000 hectáreas de suelo. Casi todos ellos exitosos, ya que mejoraban las cesiones legales ya establecidas sin exonerar a los propietarios de suelo de sus obligaciones.

El sistema de trabajo que ahora plantea Zoido es radicalmente diferente. En primer lugar, no estamos en el mismo momento procesal: no toca la revisión global del PGOU, cuya vida útil suele ser del orden de 15 o 20 años. El alcalde pretende modificarlo ya, apenas un lustro después de su aprobación definitiva. Su metodología es inexistente: ni hay un acuerdo cerrado entre todos los grupos políticos municipales -no existe pues una posición del consistorio como institución, sino sólo de la actual mayoría política que lo gobierna-, ni se han planteado unos puntos mínimos a partir del cuales negociar con terceros. 

Tampoco, conviene recordarlo, esta cuestión ha sido sometida a debate en ningún órgano municipal. El PP ha decidido abrir un proceso de revisión del PGOU por su propia cuenta y riesgo, apoyado en su mayoría absoluta (20 ediles), apenas un mes después de llegar a la Alcaldía y sin valorar siquiera el papel jurídico que puede jugar en este proceso la Junta de Andalucía, a quien corresponde la aprobación definitiva de todos estos cambios. 

Las demandas de los inversores privados parece que pesan más que las públicas e, incluso, de lo que marca la legislación existente. Tampoco se han fijado unas contraprestaciones concretas para la ciudad por el hecho de tener que volver a abrir la puerta a las recalificaciones urbanísticas. El PP sólo ha prometido informar a oposición y ciudadanos a posteriori, algo que, por otro lado, es una exigencia legal. Zoido ha convertido así el urbanismo sevillano en un asunto unipersonal.