El Ayuntamiento de Sevilla anunció ayer que actuará contra lo que considera una "denuncia falsa" por parte de la empresa Impersport, que le acusa de unas presuntas irregularidades en la adjudicación de la construcción de la pista de tenis en la que se disputará la final de la Copa Davis entre los días 2 y 4 de diciembre. El juez de Instrucción 2 de Sevilla, Carlos Mahón Tabernero, ha abierto ya una investigación sobre estos hechos tras admitir a trámite la denuncia de Impersport contra el alcalde, Juan Ignacio Zoido, y el presidente de la Federación Española de Tenis, José Luis Escañuela, además de otros altos cargos municipales y federativos, por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

En un comunicado emitido ayer, el Ayuntamiento considera que la denuncia de esta empresa "no se ajusta a la verdad porque el gobierno siguió escrupulosamente el pliego de condiciones de la Federación Española de Tenis". De ahí que el ejecutivo local apunte que está preparando toda la documentación que el juzgado le ha requerido para "proceder a su entrega inmediata". Una vez que lo haga, pedirá al juez que actué por "denuncia falsa al ser inciertos los datos que aporta el denunciante".

El Ayuntamiento insiste en que "jamás se ayudó a nadie" y que no hubo "ni contrato ni concurso". La empresa denunciante, que también anunció ayer nuevas acciones judiciales contra el Consistorio y la Federación, sostiene que se convocó un "concurso exprés" en un único día y que llegó a ampliarse el plazo en dos horas para que pudiera presentar su oferta la entidad que finalmente resultó adjudicataria de las obras, Greenset Worlwide, propiedad del ex tenista Javier Sánchez Vicario.

Impersport asegura que suscribió un contrato con el Instituto Municipal de Deportes (IMD) el 26 de octubre. que el acuerdo tiene "plena eficacia jurídica desde el momento en que es aceptado con la firma de la persona con capacidad para contratar en nombre de ese organismo, responsable de la contratación de la Copa Davis". El Consistorio asegura que sólo aceptó un presupuesto de la empresa fabricante de la pista y no un contrato.

Impersport niega también que haya sido el criterio económico el que llevó al Ayuntamiento a contratar a la empresa de Sánchez Vicario, puesto que asegura que presentó una última oferta económica de 94.589,60 euros, cantidad muy inferior a los 117.000 euros de Greenset. "Es curioso cómo el Ayuntamiento ni siquiera menciona el famoso concurso exprés organizado precipitadamente y a la carta entre la Corporación municipal y la Federación Española de Tenis para dar tardía entrada a la familia Sánchez Vicario", expone la empresa denunciante, que asegura que el concurso se cerró con una única oferta, la de Impersport.

Igualmente, esta entidad asegura que sólo ella cumplía los requisitos para este "atípico concurso", puesto que Greenset tiene "embargos con la Seguridad Social" y por tanto debería haber quedado "excluida automáticamente". Impersport recuerda que solicitó después al Ayuntamiento una serie de documentos y que siempre obtuvo "la callada por respuesta".