Cofradías y Derecho. Dos conceptos que un año más se han vuelto a unir en las jornadas en memoria del profesor Alberto Ribelot celebradas por el departamento de Ciencias Jurídicas Básicas de la facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Con el trasfondo de la redacción y próximo debate y aprobación de los nuevos estatutos del Consejo de Cofradías, la cita congregó a un elenco muy destacados de profesionales. A la cabeza, los profesores de Derecho Romano José María Ribas y Martín Serrano, columnista de Diario de Sevilla. Desde Roma acudió, es la cuarta vez que participa, monseñor Juan Ignacio Arrieta, secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. La terna la cerró Javier Zarcos, presidente del Consejo de Hermandades de Almuñécar. Entre los oyentes se encontraban Adolfo Arenas, presidente del Consejo; y Tomás Vega, tesorero.

Monseñor Arrieta basó su ponencia en explicar cómo se debe situar la Iglesia en el contexto de un estado laico para posicionar su magisterio. "El poder civil debe proteger la libertad religiosa. Hay que dejar que cada persona busque la verdad para que la acepte y la siga". El sacerdote aseguró que la libertad religiosa es un derecho civil y, como tal, debe estar tutelado: "El Estado debe crear el marco adecuado para que las personas puedan elegir. Debe ser neutral pero no indiferente". En este plano, defendió la laicidad positiva como una buena opción: "El Estado no puede imponer la religión, pero sí tiene que garantizar su libertad. Es la composición más abierta de la relación entre Iglesia y Estado. La laicidad no está en contradicción con la fe. Surge de ella".

Por su parte, el profesor Martín Serrano repasó la actualidad jurídica de las hermandades y analizó someramente el anteproyecto de estatutos del Consejo: "Las cuestiones de interés que plantea son sobre todo políticas, no jurídicas. Se ha avanzado, por ejemplo, en la naturaleza jurídica fijándose en confederación de hermandades". Serrano ahondó en el derecho disciplinario, del que adujo "su principal función no es castigar, sino otorgar unas garantías al infractor y un proceso bien regulado".