La vuelta de las vacaciones de Semana Santa en los colegios, institutos y en las universidades de Sevilla no ha sido muy grata para los profesores que no cuentan con una plaza fija. El Lunes de Pascua el Gobierno central anunciaba un recorte de 10.000 millones en las partidas para educación y sanidad. Un día después, el consejero de Educación de la Junta, Francisco Álvarez de la Chica, vaticinaba que la medida supone la salida de 15.000 profesores de las aulas andaluzas. A raíz de estas declaraciones, durante la semana se ha producido una cascada de reacciones por parte de los sindicatos alertando de la pérdida laboral que la decisión estatal conlleva y del retroceso en la calidad de la enseñanza que supondría para los alumnos.

En la provincia de Sevilla, según los sindicatos consultados por este periódico, el recorte en Educación pondría en peligro el trabajo de 3.829 docentes que en la actualidad no cuentan con una plaza fija en las enseñanzas medias y en las universidades públicas. Este personal sería el primer damnificado por el ajuste del Gobierno que preside Rajoy, ya que, según precisó De la Chica el pasado martes, una disminución de la partida para educación sólo puede efectuarse reduciendo la plantilla de profesionales de la enseñanza, que comenzaría con los interinos. De este grupo de profesores susceptible de perder su empleo el próximo curso, unos 2.000 son docentes interinos de enseñanzas obligatorias, según indica Francisco Jiménez, presidente provincial de Educación de CSIF en Sevilla. Sería el principal grupo afectado, aunque no el único. La medida gubernamental también afecta a la Universidad. En la Hispalense, según informan fuentes de la institución académica, actualmente hay 4.487 profesores, de los cuales aproximadamente 1.240 no son fijos en distintas categorías. En la Olavide, señalan desde esta universidad, el número de docentes con contrato laboral y "duración determinada" es de 589.

Las consecuencias de los recortes en los colegios e institutos no se limitan a la temida pérdida de empleo por parte de los interinos, sino que también afecta a los propios alumnos. La pérdida de profesores conllevaría al aumento del número de estudiantes por aula (ratio), una subida que sería del 20%. Este porcentaje supone que si actualmente el máximo fijado de alumnos en un clase de Infantil y Primaria es de 25 (ampliable hasta 28), el límite se establezca en 30. En Secundaria, la ratio pasaría de 30 alumnos a 36, según indica el representante de CSIF, aunque no es descartable que incluso se supere la barrera de los 40, lo que para los sindicatos sería "retroceder en la enseñanza 40 años".

Otros de los colectivos afectados por los recortes en Educación son las asociaciones de padres y madres, a las que se les ha asignado en los Presupuestos Generales del Estado un 90% menos en ayudas, que se quedan limitadas a 43.000 euros. Tanto la Concapa como la Ceapa, que son las principales confederaciones de ampas del país, ya han alertado de lo que esta disminución presupuestaria supondría para dichas asociaciones sin las cuales no se puede entender la historia de la Educación en España durante los últimos 30 años.

En el ámbito univeristario también hay que añadir la previsible subida de tasas y precios públicos ante la reducción de los fondos. De hecho, ya se habla de una disminución del 42% en la partida destinada al programa Erasmus. Queda aún por analizar cómo afectaría el recorte a las mejoras en infraestructuras y a la dotación de nuevas tecnologías.