La familia de Francisco Javier García Marín, el Cuco, que cumple una condena de dos años y once meses de internamiento por el encubrimiento del asesinato de la joven Marta del Castillo, mantiene un piso de Emvisesa en régimen de alquiler con opción a compra que prácticamente no habitan, tal como han comprobado los servicios de inspección de la sociedad municipal. La vivienda se localiza en la calle Estrella Vega, en el barrio de Pino Montano, y se encuentra "casi todo el tiempo vacía y ocupándola ocasionalmente y con cuidado de no alertar a los vecinos". Emvisesa, además, ha denunciado al matrimonio beneficiario de la adjudicación del piso (Rosalía Inmaculada García Marín y Ángel Manuel Romero Cid, padres del Cuco) por el impago de 6.908 euros en concepto de rentas de arrendamiento y más de 800 euros por cuotas de comunidad.

La vivienda les fue adjudicada el 22 de enero de 2008 en régimen de arrendamiento. En la adjudicación constaban que la madre trabajaba como auxiliar administrativo en el hospital Virgen Macarena y que él se encontraba en paro. Se hacía mención, además, que tenían un hijo nacido en 1993. La entrega de la vivienda se efectuó en febrero de 2009, tan sólo unos días después del asesinato de Marta del Castillo.

Emvisesa realizó en octubre de 2009 una revisión de la ocupación de las viviendas de esta promoción de Pino Montano, a efectos de verificar su utilización como domicilio habitual y permanente y la ocupación en el plazo de tres meses desde la entrega. Y aquí comenzaron las irregularidades. La familia del Cuco acreditó un empadronamiento fuera del plazo (en el mismo octubre) y una ocupación de la vivienda también fuera de plazo (debían haberlo hecho en mayo de 2009, y los consumos de suministros eran posteriores).

En octubre de 2009 mantienen ya una situación de impagos de rentas por importe de 866,30 euros, por lo que la comisión ejecutiva de Emvisesa acuerda el inicio de actuaciones judiciales contra esta inquilina. Se le requiere sin éxito el pago de la deuda el 5 de noviembre de 2009. Ni abonan nada de la deuda ni se personan en las oficinas de la sociedad municipal. En diciembre de 2009, los servicios jurídicos de Emvisesa inician el proceso judicial. Además de las deudas de rentas, también mantenían deudas con la comunidad de arrendatarios, cuyas cuotas prácticamente no abonan desde que se les entregó la vivienda, por lo que también son reclamadas ante el juez.

El día 5 de marzo de 2012 se señaló la vista, que no pudo celebrarse por falta de notificación a los demandados, a los que no se pudo localizar. Emvisesa tropezó con que el juzgado no pudo localizar a los padres del Cuco. Se señaló el lanzamiento para el día 2 de julio de 2012.

Según consta en el expediente, los padres del Cuco se pusieron en contacto en junio de 2010 con responsables de Emvisesa para mostrar su deseo de liquidar la deuda, pero en ningún momento cumplieron con esta obligación. Incluso manifestaron entonces que había una hermandad que estaba dispuesta a ayudarles al pago, pero la deuda no fue saldada. Emvisesa asegura que se les llamó en varias ocasiones para interesarse por las posibilidades de pago, pero "últimamente" no contestan a las llamadas.

Los servicios de inspección de Emvisesa aseveran que la familia no hace uso del piso como domicilio habitual y permanente, pues la vivienda se encuentra "casi todo el tiempo vacía, y ocupándola sólo ocasionalmente y con cuidado de no alertar a los vecinos".

Por otra parte, el abogado del Estado se ha personado en la ejecutoria abierta por el juzgado de Menores de Sevilla para que el Cuco pague los 414.908 euros que costó buscar el cuerpo en el río Guadalquivir. El juez de Menores mantiene desde febrero pasado en suspenso la ejecución de los embargos sobre los bienes de los padres del Cuco a la espera de que se resuelva su recurso ante el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina, ya que ha sido la primera vez que una sentencia ha impuesto al condenado el pago de este tipo de gastos.