El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, advirtió ayer que, aunque a los jueces españoles cada día "les repugna" más acordar órdenes de desahucio, la Policía está obligada a cumplir estas órdenes "y prestar esa colaboración" al juzgado en cuestión. Las declaraciones del consejero responden al anuncio realizado ya por tres alcaldes de la provincia que, a través de bandos municipales, han anunciado que no pondrán a ningún agente local a disposición de la Justicia para ejecutar órdenes de desahucio.

En concreto, éstos son los alcaldes de Cazalla de la Sierra, Carmelo Conde; el primer edil de El Coronil, Jerónimo Guerrero; y el de Casariche, Basilio Carrión, que fue el primero en adoptar este tipo de medida, hace ya semanas. Se da la circunstancia de que estos tres municipios están gobernados por el PSOE, el mismo partido que está en el poder en la Junta de Andalucía.

Durante una entrevista concedida a Europa Press, Emilio de Llera quiso dejar claro que "un alcalde no tiene autoridad para negar el auxilio a un juez cuando pide el uso de la Policía", ya que, "si un juez ordena algo, la Policía está obligada a colaborar". "A los jueces cada día les repugna más acordar órdenes de desahucio de este tipo, pues también son ciudadanos y ven el espectáculo", reiteró el titular autonómico de Justicia e Interior, quien añadió que los propios jueces "andan buscando soluciones" a esta problemática.

En este sentido, Emilio de Llera hizo mención al Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno de España por el que se paralizan dos años los desahucios de los colectivos más vulnerables, señalando que esta norma "no suspende que sigan corriendo los intereses de demora, que muchas veces son altísimos".

A juicio del consejero de Justicia e Interior, cláusulas como las referidas a dichos intereses de demora "son abusivas, y como tal perjudiciales para los consumidores", por lo que, según manifestó, "debiera pedirse su declaración de nulidad". De Llera insistió en que "hay que replantearse los intereses de demora y el valor de adjudicación de las casas", ya que, en caso contrario, "se produce un enriquecimiento injusto, sin causa, como se dice en Derecho".

Por otra parte, el argumento de los alcaldes que rechazan la actuación de la Policía Local en estas órdenes coincide. El alcalde de El Coronil, Jerónimo Guerrero, explicó ayer que tiene previsto debatir en el Pleno ordinario correspondiente al mes de enero la prohibición de que los agentes municipales colaboren en los desahucios.

Durante la misma sesión plenaria, será además debatida y previsiblemente aprobada la decisión de que el Ayuntamiento "deje de trabajar" y negociar préstamos y demás productos financieros con los bancos involucrados en procedimientos de desahucio.

En Cazalla de la Sierra, al igual que en Casariche, la medida ya se ha hecho efectiva mediante un bando. El alcalde cazallero, Carmelo Conde, anunció recientemente que su Ayuntamiento habilitará un mecanismo de asesoramiento jurídico para las familias implicadas en estos procesos. El Consistorio se plantea también la eliminación del impuesto municipal de plusvalía y el impuesto de bienes inmuebles. Conde también avanzó que se pondrá en contacto con los bancos para exigir la paralización de los desahucios y la condonación de las deudas.

Estos tres ayuntamientos sevillanos no son los únicos que se han rebelado ya contra los desahucios en Andalucía. En Córdoba, fue también el consistorio de Montoro el que dio este paso.

La oficina contra los desahucios de Sevilla atiende una media de 100 afectados al mes según el primer balance difundido.

Sevilla sufre cada día ocho órdenes de desahucios. Una práctica que se ha incrementado en un 26% más respecto al mismo periodo de 2011 y que ha supuesto que este año un total de 1.200 viviendas hayan cambiado de titularidad. El presidente de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), Manuel Sánchez Montero, destaca que la provincia es la segunda en cuanto al número de desahucios a nivel de Andalucía, por detrás de Málaga. Andalucía ocupa a la vez el segundo puesto a nivel nacional, sólo precedida de Valencia.