Un juzgado de Sevilla ha abierto una investigación en relación a un posible fraude en la venta de un millar de vehículos abandonados de cuya gestión se encarga la Oficina de Vehículos Abandonados (OVA) de Lipasam y también sobre el envío de estos coches a Cuba, en el marco de un convenio entre el Ayuntamiento y la Asamblea del Poder Popular de La Habana. En la primera de las líneas de investigación, el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha imputado, en principio, a dos personas, el policía local que dirigía la OVA -aunque figuraba como cargo de confianza y estaba en excedencia en la Policía- y el responsable de un desguace.

Estas dos personas prestaron declaración el pasado viernes, imputadas por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y falsedad documental, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales. La juez trata de averiguar si se ha producido un enriquecimiento ilícito en relación con 1.020 vehículos que habrían sido entregados a distintos desguaces de Sevilla, pero que no habrían sido facturados hasta que se ha destapado el escándalo. Las chatarrerías abonaban hasta 90 euros por la enajenación de coches para su descontaminación y desguace, aunque el importe era inferior si se trataba de otro tipo de vehículo, como una motocicleta. De esta forma y teniendo en cuenta el millar de vehículos que no han sido facturados, el importe del posible fraude asciende a unos 100.000 euros, según han explicado las mismas fuentes.

La empresa pública Lipasam está remitiendo ahora a algunos de los desguaces implicados en el investigación listados de facturas para su abono correspondientes a los años 2007 y 2008.

El policía local que estaba al frente de la Oficina de Vehículos Abandonados (OVA), identificado como P. B., negó en su declaración cualquier autoría en los delitos que se le atribuyen. El agente indicó a la juez que una vez que se abría el expediente por un vehículo retirado de la vía pública por abandono, remitía dicho expediente al servicio de facturación de la OVA y era este departamento el que tenía que enviar las facturas a los distintos desguaces. El agente imputado ya no está actualmente al frente de la OVA, sino que ha sido destinado a la escuela de la Policía Local, donde tramita los cursos de formación de este Cuerpo de seguridad municipal, según han explicado fuentes policiales.

Por su parte, el empresario del desguace imputado defendió que ha ido abonando todas las facturas que la empresa pública de Limpieza (Lipasam) le ha ido remitiendo y, de hecho, ha asegurado que actualmente el Ayuntamiento le debe más de 15.000 euros por la compensación de facturas, puesto que los desguaces facturaban a su vez por servicios de grúa efectuados en relación con los vehículos que iban a ser desguazados.

De otro lado, la juez de Instrucción número 3 de Sevilla mantiene abierta una segunda línea de investigación sobre las posibles irregularidades en relación con un convenio suscrito entre Lipasam y la Asamblea del Poder Popular de La Habana del año 2010 para el envío de algunos vehículos abandonados a Cuba. La juez trata de averiguar en esta variante si alguien se ha podido beneficiar con el convenio, puesto que algunos de los coches que figuran en el listado de los que se enviaron a Cuba en virtud de ese convenio, no llegaron en realidad al país caribeño, sino que habrían sido entregados a terceras personas para su reutilización, aunque también hay casos en los que se habría certificado su desguace.

De esta forma se habrían escapado de la facturación esos 1.020 vehículos a pesar de que fueron entregados a las empresas especializadas en desguace, y la juez quiere averiguar el destino de ese posible perjuicio de 100.000 euros para la empresa municipal.