Las cartas se pusieron ayer sobre la mesa en un intento por cerrar el debate sobre las retribuciones cobradas por el alcalde. El PP difundió las dos últimas declaraciones de renta de Juan Ignacio Zoido después de que el PSOE mostrara algunas páginas de las de su portavoz, Juan Espadas. Éste se enredó en la polémica insistiendo en la incompatibilidad e ilegalidad de los sueldos del alcalde minutos antes de que el PP presentara un informe del secretario municipal donde, con contundencia, asegura que todas las retribuciones son legales y compatibles.

Las copias selladas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de Zoido revelan unas retribuciones dinerarias brutas de 51.518 euros en 2011, a los que se suman otros 23.500 euros por actividades económicas realizadas, que cuadrarían con el dinero pagado por el PP al alcalde hasta julio de 2011. En 2012, cuando el alcalde dejó de percibir este salario, declaró unos ingresos totales de 84.087 euros, una cifra que se incrementa al percibir Zoido unos 28.000 euros en concepto de trienios como magistrado. En ambos años, la liquidación final es similar, 74.000 euros en 2011 y 72.000 euros en 2012, y las declaraciones resultan negativas, esto es, a devolver, 3.800 y 5.200 euros.

Espadas, según la documentación difundida, presentó unas retribuciones dinerarias íntegras de 48.739 euros en 2011 y 50.230 euros en 2012. La base imponible general en su IRPF fue de 46.679 euros en 2011 y 52.276 euros en el ejercicio siguiente. Su único pagador es el Senado.

El socialista insistió ayer en el "problema" de Zoido se produce desde el momento en que "tiene una segunda actividad distinta a la de concejal no retribuido y parlamentario andaluz que está retribuida por un segundo pagador, que es una organización política, distinto al Ayuntamiento de Sevilla y al Parlamento de Andalucía, y que le paga una cantidad fija al mes". No obstante, este argumento quedó anulado por un informe del secretario municipal del pasado martes que viene a decir que no hacía falta que el Pleno autorizara el cobro de esas cantidades por parte del alcalde, pues eran compatibles y legales, ni tampoco tenían por qué aparecer reflejadas en la declaración de bienes y actividades que los concejales registran en el Ayuntamiento, pues no hay un apartado concreto para hacerlas públicas.

El portavoz popular, Juan Bueno, explicó ayer que el concepto por el que Zoido cobró casi 24.000 euros en 2011 se recoge en el Plan General de Contabilidad del PP en el epígrafe 6.4.6, correspondiente a "gastos de representación y otras colaboraciones". "No hay sobresueldos, el concepto está claro y declarado, a pesar de los intentos por enmarronar al alcalde", insistió Bueno. Si Espadas habló ayer de ilegalidad e incompatibilidad, Bueno denunció la irresponsabilidad de la oposición, a la que le exigió también que hagan las cuentas completas y difundan cuánto cobra Espadas, por ejemplo, al sumar dietas y otros gastos.

El senador insistió en enmarcar esta cuestión en el ámbito de las "responsabilidades políticas", porque "los representantes de los ciudadanos tienen unas obligaciones con éstos", que el alcalde, a su juicio, "no ha cumplido" en este caso. "Los sevillanos no sabían que el alcalde tenía una segunda retribución y se merecen una explicación", reiteró Espadas, para quien esta cuestión "no puede despacharse en diez minutos", sobre todo, después de que el pasado mes de febrero, tras la publicación de los denominados papeles de Bárcenas, Zoido dijese "que no tenía nada que ocultar".

Espadas rechazó que se pueda equiparar el cobro de esas remuneraciones al de las dietas percibidas por el anterior alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, porque esas "podrían ser más o menos criticables, pero estaban reguladas". Y Bueno se rebeló contra quienes equiparan las retribuciones de Zoido con el caso de los ERE. "No se puede comparar, cuando estamos hablando de un caso en el que se ha ido incluso a las Tres Mil a comprar cocaína, se ha saqueado y robado".

Los documentos presentados ayer por el gobierno y la oposición servirán para, al menos, zanjar la polémica sobre la legalidad y la compatibilidad de estas retribuciones, otra cosa es que silencien el debate político que ayer, como demuestran las anteriores declaraciones, continuó vivo.