El juez de Instrucción 9 de Sevilla ha decretado el secreto de sumario sobre la investigación de las presuntas irregularidades en las oposiciones de la Policía Local de Sevilla. Este hecho resulta llamativo si se tiene en cuenta que la investigación lleva ya más de seis meses en marcha, desde que en abril el fiscal solicitara al juez que tomara declaración a todos los miembros del tribunal, ante las sospechas de que el examen se podría haber filtrado a una serie de aspirantes.

Esta decisión judicial podría responder al hallazgo de algún indicio en ese sentido, ya que de lo contrario la investigación no habría sido declarada secreta. A partir de ahora sólo el juez y el fiscal tendrán conocimiento del caso, por lo que se desconoce si la intención del magistrado es citar a alguna persona como imputada en las próximas semanas.

Desde que un grupo de opositores denunciara unas presuntas irregularidades en las dos convocatorias de acceso público a la Policía Local, hace ya casi un año, se ha tomado declaración tanto a aspirantes como a miembros del tribunal, se han requisado ordenadores y se trabaja en la búsqueda de pruebas del presunto enchufismo. Más de una veintena de admitidos son hijos de policías locales, mientras que el cambio en las bases de la oposición permitió que accedieran tres personas vinculadas también a jefes del cuerpo.

La Fiscalía solicitó al juez que tomara declaración a todos los miembros del tribunal el pasado mes de abril. Estas citaciones fueron en calidad de testigos y constituyeron el inicio de la fase de instrucción del caso. El fiscal denunció ante el juzgado unos hechos que considera que podrían incurrir en los delitos de prevaricación y revelación de secreto.

El Ministerio Público reaccionó así a la denuncia que recibió por parte de un opositor, que alertaba de que en las dos convocatorias hubo irregularidades para facilitar el acceso a los hijos del cuerpo. Incluso se dieron casos de algunos hermanos y parejas sentimentales que obtuvieron notas similares y fallaron en las mismas preguntas.

Paralelamente a la denuncia ante la Fiscalía, el grupo de asuntos internos de la Policía Local -denominado Gepol- ya había abierto una investigación y tomado declaración a varios opositores, a raíz de la publicación en este periódico de un comunicado mediante el que un grupo de aspirantes denunciaban el enchufismo. El fiscal ordenó a este grupo policial que le diera traslado de sus pesquisas sobre el fraude en las oposiciones. Pese a que el alumno que presentó la denuncia ante la Fiscalía solicitaba la paralización del proceso de selección, el representante del Ministerio Público no ha pedido al juez ninguna medida cautelar en este sentido. De hecho, los admitidos ya tomaron posesión de su cargo como policías locales.

El fiscal sólo pidió la declaración de uno de los dos tribunales, al considerar que las presuntas irregularidades y filtración del examen sólo corresponden a una de las dos convocatorias. Ambos tribunales estaban formados en su mayoría por policías locales de Sevilla. Los opositores también habían denunciado públicamente otras prácticas, como la infiltración de silicona en los talones de una aspirante para que pudiera alcanzar la talla mínima de 1,60 metros, reconocimientos médicos fuera del plazo legal y dudosas marcas en las pruebas físicas, entre otras cuestiones.