Juan Ignacio Zoido llegó a la Alcaldía con el propósito de reducir al máximo el entramado de fundaciones, agencias y entidades varias que componen lo que se conoce como Administración paralela. La medida, lejos de ser una idea exclusiva del alcalde, se encuadra en las políticas de austeridad a las que el actual contexto económico están obligando a las distintas administraciones. Además de las empresas municipales Emvisesa, Lipasam, Tussam y Emasesa, el Ayuntamiento de Sevilla cuenta con casi una veintena de organismos que suponen al año un coste que ronda los 130 millones de euros, en presupuestos y fondos transferidos, y que están dotados con una plantilla de más de 1.200 personas. Si a ellos se le suman los números de las empresas del Ayuntamiento, el montante se incrementa en 400 millones más y se añaden unos 2.700 trabajadores, hasta sumar unos 4.000.

La Administración paralela al organigrama municipal se compone también de cinco organismos autónomos, la Agencia tributaria, la Gerencia de Urbanismo, el Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS), el Instituto Municipal de Deportes (IMD) y el Patronato del Real Alcázar, que cuentan con un presupuesto de más de 124.000 euros. A ellos se suman al menos siete entidades de diversa naturaleza jurídica, la Agencia de la Energía, que incluye la Agenda 21, el Centro de Control Operativo (Cecop), el Instituto del Taxi, un Grupo de Trabajo en Accesibilidad, la Oficina de Información al Consumidor (Omic), la Agencia de Promoción Exterior o Appes, que incluye a Sevilla Films y el recién creado Instituto Tecnológico (ITAS). A este listado habría que incluir dos tribunales administrativos, el económico y el de recursos contractuales, creado en mayo de 2012, órganos sin personalidad jurídica propia que suponen un gasto simbólico; la Corporación de Empresas Municipales de Sevilla (CEMS); dos consorcios, el de turismo y el creado para explotar el nuevo Fibes, Contursa; el Consejo Económico y Social (CESS) y la Oficina del Defensor del Ciudadano. En total, 14 organismos más que, sumados a las sociedades antes citadas, rondan la veintena y entre los que no se cuentan otros consejos sectoriales que son meros órganos consultivos que carecen de personal y de presupuesto. El presupuesto municipal sí contempla cada año, por el contrario, transferencias para otros consorcios donde el Ayuntamiento de Sevilla participa, como el de la Corchuela, la Mancomunidad de los Alcores, los consorcios de la vivienda, el transporte o el del Maestranza. Y, por ejemplo, reserva este año 3,3 millones para el Consorcio de Turismo, 1,8 para el Instituto del Taxi y 78.000 euros para la Agencia de la Energía, un organismo que, paradójicamente, Zoido ha impulsado.

Desde que el PP llegó a la Alcaldía, se han eliminado ya siete organismos, en su mayoría, ideados por los anteriores gobiernos de PSOE e IU. Uno de las primeras en desaparecer fue la Fundación DeSevilla, ahora envuelta en un caso judicial por el presunto desvío de fondos para otros fines, investigación apoyada por el actual gobierno del PP. Dicha entidad, controlada primero por el PSOE y luego por IU en los dos anteriores mandatos, se centró durante un tiempo en el envío de ayudas a organismos internacionales en Colombia, Nicaragua y Cuba. En el anterior mandato llegó a tener un presupuesto anual de hasta 1,8 millones de euros. Junto con DeSevilla cayó también la fundación matriz, No&Do, que organizaba la entrega de premios a personajes internacionales como Lula da Silva o Mia Farrow, y de cuya plantilla formaron parte socialistas como Blas Ballesteros o Enrique Domingo Castaño, ahora implicado en la trama de Mercasevilla.

En los primeros meses de gobierno, Zoido también suprimió el Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria (IMAS), lo que permitió ahorrar más de seis millones de euros entre 2011 y 2012, sin contar con los casi 80.000 euros de salario anual de su director. Al igual que otros dos organismos muy vinculados a IU, como eran la Oficina de la Bicicleta y Otainsa, la oficina de la vivienda ideada por Antonio Rodrigo Torrijos. Ambas se desmantelaron en las primeras semanas de gobierno Zoido.

La primera dejó de existir en julio de 2011, al igual que el Observatorio de la Sostenibilidad Urbanística que la acogía. El PP ordenó la eliminación de estos dos departamentos de la Gerencia de Urbanismo creados y gestionados por IU en los mandatos anteriores y los 17 trabajadores asignados a estas oficinas fueron trasladados y dispersados por otras áreas de la Gerencia de Urbanismo por vía decreto. La desaparición de la Oficina Técnica de Atención al Inquilino en Situación de Abuso (Otainsa) estaba ya anunciada por Zoido cuando era el jefe de la oposición, al considerarse una estructura paralela innecesaria y justificada por la necesidad de repartir el poder entre los socios de gobierno.

Luego llegaron los cierres de Sevilla Global y DeSevilla Digital Uno, la empresa de Giralda TV. Estas liquidaciones se iniciaron en la primavera del año pasado. Sus pérdidas excedían en ambos casos la mitad de su capital social, motivo suficiente para disolver estas sociedades públicas bajo el amparo del Real Decreto Ley 4/2012 para la aplicación del plan de ajuste gubernamental derivado del plan de pago a proveedores. El gobierno local intentó buscar una solución para evitar el fundido en negro de la televisión municipal, que acumuló 11 millones de deuda y que elevó su plantilla de más de 60 trabajadores, de los que sólo nueve eran trabajadores del Ayuntamiento de Sevilla. Pero, tras varios meses emitiendo en diferido, el proceso de liquidación culminó sin hallar una alternativa económica y jurídica viable. En el caso de Sevilla Global, la agencia de promoción económica municipal que estuvo en manos de IU hasta mayo de 2012, fueron casi medio centenar los afectados por un cierre que contó con el rechazo de la oposición y que se gestionó incurriendo en irregularidades que supusieron un duro revés judicial para el gobierno de Zoido. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía determinó hace unos meses que el Ayuntamiento actuó "de mala fe" y obligó al alcalde a readmitir a 43 despedidos y pagarles los salarios. Un conflicto que aún no se ha resuelto y que ha derivado en un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE). En los planes municipales no figuran ya los 1,5 millones de euros de presupuesto de Giralda TV y los 3,4 millones anuales para Sevilla Global.

La eliminación de algunas de estas sociedades ha supuesto también un nuevo reparto de tareas y competencias. Algunas de las que se presuponían que eran de Sevilla Global, como la captación de inversiones, ha sido asumida por la nueva Corporación de Empresas Municipales de Sevilla (CEMS), un organismo dirigido por Jesús Maza y creado en la era Zoido para sustituir a la anterior Agrupación de Interés Económico (AIE) que lideraba el socialista Manuel Marchena. La actual corporación se puso como objetivo obtener un ahorro de 1,2 millones de euros en diferentes áreas de las empresas municipales y el balance de los dos primeros años confirman que el reto se ha superado con creces: el ente ha logrado ahorrar 4,2 millones de euros en dos años gracias a las políticas de control de los gastos al reagrupar las compras, por ejemplo. No obstante, frente a esta eficacia, la oposición critica que se haya sumado un coste que consideran innecesario al haber contratado la CEMS a una asesora externa que cobrará 29.500 euros al año y que, además, está vinculada al PP.

También cierta polémica suscitan otros organismos que han sido creados durante el mandato de Zoido, para incomprensión de algunos. El Ayuntamiento ha tenido que desviar este año dos millones de euros para crear una nueva empresa que explote el nuevo Fibes, después de su ampliación, para lo que ha sido necesaria una modificación presupuestaria. La operación se ha realizado con máxima celeridad y, de hecho, convivirán la vieja y la nueva sociedad. Las prisas estaban justificadas por el temor a que la futura Ley de Administración local impida su creación. Por ello hay también urgencia en crear otro consorcio, el de la Zona Franca, que ya se ha aprobado y que si el Ayuntamiento quiere presidir tendrá que evitar también el nuevo marco legislativo.

Menos racional es para la oposición y los sindicatos la creación del Instituto Tecnológico del Ayuntamiento de Sevilla (ITAS), una organización especializada que ha exigido ajustes en la plantilla y la relación de puestos de los servicios administrativos afectados. El nuevo modelo, según el gobierno local, supone un coste cero o incluso un ahorro, pues se amortizan más salarios de los que se crean. No obstante, lleva parejo el nombramiento de un nuevo cargo de confianza, una medida que va en contra de la reiterada promesa de simplificar la Administración paralela y que se contradice claramente con el criterio marcado por un alcalde. Zoido cuenta en su haber con unos 250 despidos de empresas municipales -la mitad en Mercasevilla- y presume de haber recortado un 27% los sueldos de altos directivos de las empresas hasta ahorrar 662.801 euros en este concepto, que se suman a los 1,2 millones de ajustes en personal de confianza.