La segunda fase de la operación Madeja, que dirige la juez Mercedes Alaya, se desencadenó este lunes de forma precipitada después de que un error de la instructora revelara que se habían pinchado una decena de teléfonos de empresarios y funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla. En menos de 24 horas desde que se conoció la noticia, la juez montó una nueva operación que, al cierre de esta edición, se había saldado con la detención de al menos cinco personas, tres de ellas funcionarios de la delegación de Parques y Jardines, y dos vinculadas a Fitonovo, la empresa adjudicataria de varios contratos importantes para el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad. 

La nueva fase de la investigación guarda relación con los delitos de cohecho y tráfico de influencias que Alaya ha detectado en estas contrataciones municipales. 

Los funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpieron a primera hora de la mañana de este lunes en la sede la empresa Fitonovo, ubicada en el parque empresarial Los Llanos de Salteras, donde ya realizaron un registro y detenciones en julio pasado. En esta ocasión fueron detenidos el hijo del dueño de Fitonovo, José Antonio González Baró, y el director comercial, Juan Andrés Bruguera. De forma simultánea, los agentes entraron en la delegación de Parques y Jardines, donde fueron detenidas otras tres personas: el jefe de Servicio de Parques y Jardines, Francisco de Amores Carredano -que cesó en octubre pasado al cumplir la edad de jubilación-; el jefe de negociado, Javier Gómez; y el responsable de conservación del Parque María Luisa Francisco Luis Huertas.

Los investigadores registraron los despachos de estos funcionarios, así como el del director general de Medio Ambiente, Joaquín Peña (PP), que fue destituido este lunes fulminantemente por el alcalde, Juan Ignacio Zoido, una vez que trascendió que Peña había sido imputado en esta nueva fase de la investigación de la juez Alaya.

El registro en la sede de Fitonovo se prolongó durante más de diez horas y en el mismo participaron una veintena de agentes de la Guardia Civil, que rastrearon los equipos informáticos en busca de pruebas de los delitos que se están investigando aunque según apuntan algunas fuentes no se llevaron mucha documentación.

A última hora de la noche de este lunes, los agentes dieron por concluido el registro en Fitonovo y se desplazaron al domicilio del hijo del propietario, para practicar un nuevo registro. Según fuentes de la investigación, la Guardia Civil no descarta que en el curso de esta nueva fase de la operación Madeja puedan producirse nuevos registros y detenciones.

La Guardia Civil prevé tomar declaración a los cinco detenidos a lo largo de esta jornada, con lo que la puesta a disposición de la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla no tendría lugar en principio hasta mañana.

La operación Madeja la inició precisamente la juez Alaya en julio pasado y la causa lleva bajo secreto de sumario desde hace seis meses. En este procedimiento que surgió de una de las variantes del caso Mercasevilla -la venta fraudulenta e ilegal de los suelos del Mercado Mayorista- se investiga fundamentalmente el presunto enriquecimiento ilícito de Domingo Enrique Castaño, el que fuera asesor del ex alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín, y la supuesta financiación ilegal del PSOE, después de que el propietario de Fitonovo reconociera a la juez que entregó a Castaño 30.000 euros que presuntamente iban destinado al partido socialista. 

Alaya sospecha que el ex director del área de Vía Pública adjudicó dos concursos públicos a las empresas Fitonovo y Fiverde por valor de 5,4 millones de euros, a cambio de regalos, dádivas y comisiones que se habrían traducido en un incremento injustificado de su patrimonio de 303.458,52 euros. 

En el auto en el que acordó el ingreso en prisión de Castaño el pasado 12 de julio -Castaño está en libertad desde agosto pasado tras pagar una fianza de 60.000 euros- la instructora sostiene que el ex asesor de Alfredo Sánchez Monteseirín recibió dádivas a cambio de su "decisiva influencia o intervención" en la adjudicación a Fitonovo y Fiverde de dos concursos públicos. En concreto, Alaya le atribuye haber mediado en el concurso por el que se atribuyó a estas sociedades, cuyos responsables están en libertad sin fianza -Rafael González Palomo y Ángel Manuel Macedo Gajete-, el contrato de mantenimiento de Parques y Jardines de los sectores Macarena y Centro, por el que los empresarios percibieron 700.000 euros durante cuatro años (2,8 millones); y en segundo lugar el concurso para el mantenimiento de las áreas de juegos infantiles, lo que representaba otros 650.000 euros anuales durante cuatro años (otros 2,6 millones).