Con rapidez para no dar lugar a ambigüedades. El alcalde de Sevilla reaccionó a las pesquisas de la Guardia Civil dentro de la operación Madeja -que investiga el enriquecimiento ilícito del ex alto cargo municipal Domingo Enrique Castaño y la supuesta financiación ilegal del PSOE sevillano- firmando la destitución del director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento, el ex concejal del PP Joaquín Peña. Zoido convocó una junta de gobierno con carácter extraordinario para dar cuenta de esta decisión, aunque hasta ese momento se ignoraba la decisión de la juez instructora y sólo se tenía constancia de la imputación de la Guardia Civil, aunque sin los detalles precisos. A la junta de gobierno acudieron los tenientes de alcalde (menos José Miguel Luque, ausente de Sevilla), el secretario y el interventor del Ayuntamiento. El alcalde hizo pública su decisión pasadas las dos de la tarde, en las Naves del Barranco, donde terminaba de presidir el acto de inauguración oficial de las obras que convertirán el inmueble en un mercado gourmet. Un mediodía que debía ser de relajación y celebración junto a Carlos Herrera y Francisco Rivera Ordóñez, principales promotores de la iniciativa hostelera, se convirtió en un engorro para todo político que se ve obligado por las circunstancias a prescindir de uno de sus colaboradores nombrados a dedo, por mucho que Joaquín Peña no sea, precisamente, de los directores generales con los que tuviera una relación más fluida. 

El alcalde justificó la destitución en el cambio producido en "las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su nombramiento", puesto que su mera imputación por la Guardia Civil es determinante para Zoido, quien apostó desde sus años de líder de la oposición por confiar las tareas de gobierno ejecutivas en funcionarios de carrera. Por ese motivo, todos los directores generales del Ayuntamiento proceden de la función pública. 

El alcalde, con el semblante visiblemente serio, se mostró confiado en la Justicia, advirtió que Joaquín Peña "tiene derecho a su presunción de inocencia, pero no como director de un departamento del Ayuntamiento". Precisó que el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, había hablado con Peña, quien se mostró "sorprendido" por lo sucedido. Zoido se mostró implacable: "Peña tiene derecho a defenderse y estoy seguro de que así lo hará, pero quiero que resplandezca la verdad y, si está imputado, no puede formar parte del gobierno local". Preguntado por las posibilidades del ya ex director general de Medio Ambiente de retornar a su puesto si la Justicia lo declara inocente, el alcalde dijo que en tal caso "volvería a tener la oportunidad de estar". E insistió: "Las medidas hay que tomarlas y no poner paños calientes". 

El alcalde dejó claro que si la investigación de la Guardia Civil se extiende a otras áreas de gobierno del Ayuntamiento tendrá la "misma firmeza". Zoido fue veloz en destituir a Peña y quiso en todo momento que así se percibiera su reacción: "No he necesitado tener constancia por escrito, sino con la imputación de la Guardia Civil se ha procedido al cese y así ocurrirá con todo aquel que se tenga motivos para ello, sin permitir que dimita por motivos personales, como ocurriera en Mercasevilla. Que se diriman cuanto antes las responsabilidades". 

Sobre los polémicos contratos del Ayuntamiento con la empresa Fitonovo, Zoido defendió que esta sociedad se ha hecho con las licitaciones al presentar las propuestas ganadoras en la mesa de contratación. "Cuando Alaya pidió todos los expedientes adjudicados a Fitonovo por el gobierno anterior, le remitimos también todos los que se han concedido el último día porque no queremos que haya ni trampa ni cartón, sino que se esclarezca la verdad caiga quien caiga y sin medias tintas". 

Todo indica que las escuchas telefónicas ordenadas por la juez a los teléfonos de funcionarios del Ayuntamiento han sido claves para las detenciones de este lunes y para la imputación del ya ex director general de Medio Ambiente.