Cuando la juez Alaya lleva meses diciendo que está a punto de acabar la instrucción del caso de los ERE, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto un nuevo frente en relación con el ERE de la empresa tabaquera Altadis, que recibió más de 22 millones de la Junta para financiar la prejubilación de 173 trabajadores en el año 2005. En un escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se impute en la causa, en relación con estas ayudas, al ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla, así como a otros destacados dirigentes de los sindicatos UGT y CCOO y al director de Recursos Humanos de Altadis.

En concreto, el Ministerio Público ha pedido a la juez Alaya que, conforme al artículo 132.2.1 del Código Penal –que establece que la prescripción de un delito se interrumpirá cuando se “dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta”-, dicte dicha resolución “por su presunta participación en los hechos” contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla; contra Blanca Uruñuela Aguado, también de UGT y que en su día fue miembro de la ejecutiva federal; contra el que fuera secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO Antonio Perianes Pedrero; contra Francisco Figueroa Alcarazo, secretario de acción sindical de la unión provincial de CCOO de Sevilla; y contra José Luis Relea Laso, director de Recursos Humanos de Altadis.

Los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra solicitan igualmente que estas cinco personas sean citadas a declarar en calidad de imputados –entiende que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación falsedad y malversación de caudales públicos- y que además se amplíe la imputación por estos hechos a los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, a la ex asesora de la Consejería de Empleo María José Rofa, y a los ex directores generales de Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar y Antonio Valverde Ramos.

El Ministerio Público también solicita a la instructora que dé traslado de las actuaciones a los sindicatos UGT y CCOO y a la empresa Altadis en concepto de “terceros civiles responsables” y solicita la declaración de otros cuatro testigos.

Entre las nuevas diligencias propuestas por la Fiscalía se encuentra que se requiera a la Junta para que aporte todas las “agendas de las personas imputadas en la presente causa que desempeñen o hayan desempeñado cargo o puesto” en la dirección general de Trabajo y Seguridad Social en el período investigado.

Sobre el ERE de Altadis, la Fiscalía explica que se suscribieron en su día tres pólizas en los años 2005, 2006 y 2007 por un importe total de 35,3 millones de euros, de los cuales la Junta se comprometió a pagar 26 millones en virtud del convenio suscrito por el entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Para llevar a cabo los pagos, Trabajo suscribió a su vez un convenio de colaboración con la agencia Idea, que hasta el año 2010 había abonado 20,4 millones por el ERE de Altadis, cantidad a la que hay que sumar otros 1,8 millones en concepto de “pagos cruzados” ordenados por Guerrero. En total se pagaron 22,2 millones.

El compromiso asumido por la Junta deriva dela cuerdo de bases alcanzado por Altadis con los sindicatos UGT y CCOO y con la Dirección General de Trabajo el 3 de diciembre de 2004, en el que se recogía que “el coste de las anteriores medidas debe ser sufragado por la empresa si bien, al ampliarse en dos años el plazo para el cierre previsto en el plan así como incluir medidas de bajas indemnizadas que permitan enlazar con la jubilación a un colectivo más numeroso, supone un coste adicional muy importante para la misma y, con el objeto de facilitar el total cumplimiento de los acuerdos, la Junta de Andalucía con cargo a sus presupuestos se compromete a aportar los costes derivados” para los colectivos de 50 y 51 años en Sevilla hasta el 31 de diciembre 2007 y para el colectivo de 51 años en Cádiz.

Este acuerdo fue suscrito por Blanca Uruñuela y Francisco Fernández Sevilla, por el sindicato UGT, por Antonio Perianes y Francisco Figueroa, por CCOO, por José Luis Relea en representación de Altadis, y por el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.

La Fiscalía recuerda que según el informe pericial realizado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la ayuda de Altadis podría constituir una “subvención a la empresa y no a los trabajadores ya que la obligación de pago legalmente corresponde a ésta, al derivar de compromisos asumidos durante el proceso de extinción de la relación laboral de sus trabajadores”, lo que implica que la Junta se habría hecho cargo del pago de “obligaciones propias” de la empresa. Anticorrupción subraya que Altadis “sí asumió parte de sus obligaciones, sobre todo en el resto del territorio nacional” y recuerda que en la concesión de la ayuda se ha “prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, lo que pudiera ser causa de “nulidad de pleno derecho”. Además, no se publicaron por la Junta ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvención concedidas pro la Consejería de Empleo.

La Fiscalía señala en el escrito remitido a la juez que ha solicitado la práctica de estas nuevas diligencias con la finalidad de “avanzar en la instrucción y evitar dilaciones innecesarias”, todo ello en tanto no sea resuelto de manera definitiva por la Audiencia de Sevilla su petición de que se formen piezas separadas en la causa, “muy especialmente las piezas relativas a todas y cada una de las ayudas sociolaborales y ayudas directas dadas a empresas” teniendo en cuenta su volumen y previsible extensión.

Dicen los Fiscales que en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas se contabilizan ayudas sociolaborales de prejubilación con 126 expedientes, de los que se pagaron 582.189.272 euros, y ayudas a empresas y a otros por otros 275 expedientes, que supusieron pagos por 127.761.211 euros, y advierten de que a la fecha actual “no consta la confección e incorporación a las presentes actuaciones de gran parte de los informes de la Dirección General de Seguros y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativos a los expedientes de ayudas sociolaborales financiados por la Junta con cargo a los programas 22E y 31L”.

La Fiscalía pide un “importante refuerzo” del juzgado de Alaya en cuanto a medios materiales y personales en el caso de que se acuerden las nuevas diligencias porque, según explica en su escrito, esta Fiscalía Especial conoce “lo limitado de los recursos humanos y materiales del juzgado, y el innegable y prolongado esfuerzo que se realiza por todo el personal del mismo”.