Ciudadanos y empresas también pagan a plazos los impuestos municipales atrasados. El reciente acuerdo para que el Sevilla F.C. se ponga al día con la Hacienda local no es un ejemplo de trato privilegiado por tratarse de una sociedad deportiva con incuestionable arraigo social, sino de una modalidad de pago fraccionado de tributos atrasados que está perfectamente reglada. La sociedad deportiva abonará tres millones de euros en pagos semestrales durante diez años. Distinto es que este calendario de pago que han acordado el Ayuntamiento y la entidad de Nervión tenga o no el resultado esperado, pues el primero -cerrado en febrero de 2011 en tiempos de Monteseirín como alcalde- no se cumplió casi en nada, de ahí que la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios se encuentre en situación de embargo preventivo como garantía de pago ante un nuevo incumplimiento.

La Agencia Tributaria de Sevilla, que dirige la concejal Asunción Fley (PP), asegura que la modalidad de pago fraccionado está en auge y que se facilita al máximo dentro de los límites legales, puesto que se es consciente de la gravedad de la crisis económica actual. Por este motivo, en el actual mandato se realiza un esfuerzo especial para flexibilizar las condiciones y el procedimiento administrativo de la concesión de fraccionamientos en el pago de las deudas tributarias.

Las cifras demuestran que la modalidad de pago aplazada se ha disparado en los últimos seis años. En todo el primer semestres de 2014 se han concedido 5.263 fraccionamientos a contribuyentes, en su inmensa mayoría se trata de particulares. La Hacienda local calcula que a finales de 2014 se habrán aprobado más de 7.500 solicitudes de fraccionamientos, lo que supondrá un aumento superior al 13% en sólo un año y del 733% en un lustro.

El incremento de peticiones de aplazamientos de pago es progresivo y prueba que la Hacienda local prefiere asegurarse el pago aplazado antes que recurrir a la vía directamente ejecutiva. En la actualidad se tienen concedidos fraccionamientos y aplazamientos de pago por un importe total de deuda pendiente de 21,9 millones de euros. Se corresponden con un total de 136.919 recibos o liquidaciones. El plazo para el pago de casi el 83% de los fraccionamientos concedidos no es posterior a 2016, por lo que se considera que la inmensa mayoría de los aplazamientos tienen una fecha de vencimiento razonable.

La Hacienda local considera que no hay un perfil tipo de solicitantes de aplazamientos. La mayoría de las solicitudes son formuladas por personas físicas que por motivos derivados del impacto de la crisis económica encuentran dificultades para el pago de los impuestos y tributos. La concesión de fraccionamientos ha sido objeto de una mayor flexibilización en las diferentes ordenanzas fiscales de los últimos años. La Hacienda local ya no exige garantía alguna cuando la deuda no supera los 18.000 euros, tan sólo que el solicitante muestre su DNI y su número de cuenta, lo que ha supuesto un gran alivio para miles de contribuyentes, en general para la inmensa mayoría de los solicitantes, que no han precisado aval bancario, ni hipoteca, ni prenda para garantizar sus pagos aplazados.

La normativa vigente únicamente establece unos plazos máximos dentro de los cuales se debe abonar la totalidad de la deuda. A partir de 200 euros y hasta 800, se puede pagar hasta 12 meses. De 800 a 4.000 euros, hasta en 24 meses. De 4.000 a 18.000, hasta en 36 meses.

El gobierno local asegura que apuesta por la lucha firme contra el fraude fiscal para que todos los ciudadanos hagan frente a sus obligaciones tributarias y no perciban que los servicios públicos se resienten por la reducción de ingresos provocada por una elevada morosidad. Al mismo tiempo, el gobierno apuesta también por facilitar el cmplimiento de las obligaciones fiscales ofreciendo la comodidad del pago aplazado.

Otra entidad que ha tenido que gestionar recientemente un acuerdo para ponerse al día en el pago de impuestos es la empresa municipal de la vivienda. Emvisesa pagará de junio de 2014 a mayo de 2017 un total de 515.623 euros, de los que 429.383 son de deuda principal, 35.078 de intereses, 40.452 euros de apremio y 10.709 de costas. Los pagos se harán en 36 mensualidades de casi 12.000 euros cada una. La entidad ha tenido que presentar como garantía de pago la anotación preventiva de embargo de su sede de la calle Bilbao.

Emvisesa ha tenido que recurrir a la solicitud de fraccionamiento de pago al estar sumida en un delicado momento económico por la losa que se ha supuesto para sus cuentas la obra de ampliación de Fibes. Los problemas de liquidez que sufre la entidad disparan su deuda con el propio Ayuntamiento, al que debe casi 470.000 euros del IBI, Plusvalía y tasa de basura. El propio gerente de Emvisesa, Miguel Contreras, dio la voz de alarma en una comisión ejecutiva donde informó de la deuda que se arrastra con el Ayuntamiento y en la que advirtió del lastre que supone que el Consorcio del Palacio de Congresos y Exposiciones no asuma ya todos los derechos y obligaciones de la obra de ampliación de Fibes. Emvisesa anticipó de sus arcas para este proyecto más de 25,5 millones de euros correspondientes a gastos adicionales durante los trabajos de ejecución de acuerdo con la polémica encomienda recibida del Ayuntamiento en tiempos del gobierno de coalición de PSOE e IU. Posteriormente, la empresa ha abonado 733.000 euros en mayo de 2013, 917.000 en julio de 2013 y estaba previsto otro libramiento de 4,4 millones el pasado noviembre, todo cual deja en jaque a la sociedad.

La empresa municipal de la vivienda, tal como quedó estipulado en su día, tiene que recibir dos parcelas ubicadas junto al Palacio de Congresos y Exposiciones -calificadas como de uso terciario- como pago por la obra de ampliación de Fibes. Pero como el importe por esa obra se disparó por los sobrecostes, el gobierno actual tiene que pagar una cantidad más elevada, por lo que ha optado por entregar también el Parque Arte Sacro, tal como avanzó este periódico. Se trata de un complejo promovido por el anterior gobierno en época de boyantía económica que ahora supone un lastre porque no hay actividad empresarial suficiente para darle utilidad. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento han tasado el Parque Arte Sacro en 11 millones y las parcelas en 12 y 1,5 millones, respectivamente. La operación ha quedado cerrada, pero está por ver cómo gestiona Emvisesa el nuevo activo que le ha sido encomendado.