La consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, ha asegurado que se van a "depurar responsabilidades" una vez que concluya el proceso judicial abierto por la muerte de un joven polaco en el 2013 en Sevilla, que según el informe forense no recibió el tratamiento adecuado en el hospital Virgen del Rocío. La responsable de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha dicho que ni el hospital Virgen del Rocío ni el Servicio Andaluz de Salud ni su Consejería ha recibido el informe médico forense entregado a la juez que investiga el caso, por lo que tienen que esperar antes de adoptar las medidas pertinentes. "Ya dijimos que íbamos a investigar en profundidad lo que ocurrió para adoptar, en su caso, las medidas disciplinarias", ha señalado en conferencia de prensa, en la que ha detallado que el 22 de octubre se abrió un expediente disciplinario que quedó en suspenso hasta la finalización del proceso judicial.

"Lo haremos, pero todas nuestras actuaciones no se podrán llevar a cabo hasta que no dispongamos de los informes jurídicos", ha insistido. Entre estas actuaciones, ha destacado también la puesta en marcha de un protocolo de actuación para que nunca más vuelva a ocurrir una situación similar.

Tras detallar que en el último año se han atendido un millar de casos de personas en situación de exclusión social, la consejera ha reiterado que se pondrá en marcha un protocolo de actuación para atender a personas de esta tipología, con las que los tiempos serán diferentes, al tiempo que se impulsará una mayor coordinación con los servicios sociales. Ha recalcado que tras producirse este caso, la Junta ha actuado en todos los frentes facilitando información a la fiscalía y al juzgado, al tiempo que abrió un expediente informativo y después disciplinario, que quedó en suspenso hasta que termine el procedimiento judicial.

El informe médico forense entregado a la juez, recoge que según las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un estado de desnutrición severa como la que presentaba el indigente es indicativo de hospitalización y obligaría a realizar pruebas diagnósticas para la detección de las enfermedades de base.