El auditor de Mercasevilla José Ignacio Alonso Rivero, que en abril pasado solicitó a la juez Mercedes Alaya, que investiga delitos societarios en relación con la gestión de Mercasevilla, que imputara al ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y al resto de los miembros que formaban parte del consejo de administración en el año 2009, ha reiterado ante la instructora que el consejo de administración le permitió hacer el informe de auditoría "a sabiendas de que le ocultaban información relevante".

En el escrito presentado en su día por el auditor de Pricewaterhousecoopers (Pwc)  se solicitaba el archivo de la causa contra él -al estimar que no es responsable de delitos de malversación  ni de falsedad en las cuentas anuales- y también la declaración "en la condición que procesalmente proceda" de la totalidad de los integrantes del consejo de administración que asistió a la sesión del 17 de febrero de 2009, donde se formularon y firmaron las cuentas anuales y tras la misma se aceptó el cese del director general, Fernando Mellet, "por razones personales", según refleja el acta de aquella sesión, en la que se incluyeron comentarios de que el motivo era voluntario, "resultado de enfermedades familiares varias". Según el auditor, fue "engañado" de forma "consciente y deliberada" a la hora de realizar su informe auditor y evitar de esta forma que los accionistas "conocieran la verdadera situación de la compañía".

José Ignacio Alonso Rivero ha comparecido este jueves de nuevo ante la instructora para ampliar su declaración, antes de que la instructora se pronuncie sobre su petición de archivo, un sobreseimiento que ha sido apoyado por la Fiscalía.

El auditor ha reiterado que las manifestaciones sobre el cese de Mellet son falsas, por cuanto Mellet fue realmente destituido al conocer el consejo de administración que estaba siendo ya investigado por delito de cohecho por la Fiscalía de Sevilla. Ese mismo día, el presidente del Consejo y entonces alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y el consejero delegado, el concejal Alfonso Mir del Castillo, firmaron la denominada Carta de Manifestaciones a los auditores indicando, entre otras cuestiones, que desde la fecha de cierre de la cuentas anuales hasta la fecha de esta carta, "no ha ocurrido ningún hecho ni se ha puesto de manifiesto ningún hecho o información que pudiera afectar significativamente a dichas cuentas anuales y que no esté reflejado en las mismas".

El auditor le ha dicho hoy a la juez que "nadie les dijo ni en esa fecha ni hasta la emisión de su informe, los motivos reales por los que fue cesado el director gerente de la empresa” y ha añadido que la “básicamente la información que da lugar al cese son unas grabaciones de sobra conocidas en las que se pedían unas comisiones por parte de Mercasevilla -en alusión al caso del intento de cobro de una comisión de 450.000 euros a los empresarios de La Raza por el que ha sido condenado Mellet-, pero también había comisiones sobre los ERE de Mercasevilla". Ese hecho hace, según el auditor, que "el escenario cambie radicalmente" y lo primero que debían haber hecho es comunicárselo a él y abrir un "procedimiento forense antes de iniciar las cuentas anuales para ver si hay o no un impacto en las cuentas", puesto que la Carta de Manifiestaciones es “la prueba de la buena fe que hay con el auditor". La empresa, continuó el imputado, debía iniciar ese procedimiento “para poner patas arriba la sociedad en relación a las cuentas anuales, porque el solo hecho de la pérdida de confianza en la persona que tiene los poderes en la empresa, ello per se ya tiene la suficiencia relevante”.

Dice el auditor, que fue uno de los último imputados, que si los administradores le informan de que por ejemplo en las escuchas hay referencias a las comisiones en los ERE "a partir de ahí las puede haber en otros temas".

José Ignacio Alonso Rivero calificó de "indignante" que aunque fueron invitados al consejo de administración del 17 de febrero de 2009, "ningún administrador del Partido Socialista, ni Partido Popular, ni Mercasa, ni nadie les dijo nada de los motivos del cese, y tuvieron que enterarse al igual que el resto de los ciudadanos" por la Prensa.

Si en la Carta de Manifestaciones le hubiera puesto de manifiesto la “realidad de la sociedad, hubiese realizado en su informe de auditoría salvedades y el resultado hubiera sido completamente diferente” y se habría llevado a cabo un procedimiento forense.

El auditor concluyó que la Carta "contribuyó enormemente al engaño del equipo de auditoría que representaba" y tildó de "lamentable" que la junta de accionistas aprobara el 1 de abril las cuentas "dejando que el auditor anteriormente presentara su informe sin ponerle en su conocimiento lo ocurrido".

Con respecto al procedimiento o trabajo forense que hubiese requerido del consejo de administración, el imputado ha explicado que se trataría de un informe como el que posteriormente realizó Deloitte, con un análisis "factura a factura, archivos enteros, no sólo de contabilidad a archivo sino de archivo a contabilidad, de matrices de talonarios de cheques a contabilidad, de registro de contratos a contabilidad", etc. Además, el auditor no ha dudado al asegurar que si finalmente hubiera visto que no se tomaban todas las medidas porque se hubiera hecho un "informe forense light, hubieran tenido que presentar la correspondiente denuncia policial o judicial".

El auditor alegó en el escrito presentado en abril pasado que si el consejo de administración hubiese actuado "con la mínima transparencia, lealtad profesional y veracidad exigible, tan pronto hubiese conocido las sospechas hubiera investigado las presuntas irregularidades, porque así lo exige la norma técnica sobre errores e irregularidades".

De otro lado, los peritos de la Agencia Tributaria ratificaron ayer ante la juez Alaya una ampliación del informe pericial realizado en la causa por el delito societario de Mercasevilla en el que muestran sus "dudas" sobre la realidad de otras seis facturas pagadas a empresas del entorno del conseguidor de los ERE, Juan Lanzas.

En la ampliación del informe, los peritos analizaron seis facturas pagadas en los años 2004 y 2007 por Mercasevilla a las empresas Informagina System, Primagina y Canpen Postforma, por un importe global de 172.111,64 euros. Estas sociedades "parecen estar vinculadas" con Ismael Sierra García o con su hermana, Patrocinio Sierra, esposa de Lanzas. El informe señalaba que esta vinculación se pone de manifiesto "porque mantienen relaciones comerciales con otras empresas vinculadas a estas personas; porque participan en el capital social: o, en fin, porque aparecen como autorizados en las cuentas bancarias".

Los peritos albergan "dudas sobre si los servicios facturados a Mercasevilla por las entidades relacionadas con Ismael Sierra y Juan Lanzas fueron realmente prestados". Dichos servicios fueron contabilizados y abonados por el Mercado y si en el marco de la causa de los ERE fraudulentos quedase probada la falsedad de las facturas, supondría una alteración de la situación patrimonial de Mercasevilla. "Ello supondría que si Mercasevilla no recibió nada a cambio del pago de estas facturas, su activo fijo material habría quedado indebidamente incrementado en el importe de las facturas contabilizadas".