La vista celebrada este martes en los juzgados de Viapol contra un inquilina de una vivienda de Emvisesa en San Jerónimo para la que se pide el desahucio destapó este martes de nuevo un problema que la oposición lleva meses denunciando: la necesidad de atender y ofrecer alternativas a los sevillanos sin recursos que no pueden hacer frente a los pagos de las viviendas públicas. Sobre todo si, como ocurre con el caso de este martes, se trata de una víctima de la violencia de género.

La afectada, Isabel R., tiene un hijo de 9 años y otro de 19, lleva sin pagar las cuotas del piso de Emvisesa que ocupa desde 2011 al carecer de recursos y está desde primeros de año reclamando una rebaja que le permita seguir bajo ese techo y una atención que el gobierno local prometió para colectivos de extrema vulnerabilidad, como al que ella pertenece. Según fuentes del gobierno municipal, ni ésta ni ninguna otra maltratada será desahuciada, pues la orden se paralizará tal y como prometió el alcalde, Juan Ignacio Zoido, pero, de entrada, el proceso judicial ya tiene unos costes económicos y emocionales que estas mujeres están padeciendo. "Alguien debe explicar por qué hay que someter a estas personas a esa presión psicológica y a esa situación a estas personas, familias con niños, como la hoy vivida. Hay una orden de desahucio fijada que esperamos que no se ejecute y no entendemos por qué esto se lleva a tribunales y no se hace en despachos de Emvisesa", reiteró este martes el portavoz municipal socialista, Juan Espadas.

Por ello, el PSOE volvió a exigir este martes que se aplique una solución inmediata para evitar estos procesos en los tribunales. En concreto, para la inquilina de San Jerónimo, se solicita un fraccionamiento y aplazamiento del pago de la deuda, mientras se le facilita un alquiler social en otro lugar.

Con respecto este caso, el gobierno local esgrimió que se está trabajando en buscar soluciones y que era necesario llegar a la vista de este miércoles para poder localizar a la inquilina pues, según le consta, no reside en el piso cuyos vecinos, además, denuncian problemas de convivencia.

El pasado 17 de septiembre, el PSOE ya remitió una carta al alcalde para solicitarle el cumplimiento del acuerdo alcanzado el pasado mes de julio en el Pleno municipal. En concreto, entre otros puntos, se aprobó que se establecería un cupo del 10% como mínimo necesario de reserva obligatoria de viviendas para mujeres víctimas de violencia de género de forma independiente al cupo reservado a otros colectivos. También exigir a Emvisesa que se aplique el cupo de reserva para las mujeres maltratadas en todas sus promociones y que se atiendan, con urgencia y la debida garantía de protección de datos, en otra promoción de viviendas públicas todas las solicitudes de mujeres víctimas que no se han atendido en los pisos de Nuevo Amate. Así como que, de manera inmediata, se habilitaran 40 nuevos pisos diseminados por la ciudad en régimen de alquiler para el colectivo.

En estos momentos, el PSOE tiene constancia de otros dos casos. Una mujer con dos hijas -una de 16 años que está estudiando y otra de 24 que está desempleada y con problemas graves de salud- que en junio de 2013 solicitó ya una rebaja del alquiler a Emvisesa al no tener recursos y sigue esperando una respuesta. Y otra con un hijo de 6 años que va a ser desahuciada por un particular pero que lleva tiempo inscrita en el registro de demandantes de VPO como víctima de violencia de género.

Al margen de los casos de maltratadas, los socialistas aseguran que el gobierno municipal incumple cuatro acuerdos: uno de octubre de 2013 en el Pleno, en el que se aprobó la creación de una Unidad de Alquiler Social en Emvisesa; otro de Urbanismo de febrero de 2013, en el que se convenió la transferencia de viviendas para alquiler social; un tercero de la junta de gobierno de marzo de 2013 por el que se aprobaron las normas de adjudicación de viviendas en alquiler social de forma inmediata para casos de desahucios y ejecuciones hipotecarias y el establecimiento de rentas bajas para casos de extrema vulnerabiliad; y un cuarto plenario de octubre de 2013 en el que Emvisesa se comprometía a garantizar el suministro de agua a personas sin recursos. El PSOE ha presentado 23 propuestas distintas para solventar el problema de la vivienda.

Pero no sólo el Ayuntamiento de Sevilla desatiende estas peticiones. También la Junta de Andalucía. La oposición tiene constancia de al menos tres casos de inquilinos de viviendas de Epsa (Avra) que no obtienen respuesta alguna por parte del Gobierno andaluz. Uno de ellos ya está en la vía penal. Y este mismo miércoles otra vecina de Triana relató su peregrinar por los despachos de la Junta y del Ayuntamiento en busca de una solución tras llevar varios años en paro y16 meses sin poder pagar el alquiler.