La juez Mercedes Alaya, que investiga una trama que corrompía presuntamente a funcionarios públicos con mordidas y regalos, ha decidido rebajar de 180.000 a 120.000 euros la fianza impuesta al director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras, que se encuentra en prisión provisional por este caso desde el pasado 11 de noviembre, siendo el único de los más de 60 imputados que está en la cárcel.

La juez ha decidido rebajar la fianza a 120.000 euros una vez que ha transcurrido un mes desde que el directivo de Fitonovo fue encarcelado sin que haya satisfecho la cantidad, por lo que la instructora considera oportuno reducir la cuantía en esos 60.000 euros, según confirmaron fuentes del caso, que explicaron que este imputado sigue sin poder reunir dicha cantidad.

De otro lado, Alaya ha dictado otro auto en el que ha acordado citar a declarar como imputado por hasta siete delitos -corrupción entre particulares, cohecho, tráfico de influencias, asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social- al representante legal de Fitonovo, en virtud de los hechos que ya se imputaron en su día al administrador de la compañía, José Antonio González Baró, precisa la resolución, que cita al imputado el 8 de enero de 2015.

En ese mismo auto, Alaya ha acordado diversas actuaciones relacionadas con la instrucción, entre ellas que se libre un oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que recabe de la dirección general de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas el expediente de podas en la A-92. Y también requiere a la Diputación de Sevilla "o en su caso a la autoridad oportuna" el expediente relativo a la red de saneamiento del Parque María Luisa de Sevilla en los que habrían intervenido los funcionarios de la Diputación Elías Oliver y Francisco Javier Heredero, así como que se amplíe la investigación a Luis Sierra Valverde sobre el concepto por el que éste pasa a Fitonovo "el importe del estudio topográfico del proyecto del Parque María Luisa.

La instructora también ha remitido un testimonio a los juzgados de Mérida en relación con las posibles comisiones ilegales abonadas al jefe de Carreteras de la Junta de Extremadura, José María Pizarro Gómez, por la presunta "adjudicación fraudulenta de contratos a las entidades Seanto, Atoran Ingeniería y Conservación, Extranatura y Mesa del Río".