Zoido tiene en el aire 383 millones de euros en diferentes impuestos y tasas diversas pendientes de cobro. Los datos son oficiales y aparecen en el informe de gestión y recaudación de valores con fecha del pasado 20 de noviembre, que recoge todos los recibos impagados desde el ejercicio de 2009. La Hacienda local reduce la importancia de este informe a la de una "fotografía" realizada en un momento específico y sujeta a cambios. El informe sólo recoge el estado del cobro de los impuestos desde 2009 hasta 2013, porque es el periodo que exige la Intevención General del Ayuntamiento, lo que no quiere decir que aún no se puedan cobrar tributos de años anteriores. Conviene recordar que los impuestos sólo prescriben cuando han pasado cuatro años sin medidas por alguna de las partes con conocimiento de la otra. Esto supone que es técnica y legalmente posible que haya impuestos del año 2000 que no hayan prescrito porque haya habido actuaciones o notificaciones continuas y que, por lo tanto, aún puedan ser cobrados. Aunque es cierto que cuantos más años pasan, más posibilidades hay de que la Hacienda local aumente la cifra de impuestos calificados como de "difícil cobro".

Del informe llaman la atención los 105 millones impagados de IBI, una deuda atribuible en buena parte a que aún no están registrados los pagos correspondientes al segundo semestre de 2013; los 20 millones impagados del Impuesto de Actividades Económicas (IAE); los 2,6 millones de tasas por la pasada Feria de Abril y, por supuesto, los 16 millones que aún deben los sevillanos por sanciones de tráfico impuestas el pasado año. Los incumplimientos de ordenanzas generaron sanciones impagadas por 1,1 millones de euros. Y los inquilinos de inmuebles del Ayuntamiento deben 846.000 euros sólo por el año pasado.

En los últimos años se han multiplicado los nuevos negocios, lo que genera tasas de apertura. De 2013 hay más de 22.000 euros impagados por este concepto. Las señales de vado para salvar de obstáculos las entradas a los garajes generan el pago de tasas, de las que hay una deuda superior a cuatro millones de euros. Por la reserva de espacios en la vía pública (la que se hace a las puertas de los hoteles, por ejemplo) hay más de medio millón de euros impagado del pasado año.

El plan de lucha contra el fraude fiscal ha incrementado mucho el cobro de cantidades pendientes. Los más de 380 millones impagados no son una cifra "llamativa ni al alza ni a la baja respecto a años anteriores", según siempre fuentes de la Hacienda local.

La bajada de impuestos promovida por el gobierno de Zoido ha ido necesariamente acompañada de un férreo plan contra los impagos. Si los impuestos bajan, hay que saber recaudar mejor para no perder liquidez. Tres ejemplos de las nuevas medidas puestas en práctica son que el IBI de grandes edificios se actualiza al alza de acuerdo con el catastro, el Ayuntamiento se persona ya con eficacia en los concursos de acreedores y los coches son ya objeto de embargo con ayuda de la Dirección General de Tráfico. Son sólo tres ejemplos de la cruzada municipal contra los morosos. Tres grandes tentáculos de la Hacienda local para acabar con los impagos: el Plan de Ajuste, las ordenanzas fiscales de 2014 y un dispositivo de quince medidas especiales que ya se aplican.

Entre esas nuevas medidas contra el fraude fiscal que permitan compensar la caída en los ingresos, el Ayuntamiento tiene aprobado un nuevo modelo de cobro de la tasa de basuras de locales, no exento de polémica al cobrarse este servicio a espacios sin actividad; un plan de regularización de usos catastrales, donde el propietario es el sustituto legal del sujeto pasivo si no comunica el inquilino que ejerce la actividad, aunque podrá repercutir la tasa; modificaciones técnicas para mejorar la tributación en viviendas con funciones de despachos; simplificación de la tarifa por usos catastrales; cruces del listado del IBI con el padrón de habitantes de Sevilla y de España, con requerimientos directos a herederos de bienes inmuebles; inspecciones en concesiones administrativas y aparcamientos colectivos públicos y privados; y el replanteamiento jurídico y técnico de determinadas tasas y tarifas, como Mercasevilla o en la estación de autobuses del Prado de San Sebastián.

El gobierno local del PP parte de la base de que no han de pagar sólo unos pocos y entiende que la lucha contra el fraude es la búsqueda de la justicia en la recaudación fiscal. Impuestos más bajos, pero cuyas obligaciones se cumplan por todos.