Las rifas ilegales han aumentado progresivamente en los últimos años. Este tipo de actividad encuentra su mayor auge en Navidad, puesto que los sorteos con diversos fines y premios son un clásico. El año pasado se detectaron en Sevilla 119 vendedores de loterías ilegales y cuatro organizaciones irregulares con unos ingresos anuales de más de dos millones de euros. Así lo indica el último informe del sector de juego ilegal en España y Andalucía, elaborado en 2013 y publicado por la ONCE, que además señala que el 9,90% de los vendedores de loterías ilícitas de la comunidad autónoma son sevillanos. Según el estudio, la cifra de comerciantes irregulares ha crecido un 13,46% con respecto a 2012, año en el que se localizaron 103 y se recaudaron 1.800.000 de euros durante todo el ejercicio.

"En Navidad aumenta la compra de boletos ilegales porque hay cierto ambiente de consumo y muchas asociaciones ilícitas venden falsificaciones idénticas a los cupones de la ONCE", explica Patricio Cárceles, representante de la organización, quien además indica que la detección de esta actividad delictiva es competencia de las comunidades autónomas, puesto que la normativa vigente indica que se tipifican como infracciones "muy graves" la organización, práctica, celebración o explotación de juegos sin poseer la correspondiente autorización administrativa.

Cárceles indica que las múltiples rifas que se realizan en fechas puntuales como las Pascuas, y que utilizan los números premiados de la Lotería Nacional para elegir a los ganadores, deben estar autorizadas por la ONCE. "Solemos dar el consentimiento a todos los que piden usar nuestros números y más aún cuando las loterías tienen fines benéficos", afirma el representante. Sin embargo, considera que el ciudadano está poco concienciado de la gravedad que supone la adquisición de una papeleta falsificada. Cárceles señala que el juego ilegal es "dinero sucio" que, además de ser un fraude, atenta contra una organización social y las personas discapacitadas que la componen.

El representante de la ONCE explica que la organización trabaja con uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad y el hecho de que existan personas que operen de manera ilegal supone una merma en los ingresos de la entidad, factor que redunda negativamente en los servicios y prestaciones que ofrece la institución a sus afiliados.

"Tendríamos que preguntarnos quién es el principal beneficiario de los sorteos ilícitos. Nosotros invertimos en subvenciones para los miembros de la entidad, mientras que los dirigentes de otras asociaciones se lucran con las actividades ilegales que realizan", manifiesta Cárceles, que añade que estos organismos se aprovechan del engaño de los consumidores, quienes adquieren las papeletas con la creencia de que están ayudando a los discapacitados que, precisamente, venden los boletos.

Al aumento de la venta de cupones para loterías ilícitas se suma, según el representante, la medida fiscal impuesta por el Ministerio de Hacienda en 2013 según la cual un 20% del premio se destina a la Agencia Tributaria. "Percibimos una disminución en las ventas debido a que el comprador sabe que un porcentaje amplio de la retribución debe tributarse a Hacienda", señala Cárceles, que se posiciona en contra de la medida fiscal, aunque afirma que con la nueva ley de regulación del juego se reconoce a la ONCE y a Loterías y Apuestas del Estado como únicas operadoras de sorteos en España. Además, la norma ha gestionado el juego en línea que actualmente acapara el grueso de las apuestas en España.