El juez que investiga las irregularidades en la Fundación DeSevilla durante el anterior mandato ha aplazado a julio la comparecencia de los peritos que analizaron las cuentas de la entidad para que ratifiquen el informe en el que concluyeron que la fundación destinó "más del 70 por ciento" de las ayudas recibidas para programas de cooperación internacional a gastos de personal, que sólo en 2008 ascendieron a 1,1 millones para un grupo de 27 trabajadores vinculados políticamente a Izquierda Unida. 

En este sentido, fuentes del caso han informado de que el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casilla, ha aplazado a los días 6, 7 y 8 de julio, ya tras las elecciones municipales, la comparecencia prevista inicialmente para este miércoles de los peritos de KPMG Consultores designados para analizar las cuentas de la ya extinta Fundación. Las mismas fuentes han explicado que ha sido la abogada del otrora primer teniente de alcalde y exconcejal de Relaciones Institucionales, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), imputado en la causa, la que ha solicitado dicha suspensión, pues este mismo miércoles tiene que asistir a una de las personas detenidas por la Guardia Civil en el marco de la operación Barrado por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía que investiga la juez Mercedes Alaya. 

El informe pericial de 129 páginas, elaborado por la consultora KPMG, señalaba expresamente que más del 70% de los gastos justificados de los expedientes de la Fundación investigados corresponden a "gastos de personal, seguido de los gastos de viajes". Para dar cuenta de la magnitud de estos gastos, los peritos indican que el número medio de empleados que tenía la Fundación en 2008 era de 27 trabajadores, por lo que si se tiene en cuenta el coste de personal que reflejan las cuentas anuales, la cuantía de la nómina de los empleados ascendía a 1.168.314 euros, lo que supone un "sueldo medio anual por empleado de 43.270,89 euros", una cantidad "nada despreciable teniendo en cuenta que no nos encontramos ante una empresa con una actividad mercantil al uso que pueda generar recursos o riqueza, que sustente importantes costos de personal", detalla el informe que fue remitido en su día al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla.Respecto a los gastos de personal, los expertos indican que en algunos casos y, según la información de carácter público que han podido consultar, estas personas se encuentran actualmente "vinculadas políticamente con Izquierda Unida".

Los peritos también aluden a la presunta responsabilidad de los miembros de la junta de gobierno local del Ayuntamiento en la época en la que se concedieron las subvenciones, que presidía entonces el alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, y así explican que existía en la Fundación una "evidente situación de desequilibrio económico-financiero" que no ha sido ajena a los órganos de gobierno del Ayuntamiento, puesto que pocas eran las sesiones de la junta de gobierno que se organizaban en las que no se hacía referencia a la situación económica. "Entendemos que esta situación no era ajena ni podría escapar de ningún modo, al conocimiento del propio Ayuntamiento de Sevilla, ni por ende de los integrantes de su equipo de gobierno, no en vano, su alcalde y teniente de alcalde eran patronos electos de la Fundación", detalla el informe.

El documento sostiene que el ex delegado de Economía, Carlos Vázquez, y el ex primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, tienen un papel "muy relevante" en la Fundación y están "muy involucrados" en las actuaciones de la entidad. Sobre Carlos Vázquez, los peritos dicen que tenía un "papel fundamental en cuanto a la toma de decisiones y conocimiento del destino del dinero subvencionado", al tiempo que subrayan que ejercía prácticamente en la totalidad de las sesiones como presidente en funciones, en sustitución de Monteseirín, y añaden que con el tiempo fue adquiriendo "cada vez más competencias en la toma de decisiones, vinculadas tanto a la parte económica y gestión de recursos humanos, como a la de proponer y afrontar los proyectos" que debían llevarse a cabo.

En cuanto al ex primer teniente de alcalde, sostienen que Torrijos "no solamente estaba al tanto de la situación económica de la Fundación, sino que en calidad de teniente de alcalde y delegado de Relaciones Institucionales, era la persona que daba el visto bueno a la tramitación de las solicitudes de las subvenciones, así como la encargada de adjudicar las subvenciones correspondiente a la delegación de Relaciones Institucionales".

Por último, los peritos aseguran que el análisis de la información bancaria que obra en la causa, "ha resultado infructuoso dado el formato y el soporte en el que se encontraba almacenada dicha información, es decir en papel, con un formato de texto plano, y con campos incompletos en los que no se indican con la suficiente claridad aspectos tales como el concepto, la cuenta de origen o al de destino".

Alegan los peritos que no ha sido posible obtener "ninguna evidencia que indique el destino final que se le ha dado a los fondos que integran las subvenciones recibidas y cuyo gasto no ha sido justificado, así como tampoco devuelto a las arcas de la Fundación", y agregan que tampoco han encontrado evidencias de que "se hayan tomado medidas legales o no, por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, ni de ninguna otra persona vinculada al patronazgo de la Fundación, los gobernantes locales, para proceder a la recuperación de esas partidas subvencionadas".

La Fiscalía de Sevilla ha descartado hasta ahora solicitar la imputación del ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín o de alguno de los miembros que formaban el patronato al considerar que no se deducen indicios contra ellos, todo ello a pesar de que el interventor del Ayuntamiento y un atestado de la Guardia Civil apuntaran la posible existencia de un delito porque conocían la situación económica de la Fundación y "no tomaron medidas" para solucionar las deficiencias detectadas.