"Vamos a analizar jurídica y técnicamente todas las posibilidades existentes para resolver los problemas generados sin que esto suponga un enorme gasto para el Ayuntamiento debido a la existencia de un contrato firmado por un periodo de diez años". Juan Espadas encabezó este lunes la primera reunión de la comisión de trabajo creada para estudiar una fórmula que modifique el contrato de explotación de la zona azul que el equipo de Juan Ignacio Zoido firmó por una década con la empresa Aussa. El principal objetivo es enmendar ese acuerdo sin que suponga un gasto para las arcas municipales.

El cometido de la mesa formada por el concejal de Movilidad y Seguridad, Juan Carlos Cabreras, los delegados de los distritos afectados por los aparcamientos regulados, el interventor, el secretario y técnicos municipales consiste en elaborar un exhaustivo análisis de todas las opciones legales de revisión del contrato firmado por Zoido el 8 de abril de 2014 con la sociedad Aparcamientos Urbanos de Sevilla -participada en un 51% por la sociedad municipal Tussam- y sus posteriores modificaciones (la última entró en vigor en plena campaña electoral). Una vez finalizado el estudio, la comisión interna de trabajo iniciará un proceso de análisis y participación de cada una de las zonas afectadas, "algo que se debió haber llevado a cabo con carácter previo a la implantación de las nuevas áreas de estacionamiento regulado".

Ese contrato ampliaba en 3.173 las plazas de zona azul disponibles en la ciudad, que hasta ese momento eran de 4.112. Las áreas en las que este sistema se implantó por primera vez fueron Bami, Luis Montoto, Pirotecnia y Macarena. Además, se incrementó el número de plazas existentes en Viapol y Centro; mientras que en Los Remedios se eliminaron unos 400 aparcamientos. Las 200 plazas que, en principio, figuraban en La Cartuja no entraron en funcionamiento debido a que la Consejería de Fomento no puso a disposición de los trabajadores de la isla todos los aparcamientos gratuitos de los que disponía. "Vamos a realizar un estudio barrio a barrio de cuáles son los problemas de movilidad y estacionamiento existentes y qué actuaciones debemos llevar a cabo para resolverlos", apuntó el alcalde de Sevilla.

La derogación no es una salida fácil para Espadas. Por ejemplo, a la adjudicataria habría que indemnizarla por lucro cesante, ya que contaba con una previsión de ingresos en los próximos diez años que no podrá ver hecha realidad. La mesa de trabajo ha iniciado también los trámites necesarios para la convocatoria de una junta general y un consejo de Administración de Aussa para analizar con todos sus miembros las opciones existentes para la revisión del contrato. La cita tendrá lugar cuando estén redactados los informes jurídicos.

"Sabemos que hay vecinos a favor y otros vecinos, comerciantes, trabajadores o estudiantes universitarios que se han visto muy perjudicados y que requieren de una respuesta por parte del gobierno de la ciudad". Las plataformas sociales creadas en los barrios de Bami y Nervión contra la implantación de la zona azul (a las que se unieron Facua, CCOO, UGT y el Movimiento Acción Estudiantil) pueden dar buen ejemplo. Los comerciantes de Bami vienen lamentado el efecto negativo de la implantación de los aparcamientos regulados sobre sus ventas como consecuencia de que quienes visitan el barrio no se entretienen en hacer compras para evitar costes por la zona azul. Otros que alzaron la voz fueron los trabajadores de Telefónica, empresa que suma casi 1.200 trabajadores repartidos en sus tres sedes en Nervión: central San Bernardo (calle Jiménez Aranda), central Oriente (calle Luis Montoto) y central Murillo (calle La Florida). "Los trabajadores no pueden estar bajando para sacar un nuevo ticket cada dos horas cuando gran parte del personal se encarga de la atención telefónica", explicó Raquel Díaz, trabajadora y secretaria general de CCOO en Telefónica Sevilla. Hay que recordar que la ampliación de la zona azul fue recurrida ante los tribunales por la organización de usuarios y consumidores Facua al entender que el equipo de Zoido se saltó la obligación legal de aprobar los cambios mediante una ordenanza fiscal y no a través de una simple resolución. Todas las partes afectadas lamentaron la falta de consenso del gobierno municipal.