El Grupo Socialista del Parlamento de Andalucía da marcha atrás y rehusa apoyar la Proposición No de Ley (PNL) que pide la retirada del actual acuerdo marco de Atención Temprana aprobado por la Junta y en vigor desde el 1 de julio, a pesar de manifestar su compromiso con esta causa durante varias semanas.

Los cuatro grupos de la oposición (PP, IU, Podemos y Ciudadanos) presentaron el pasado 30 de julio una PNL solicitando la retirada del nuevo plan de financiación de los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT), que atienden en la provincia a unos 4.500 menores de 0 a 6 años -más de 17.500 en toda Andalucía- que padecen alguna discapacidad, además de parálisis cerebral, espina bífida, asperger, síndrome de Down y retraso madurativo, entre otros trastornos del desarrollo.

Francisco Vargas, portavoz del PSOE en la Comisión de Salud del Parlamento, confirmó a este medio que apoyaría el texto íntegro y que el motivo de que no se hubiera adherido a la primera firma se debía a un problema de "coordinación" entre las partes implicadas. Sin embargo, el día de la firma, el grupo socialista dio un paso atrás.

El plazo para presentar las iniciativas que se debatirán en el próximo Pleno concluyó este lunes sin la adhesión de los socialista a la PNL promovida por la oposición y la Plataforma de Atención Temprana de Andalucía, compuesta por padres de los niños que reciben este servicio.

Según el portavoz de este colectivo, el sevillano Antonio Guerrero, abuelo de un niño de 3 años que sufre Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), el mismo día que se había fijado la firma de la PNL, el PSOE solicitó cambiar varios puntos del texto, entre ellos la parte expositiva del texto, donde se explica la situación de estos menores y de los CAIT. Pero las demás partes implicadas se negaron.

Guerrero, además, denuncia que los representantes de los cuatro grupos de la oposición han recibido "presiones" para que retiraran la PNL y retrasar así su debate en el próximo pleno del Parlamento. A través de este documento, el Partido Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos y Podemos solicitan la retirada del acuerdo marco en vigor, "reubicar la atención temprana en el Servicio Andaluz de Salud" y "proceder al abono inmediato de la deuda que mantiene con las entidades en materia de atención temprana". Con respecto a este último punto, la Consejería de Salud siempre ha negado que mantenga una deuda con los centros.

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi Andalucía), por su parte, apoya el actual acuerdo marco y considera que su paralización perjudicaría a los menores. "¿Quién va a atender a los niños si el plan se paraliza? ¿Quién va a pagar a los profesionales?", exclama Juan Manuel Porras, presidente del Cermi y director general de "once centros, algunos de ellos con más de 36 años de trayectoria en el campo de la atención temprana", como Upace, especializado en la atención a personas con parálisis cerebral.

Porras reconoce que los 12,67 euros por sesión y niño que la Junta abonará a los CAIT, según el acuerdo marco aprobado, es insuficiente pero todas "las asociaciones sabían que no iban a recibir más dinero de lo que ya recibían con las subvenciones".

El presidente del Cermi celebra que haya cambiado el sistema de financiación, pasando de un modelo de "subvenciones graciables a un sistema de conciertos". Juan Manuel Porras señala que este acuerdo es fruto de "ocho años de negociación" y que en ningún momento de este proceso la plataforma ciudadana liderada por Antonio Guerrero se pronunció al respecto.

Desde el Cermi confirman que las conversaciones con la Junta no han terminado y que a partir de la segunda quincena de septiembre se iniciará otra mesa de negociación para mejorar las condiciones del acuerdo marco de cara al próximo año. Así, Porras destaca que la entidad, que "representa a 16 federaciones andaluzas", ya ha conseguido incrementar el tiempo de las sesiones de 45 a 60 minutos.