El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), elevó ayer una consulta formal y vinculante al secretario general del Ayuntamiento para dilucidar si procede o no abrir expedientes administrativos o aplicar medidas cautelares para apartar a los miembros de la Policía Local procesados judicialmente por la presunta filtración de los contenidos de los exámenes de las convocatorias de empleo público promovidas en 2012. En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde reconoció la "suma gravedad" del caso.

El Juzgado de Instrucción número nueve ha procesado a 45 personas por este caso, entre ellas al superintendente de la Policía Local de Sevilla, Juan José García, -el jefe administrativo del cuerpo que era presidente del tribunal- y a otros 37 agentes del cuerpo por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y cohecho. En el informe encargado al secretario municipal también se incluyen las medidas que se pueden tomar contra el superintendente al tener su plaza en propiedad.

El alcalde recalcó el apoyo del Ayuntamiento al proceso judicial y el respecto a la presunción de inocencia, pero comprendió la alarma y preocupación social por que sean procesados judicialmente agentes plenamente en activo. Por eso, y dado que el asunto "no es fácil" por los derechos y garantías que asisten a los funcionarios, Espadas ha planteado "una consulta formal y vinculante" al secretario municipal. "He pedido al secretario que me informe a la mayor brevedad posible si procede o no la apertura de esos expedientes y si de los mismos se derivarían o no medidas cautelares para apartarles", resumió Juan Espadas, quien abogó por "ser absolutamente cuidadosos con las garantías y los derechos". El regidor municipal recalcó que el Ayuntamiento obrará "en función de lo que marque el secretario".

El alcalde reiteró que las presuntas irregularidades en estas oposiciones se generaron "durante el anterior mandato" al considerar que el ex alcalde popular Juan Ignacio Zoido no habría adoptado durante su etapa "medida alguna de análisis de responsabilidad o de adopción de medidas cautelares".

"El gobierno municipal (del PP) decidió la selección de los miembros del tribunal y después tuvo que tomar medidas respecto a lo que el tribunal había decidido. No hubo ninguna investigación sobre las responsabilidades o no que pudieran haber tenido responsables políticos que dirigían todo ese proceso de convocatoria pública, de selección de miembros del tribunal y de resolución de la convocatoria", declaró el alcalde socialista. Y concluyó que Zoido "debe dar alguna explicación pública".

Instantes después, el ex alcalde de Sevilla y portavoz del PP municipal, Juan Ignacio Zoido, manifestó a la prensa que siempre ha "defendido la colaboración absoluta con la Justicia". "Hay que colaborar con la Justicia. Es a lo que siempre me he dedicado, a defender la colaboración absoluta con la Justicia y facilitar toda aquella información que pidan y suministrarla cuanto antes", dijo.

El juez ha procesado, además, por filtrar las oposiciones para la Policía Local a cinco miembros del tribunal, a un empresario y a un miembro de la junta de personal del Ayuntamiento sevillano.

Según el juez, a las convocatorias de empleo público se presentaron "ciertos aspirantes a los que, sin tomar en consideración su mérito o capacidad, y sin perjuicio de que se pudiera llegar a dictar una resolución injusta, determinados miembros del tribunal tenían intención de favorecer". Y añade que el superintendente era en esas fechas compañero sentimental de la hermana de un opositor y tío de otro aspirante. En una de las dos convocatorias de 2012, un total de 19 aspirantes "obtuvieron de los miembros del Tribunal la filtración de la plantilla de corrección del examen caso práctico" antes de su celebración el 2 de junio de 2012 que fue realizada "de forma intencionada y con ánimo de favorecimiento" por el superintendente y otros cuatro miembros del Tribunal. En la segunda convocatoria, habrían resultado beneficiados 16 opositores.