El Juzgado de Primera Instancia número 22 ha dictado para el viernes a las 09:00 una nueva orden de desalojo sobre Juan Bautista, un anciano de 80 años que reside en una vivienda del número 3 de la calle Macasta, en pleno casco histórico de Sevilla, y que ha sido denunciado por su casero por el impago de las rentas de alquiler, según han informado un vecino del afectado y la concejal de Participa Sevilla Cristina Honorato. El Ayuntamiento asegura que ha "reforzado" su "protocolo antidesahucios" al tener constancia de la programación de estas tres órdenes de desalojo.

Cristina Honorato ha explicado que los vecinos de Juan Bautista han llevado hasta el Grupo municipal de Participa la nueva "orden de desalojo", que ha sido trasladada a "las unidades de trabajo social" o UTS, al objeto su movilización. "Parece que esta vez el desalojo se va a producir", ha augurado Cristina Honorato, toda vez que el juzgado ya suspendió el pasado 23 de septiembre la orden de desalojo prevista para esa jornada. De cualquier modo, Honorato ha explicado que Participa, así como las entidades sociales, van a "convocar" una acción ciudadana para intentar frenar pacíficamente el desalojo.

Todas las viviendas del número 3 de la calle Macasta, según explicaban la mañana del 23 de septiembre Juan Bautista y su vecino Emilio, pertenecen a un privado identificado como Ángel Abascal Jiménez, quien según exponen posee numerosas viviendas en el casco histórico de Sevilla, por ejemplo en las calles Cetina, Cervantes o Jesús del Gran Poder. Juan Bautista, de una palpable fragilidad física, reside en la vivienda de la planta baja "desde hace 17 años", procedente por cierto de un inmueble de la calle Cetina también propiedad de Ángel Abascal, según su relato.

"Se niega a cobrar"

Mientras el propietario del edificio habría denunciado ante el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Sevilla el supuesto impago de las rentas de alquiler en el que habría incurrido Juan Bautista, este anciano argumenta que el casero "se niega a cobrar" las rentas de alquiler y cuando las ha cobrado "no daba los recibos" a sus inquilinos, porque todo era "de palabra". Juan Bautista  mostraba a los medios de comunicación su vivienda, en un estado deplorable, repleta de humedades y hundimientos, con un mobiliario doméstico directamente vetusto, y acusaba a su casero de "abandonar" la conservación del edificio, que presenta claras deficiencias.

En ese sentido, denunciaba que el propietario del inmueble "decía que iba a arreglar" los desperfectos, pero en paralelo ha estado promoviendo denuncias judiciales contra los inquilinos por el supuesto impago de las rentas de alquiler, rentas que se habría "negado" a cobrar". "Nos ha engañado", enfatizaba opinando que las acciones judiciales del casero derivan de las crecientes "protestas" de los inquilinos por la falta de conservación y mantenimiento del inmueble.

El Consistorio "refuerza" su protocolo antidesahucios

El Ayuntamiento, según las fuentes, ha mantenido "activo" desde que llegara al poder su "protocolo antidesahucios" y ha "llevado a cabo un seguimiento de todos los casos" del número tres de la calle Macasta en una actuación coordinada a través del Centro de Servicios sociales de la zona y la Unidad Municipal de Intervención en Emergencias Sociales (Umies), un dispositivo que se ha "reforzado" ante la nueva orden judicial de desalojo "que afecta  a tres personas".

En todos los casos se ha realizado un seguimiento "personalizado" y se han puesto a disposición de las personas los recursos disponibles y más adecuados a las diferentes situaciones. Así, uno de los afectados cuenta con "plaza reservada" en un centro de acogida y ha aceptado acudir al mismo. En caso de ser necesaria, está en trámite también una plaza en una residencia por vía de exclusión social. El segundo de los afectados tiene también plaza reservada en un centro de acogida y el tercero está siendo sometido a "un seguimiento con muchas dificultades" por parte de los servicios sociales, que le han ofrecido "distintas opciones sin que hasta el momento haya mostrado disposición a ser atendido a través del proceso de intervención social municipal".