Los juzgados de lo Mercantil se transformarán en tribunales de instancia para luchar contra el colapso. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves el plan piloto que establece el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, una medida que aprobada por unanimidad el pasado 20 de enero por la junta sectorial de Jueces de lo Mercantil de Sevilla y que posteriormente fue ratificado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El plan piloto consiste en la organización en dos secciones de los cinco jueces que actualmente prestan servicio en los Juzgados de lo Mercantil número 1 y número 2 de Sevilla. Según ha informado el máximo órgano de gobierno de los jueces, la sección Primera agrupará a los jueces, a la letrada de la Administración de Justicia y al personal del Juzgado de lo Mercantil número 1, así como a la letrada compartida con el número 2; mientras que la sección Segunda comprenderá a los jueces, la letrada de la Administración de Justicia y el personal del juzgado número 2.

De los jueces que componen cada sección, uno será –por elección de sus compañeros para el plazo de un año- el coordinador de la misma. Uno de los dos coordinadores, además, representará al tribunal de instancia con el cargo de coordinador general, siendo elegido para un periodo de seis meses.

El reparto de los asuntos se acordará en junta de Jueces, y los de especial complejidad o que requieran una respuesta homogénea serán debatidos de forma colegiada y resueltos luego de forma unipersonal. Así, al menos una vez cada dos semanas se celebrará una reunión de coordinación en la que “se pondrán en común los asuntos de ese tipo para luego deliberar sobre ellos y formar una opinión colegiada”.

Por último, el Tribunal de Instancia elaborará acuerdos sobre distintas materias –incluidas guías de buenas prácticas- y los dará a conocer a los profesionales interesados, y mantendrá reuniones con los Colegios Profesionales relacionados con la actividad del órgano judicial.

El TSJA considera que el proyecto aprobado hoy permitirá “una mayor efectividad en el aprovechamiento de los recursos humanos con que cuentan ambos órganos judiciales, al tiempo que se facilitarían las sustituciones ordinarias entre los jueces titulares y adscritos y se fomentaría la unificación de criterios en aras de un deseable favorecimiento de la seguridad jurídica”.

La memoria anual del decanato de los juzgados de Sevilla  correspondiente a 2014 recogía el "extraordinario aumento" de las demandas por cláusulas abusivas que llegan a los juzgados de lo Mercantil y que ese año crecieron en 2.000 más. Los juzgados recibieron 5.608 asuntos en 2014, cuando el módulo de entrada que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fija como adecuado se sitúa entre 333 y 399 asuntos por juzgado y año.

En octubre de 2014, la Sala de Gobierno del TSJA ya había mostrado su preocupación por la "gravísima situación" en la que se encuentran los juzgados de lo Mercantil 1 y 2 de Sevilla y que el propio tribunal consideró que estaba "próxima al colapso" y "muy alejada del derecho a la tutela judicial efectiva que merecen los ciudadanos".

Como ejemplo de esta situación de colapso, destaca el hecho de que estos órganos judiciales se están viendo obligados a fijar la celebración de juicios a dos años vista, en concreto, para 2018, sobre todo en lo que se refiere a las reclamaciones en materia de transportes -como por ejemplo la pérdida de maletas de un viajero-, así como las cuestiones relacionadas con las cláusulas abusivas y las denominadas cláusulas suelo que afectan a los créditos hipotecarios.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, incoó una queja de oficio frente a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta por la situación que padecen estos juzgados, que soportan importantes "dilaciones" y un volumen de asuntos muy superior a los establecidos. Maeztu reconoció que desde hace varios años se viene asistiendo con creciente preocupación a la continua y progresiva recepción de escritos de queja, dirigidos por ciudadanos y profesionales del ámbito de la Administración de Justicia. Estas quejas, según el defensor, son "ejemplos claros de algunos de los graves problemas que afectan" a la Administración de Justicia y que han sido motivo de análisis específicos por parte de las memorias del TSJA y de la propia oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, a través de sus informes anuales al Parlamento.

Para Maeztu, "la situación actual de crisis económica y la repercusión legal y judicial que esta recesión ha generado en los operadores del mundo económico, financiero y laboral ha motivado el incremento, harto previsible, de multitud de iniciativas que han terminado residenciándose en los juzgados de lo Mercantil".