La revisión tarifaria del servicio público de bicicletas en alquiler que el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y delegado de Infraestructuras para la Sostenibilidad, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), presentó ayer como "el mejor acuerdo posible en las actuales circunstancias" permitirá a la empresa concesionaria del Sevici, la francesa JCDecaux, embolsarse de modo extra e inmediato un millón de euros en números redondos. Lo hará tras aplicar la subida del 150% en la tarifa del abono anual acordada entre la firma y el Consistorio, lo que implicará que la tasa de 10 euros anuales por la expedición de la tarjeta del Sevici pasará a costar 25 euros -todo ello sin contar la recarga inicial de 3 euros en concepto de saldo-, una revisión que, además, tendrá carácter retroactivo y se aplicará a todos los abonados de larga duración del sistema desde el pasado 1 de septiembre de 2009, según informaron ayer ambas partes.

La operación es simple: 15 euros de sobrecoste por 66.519 abonados de larga duración dan una cifra cercana al millón de euros, monto que vendrá a equilibrar las cuentas de JCDecaux que, con todo, insiste en que a la empresa el contrato suscrito con el Ayuntamiento de Sevilla "no es rentable".

La revisión tarifaria se aplicará con fecha de hace seis meses porque, según avanzó Torrijos, fue en septiembre pasado cuando se remitió una notificación a todos los abonados del Sevici en la que se les participaba que las tarifas serían actualizadas en el marco de una negociación que ahora finaliza "por lo que se aplicará desde que fue anunciada". JCDecaux permitirá a los usuarios que no estén de acuerdo con la medida rechazar el cargo del suplemento de los 15 euros, dándoles de baja en el sistema de modo inmediato sin cargo alguno pese a haber usado el Sevici estos seis meses.

Torrijos habló de septiembre pasado, cuando lo cierto es que el contrato inicial firmado en 2007 entre el Ayuntamiento y JCDecaux que blindó las tarifas por dos años a 10 euros el pase anual y a 5 euros el semanal expiró en abril de 2009. Fue entonces cuando se inició un proceso de negociación interno que se ha prolongado durante un año hasta ahora, algo que, en principio, sería sólo achacable a las partes negociadoras y no a los usuarios, que no tendrían por qué soportar el peso de pagar con carácter retroactivo una subida cuya demora en su aplicación es únicamente responsabilidad de JCDecaux y el Consistorio hispalense.

El abono semanal, que permite usar la bicicleta siete días y que hasta ahora costaba 5 euros, subirá un 100% hasta los 10 euros. En este caso, huelga aplicar el carácter retroactivo de la revisión tarifaria, ya que se trata de abonados (un total de 150.280 desde la inauguración del Sevici, mayoritariamente turistas) que ya no son usuarios del sistema de bicicletas públicas en alquiler. En ambos casos, en el abono anual y semanal, se mantiene la gratuidad del uso durante la primera media hora, así como las tarifas de 50 céntimos la primera hora de pago y un euro en adelante para el pase de larga duración y de uno y 2 euros, respectivamente, en el semanal.

Hace justo un año, cuando en los primeros encuentros entre empresa y Consistorio se filtró que la subida podría triplicar el precio inicial y alcanzar los 30 euros, Torrijos salió en defensa del interés público del sistema y espetó que "en ningún caso" aceptaría tarifas cercanas a esa cantidad. Ahora, a sólo 5 euros de diferencia, Torrijos opina que "el acuerdo es bueno" y la subida "razonable". Y trata de explicarse: "Esto no ha sido sólo una renovación de tarifas, sino que se han logrado algunas cositas, como la supresión de la fianza, la ampliación de estaciones y bicicletas, que el call center funcione en festivos y fines de semana, el refuerzo de las bicicletas contra el vandalismo... Pero, claro, a lo mejor eso no es valorable". En cualquier caso, Torrijos coincidió con el portavoz de la compañía, Íñigo de Prado, al aseverar que el contrato promocional firmado en 2007 era "insostenible" porque la contraprestación económica que recibía la empresa a través de la gestión de la publicidad en el mobiliario urbano hispalense ha caído un 30% por la crisis. "Los ingresos que viene obteniendo JCDecaux se reducen en términos globales a los abonos, y eso hacía peligrar el mantenimiento del servicio y las condiciones de gratuidad".

Tanto Torrijos como De Prado aludieron a la necesaria equiparación de las tarifas del Sevici con los precios que se aplican en otras capitales europeas y transoceánicas. Y pusieron ejemplos: Barcelona -30 euros, sólo para residentes y sin uso durante la madrugada-, Zaragoza -20 euros-, Montreal -78 euros-, París -29 euros-, Toulousse -25 euros-, Bruselas -30 euros-, Nantes -25 euros- y Madrid -pendiente de inauguración, a 25 euros, de pago desde el primer minuto e inactivo de madrugada-.

Los ponentes ofrecieron ejemplos pero evitaron comparar las nuevas tarifas de Sevilla con el resto de capitales españolas donde JCDecaux opera un servicio similar. En Córdoba y Gijón el servicio es gratuito por el bajo número de estaciones y bicicletas ofertado; en Santander cuesta 10 euros al estar vigente el primer año de contrato, y en Valencia arrancará en junio a 18 euros el bono anual.

JCDecaux, por tanto, aplicará en Sevilla la tarifa más alta de cuantas tiene establecidas en las ciudades donde opera a nivel nacional.

Pese a ello, Torrijos consideró que "no es un sistema caro porque aquí no se trata sólo de un servicio de bicis, sino de una apuesta de movilidad con casi 120 kilómetros de carril bici ya ejecutados", y llegó a decir en términos comparativos que la tarifa del bono anual es más barata que la tarjeta mensual de Tussam y que tres carreras de taxis. De Prado lo secundó y agregó que en Sevilla, por 50 céntimos a la semana, se puede usar la bicicleta de alquiler los 356 días del año, incluso de noche, y sin pagar durante la primera media hora, lo que no sucede en otras capitales del mundo.

Una cuestión más. Las nuevas tarifas tendrán fecha de aplicación desde septiembre pasado -falta que Urbanismo dé su visto bueno de modo definitivo-, pero no de expiración. Los pliegos de condiciones del contrato sólo establecían la revisión de las tarifas al cabo de los dos años. A partir de entonces, los precios recogerían la subida del IPC y se podrán modificar "de mutuo acuerdo entre las partes".