Mentir cuando se solicita plaza en una guardería sostenida con fondos públicos tiene un fuerte castigo. Los padres que durante el proceso de escolarización cometan fraude no podrán matricular a sus hijos en la escuela infantil solicitada, un supuesto que no recoje la orden de admisión de alumnos para las otras etapas educativas, pese a la petición de las familias de que se sancione con mayor dureza a quienes aporten datos falsos para conseguir una vacante en los colegios.

La propia Consejería de Educación ha sido la encargada de elaborar este año la orden de escolarización para niños menores de tres años, una etapa voluntaria al igual que el segundo ciclo de Infantil (de 3 a 6 años), en la que el "castigo" por cometer fraude no se limita a la perdida de puntos del aspirante, sino que contempla la baja del menor de la guardería y la imposibilidad de matricularse en ella. Una sanción "ejemplarizante" que establece el artículo 17 de dicha orden, en el que se incluye como primera circunstancia para la baja de un niño "la falsedad en los datos o documentos aportados por la persona solicitante". A partir de entonces, a la familia le está prohibida la escolarización del niño en dicha guardería, sólo le queda alegar ante la decisión tomada por el consejo escolar, en el caso de las escuelas infantiles públicas, o de la dirección si se trata de un centro de educación infantil conveniado.

Sin embargo, este supuesto está muy lejos de contemplarse en los colegios, donde la retirada de puntos por el concepto en el que habían aportado documentos falsos es la única sanción que establece Educación, lo que permite, incluso, que el niño pueda seguir escolarizado en el centro. Por este motivo, las ampas y las plataformas de padres cuyos hijos no han conseguido entrar en los colegios solicitados vienen pidiendo desde hace años que se endurezca la orden contra los actos fraudulentos, una reclamación a la que se ha sumado este año el Defensor del Pueblo, a cuya oficina han llegado numerosas reclamaciones de familias afectadas.

La base sobre la que se asienta el derecho de los consejos escolares o la dirección de las guarderías a dar de baja a un menor cuyos padres hayan cometido fraude es el carácter voluntario de esta etapa, por lo que la Administración autonómica no está obligada a garantizar la escolarización de los niños. Un argumento que también puede aplicarse al segundo ciclo de Infantil de los colegios, etapa que tampoco es obligatoria. Por esta razón varios padres han planteado ya la posibilidad de que se contemple la baja de un menor entre los aspirantes a ocupar la plaza de un colegio si se comprueba que sus datos son falsos, una plaza que, por otro lado, garantiza la permanencia del alumno hasta la Primaria, cuando la escolarización ya es obligatoria.

La oferta pública de guarderías para el próximo curso es de 17.769 plazas, un 4% más que en el presente curso. Esta cifra puede incrementarse con la apertura de nuevas escuelas infantiles para septiembre.