Los mayoristas de pescado aseguraron ayer que carecen de libertad empresarial y solicitaron que se elimine el canon impuesto por Mercasevilla de forma gradual, ya que afirman que redunda en el precio final del producto con el consecuente perjuicio para los consumidores. Este fue el principal tema tratado en el debate que mantuvieron ayer con el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, quien se comprometió a cumplir todos los dictámenes y sentencias emitidos por instituciones competentes relacionados con este asunto y a acabar con estos cobros de una manera "gradual, ya que si la aplicación de estos dictámenes se hiciera de forma inmediata, haría inviable la empresa", declaró.

"Reclamamos unos derechos que creemos que tenemos", aseguró Salvador López, presidente de los mayoristas de pescado. Este empresario se quejó de la falta "total y absoluta" de libertad empresarial, ya que Mercasevilla les impone una serie de servicios de descarga y facturación. López aseguró que la empresa no les permite innovar en sus productos ni tener sus propios sistemas informáticos. "Ni siquiera tenemos la posibilidad de equivocarnos a la hora de gestionar nuestros propios negocios", manifestó el presidente, quien declaró que esta situación en el siglo XXI es algo "insólito con lo que tenemos que acabar".

José Ramón Rodríguez, gerente de los mayoristas, señaló que lo único que persiguen es "ser como cualquier empresa". Rodríguez explicó que los mayoristas sufren cuatro infracciones. "Tenemos una falta de libertad de empresa, discriminación respecto del resto de compañeros de España, se atenta contra el principio de igualdad y además eso causa un quebrante en los derechos de los consumidores". El gerente aseveró que seguirán luchando para que se modifique la actual normativa sin que se pierda ninguno de los 93 puestos de trabajo de los empleados de Mercasevilla. "Estamos dispuestos a negociar y asumir algunos de estos puestos".