Llevaría cobrados 112.149,34 euros en concepto de su prejubilación en Mercasevilla, pero no figura ni ha figurado nunca en la plantilla de la empresa. Se trata de Antonio Garrido Santoyo, responsable de política municipal del PSOE de Baeza (Jaén) y actual presidente del club de fútbol de la localidad. En la documentación que obra en poder de la juez que investiga la triple trama de Mercasevilla (pago de supuestas comisiones, adjudicación fraudulenta de la parcela de la entidad y posibles delitos societarios), consta el pago de varias mensualidades en concepto de una prejubilación con cargo al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) e incluso el compromiso de pago de otras cantidades hasta el año 2035, lo que le reportaría hasta un total 131.000 euros. Según siempre la misma documentación, Garrido habría cobrado de noviembre de 2007 a abril de 2009 un total de 18 mensualidades por valor de 5.876 euros.

Mercasevilla incluyó en su ERE a un hombre que nunca trabajó en la empresa pública y que es amigo del dueño de Maginae Solutions, la empresa contratada precisamente para asesorar dicha regulación laboral.

El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento, Beltrán Pérez, denunció ayer la inclusión en el ERE de este dirigente socialista jiennense. Pérez precisó que su grupo político -que ejerce la acusación en el caso Mercasevilla- pedirá explicaciones al gobierno municipal y "a quienes han participado en una gestión fraudulenta que supone un escándalo".

Como curiosidad reveladora, el portavoz adjunto del PP municipal refirió que Garrido sólo tiene cuatro amigos en su perfil de la red social Facebook y uno de ellos es Ismael Sierra, dueño de la empresa Maginae Solutions -contratada para asesorar el ERE de Mercasevilla- y cuñado del ex dirigente de UGT Juan Lanzas, que ha sido citado en las diligencias judiciales como intermediario en las subvenciones de la empresa. "En Mercasevilla, siempre que aparece un escándalo apunta a Jaén", por lo que, según Pérez, los nuevos datos "forman parte de una trama de intereses en esa provincia", dijo en referencia al secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías.

"Así se ha gastado el patrimonio de Mercasevilla, en mariscadas, en ventas irregulares de suelo y en prejubilaciones de amigos", mientras los cuarenta trabajadores de la empresa "se acogieron de buena fe a un ERE y hoy se ven sin trabajo, sin prestaciones y en la más absoluta de las miserias". Uno de los hechos que investiga la juez se refiere a los ERE de Mercasevilla y el compromiso de financiación por parte de la Junta, que lo ha negado.

Pérez aprovechó su comparecencia de ayer para exhibir el documento que el 5 de noviembre de 2007 firmó el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, mostrando la "conformidad" de su departamento en cuanto a la "suscripción" de una póliza para 19 ex trabajadores de la sociedad mixta. El mismo documento refleja el "compromiso" de abono de 3.410.134,53 euros y a él está asociado otro documento de la póliza contratada a tal efecto por Mercasevilla, pues en ambos casos coinciden la cuantía de 3.410.134,53 euros con cargo a la Administración autonómica y la fecha prevista para el ingreso; el 1 de abril de 2008.

Sin embargo, mientras en el documento que firma Francisco Javier Guerrero la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social alude a 19 trabajadores de Mercasevilla, en el posterior documento de la póliza en cuestión sólo figuran los nombres de 18 personas. Uno de los nombres, según ha explicado Beltrán Pérez, es el de Antonio Garrido Santoyo, alguien que "nunca ha trabajado" en el mercado central de abastos, tal como certifica el área de Personal y Recursos Humanos. Pérez fue tajante: "Confío en que esto se trate de un error, porque está visto y comprobado que de Mercasevilla no van a dejar ni las cáscaras". El comité de empresa expresó ayer su "indignación y estupor" por estos hechos.