La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en Mercasevilla, ha imputado al gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Millán, por la concesión de la licencia de primera ocupación a la empresa Sanma, filial de la constructora malagueña Sando.

La magistrada ha dictado un auto en el que señala que la imputación de Miguel Ángel Millán y del funcionario de Urbanismo José Manuel Ferrera -aparejador adjunto al jefe de Sección del servicio de Licencias de Primera Ocupación- es procedente una vez analizados los "expedientes de licencia de edificación, de licencia de primera ocupación, la documental remitida por Sevillana-Endesa", y las declaraciones de la funcionaria de Urbanismo Emilia Barrial, que también está imputada, y del técnico Luis Gómez. Miguel Ángel Millán y José Manuel Ferrera comparecerán ante la juez el próximo 2 de marzo.

La última declaración en esta causa fue precisamente la de la subjefa del Servicio de Licencias Urbanísticas, Emilia Barrial, quien aseguró a la juez que no recibió ninguna orden del entonces gerente Manuel Marchena para que paralizase la licencia que había solicitado la inmobiliaria Larena 98, que tenía un derecho de superficie para construir unas naves y oficinas en los suelos del Mercado Central de Abastos.

La juez entiende que hubo un tratamiento distinto para la solicitud de licencias realizadas por Larena 98 y Sanma. En cuanto a esta última empresa, la instructora considera su solicitud de edificación, a pesar de que subsistían los mismos problemas por la ausencia de infraestructura eléctrica, "corrió distinta suerte que la de Larena, pues existía indiciariamente interés por parte del Ayuntamiento y por ende del gerente de Urbanismo Manuel Marchena de que dicha licencia se otorgara", según recogió entre los hechos que imputó en su día a la funcionaria Emilia Barrial.

En esta ramificación del caso Mercasevilla están imputados también el ex gerente de Urbanismo Manuel Marchena, que aún no ha sido citado a declarar, dos funcionarias de Urbanismo, María Victoria Bustamante y Emilia Barrial, y el ex asesor jurídico del Mercado central, el abogado Jorge Piñero. En esta causa, la más voluminosa, la juez mantiene imputadas a 15 personas, entre ellas el ex edil del PSOE y ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo, y el ex asesor del alcalde y del grupo socialista y ex director del área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño.

La juez investiga en esta variante del caso la presunta autoría de delitos de prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas y fraude y exacciones ilegales de funcionarios públicos, entre otros.