El Ministerio del Interior ha estrenado oficialmente los nuevos cuestionarios de evaluación policial del riesgo de violencia de género, un protocolo cuya elaboración se anunció en abril de 2014 y que tras una primera fase de pruebas comenzó a funcionar para la Guardia Civil y la Policía Nacional de Alicante desde ayer. A partir del 1 de agosto se irá extendiendo por todo el territorio nacional hasta quedar implantado en el mes de septiembre, según las previsiones oficiales.

Se trata del cuestionario estándar que realizan los agentes a las víctimas que denuncian violencia de género para tratar de medir el peligro que afrontan por culpa de sus agresores. En función de las respuestas a una batería de preguntas tipo test, diagnostican si hay riesgo o no y su grado.

El resultado se remite al juez, que lo tiene en cuenta para decidir si dicta medidas de protección de la mujer y sus hijos, en caso de haberlos. Según la Ley Integral, debería tener también un informe de una Unidad de Valoración Forense Integral que estudie las circunstancias de la víctima, de su entorno y de su agresor, pero estos equipos no están implantados del todo, así que el dictamen policial es a menudo el único que tiene el juzgado.

Según los informes sobre víctimas mortales con denuncia previa del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, en 2012, sólo cinco de estas mujeres que pese a denunciar acabaron asesinadas pasaron por la evaluación policial de riesgo y sólo en un caso se diagnosticó que el riesgo era alto. En 2013, fueron cuatro las denunciantes evaluadas que terminaron muertas y en ningún caso se apreció que estuviesen en riesgo alto o extremo.

Entre las novedades del nuevo protocolo, la incorporación entre otros ítems de la existencia de antecedentes familiares de violencia de género de la víctima, si tiene discapacidad, enfermedad grave o trastorno, si está embarazada o si tiene familiares adultos o niños a su cargo, junto a datos de su situación laboral y de dependencia o independencia económica respecto del agresor.

Sobre él, los test tendrán en cuenta si la víctima está en "trámites judiciales de separación y/o divorcio no deseados por el agresor", si ha entablado una nueva relación sentimental que el maltratador no acepta, la situación laboral y económica de él y otros rasgos concretos que puedan revelar su peligrosidad, como si utiliza para el acoso las nuevas tecnologías.

Hasta ahora, el protocolo dictaba que se recomendarían recursos policiales de protección cuando la mujer reuniese 16 indicadores de vulnerabilidad, indicadores que pasarán a ser 39 agrupados en factores, según la información del equipo de la Autónoma que trabajó en el proyecto con la Secretaría de Estado de Seguridad.