El primer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Antonio Rodrigo Rorrijos (IU), reclamó ayer a la Concejalía de Movilidad (PSOE) del Ayuntamiento que "acelere de una vez por todas el cierre del casco histórico al tráfico privado" a la vez que preserva el derecho de paso de residentes y comerciantes que cuenten con su autorización, y potencia el transporte público, las bicicletas y los itinerarios peatonales en el distrito centro.

En declaraciones a este periódico, Torrijos aseguró que es posible responder "rápidamente y con premura" a la licitadora que ha impugnado el concurso para instalar las cámaras de control en los accesos al centro y así no dilatar aún más la solución al problema de la saturación de tráfico. El contrato de las cámaras se adjudicó provisionalmente a la empresa SICE a finales de julio pasado; en los 15 días siguientes se produjo la impugnación, pero ni la mesa de contratación ni la asesoría jurídica han emitido oficialmente una respuesta hasta la fecha, admite Movilidad.

Respecto a este nuevo escollo surgido para aplicar esta medida prevista en la ordenanza de peatones y ciclistas (en vigor desde noviembre de 2007 y modificada en abril de 2008), Torrijos aclaró que la impugnación se ha debido a "problemas administrativos relacionados con la baremación de los pliegos del concurso" -algo "normal, aunque no muy habitual" en los concursos, sostiene- y afirmó que respeta el recurso presentado por una de las empresas licitadoras aunque "no es una buena noticia ni para Movilidad ni para el gobierno local porque la restricción de tráfico obedece a un modelo de ciudad previsto en el PGOU que se está construyendo no sin resistencia".

El concejal de Infraestructuras recordó que la ordenanza está en vigor pese a los recursos en contra de varios colectivos y pese a que el Ayuntamiento recurrió en su defensa ante el Tribunal Supremo. El edil agrega que el distrito Casco Antiguo sí ha hecho sus deberes emitiendo tarjetas de acceso para que residentes (más de 23.000 hasta ahora) puedan circular por el centro.

Desde que se aprobó la ordenanza en 2007, es la cuarta vez que Movilidad retrasa el cierre del centro al tráfico privado. El primer retraso se anunció en agosto de 2008 por la presión de vecinos y comerciantes; el segundo, en noviembre de ese año cuando se supo que aún no se había licitado el concurso y, en enero de 2009, se añade al pliego de condiciones otro año más de plazo al contratista para instalar las cámaras. El cuarto retraso procede del recurso citado y supone que hasta mediados de 2010 no se aplicará la medida.

La asociación ciclista A Contramano lamentó ayer este nuevo retraso para "la pacificación del tráfico de bicis" en el casco antiguo. "El cierre del centro ya debía haberse aplicado por ordenanza. El recurso es una complicación más y esperamos que la ordenanza se cumpla cuanto antes para hacer la ciudad más habitable", declaró un portavoz. Según Infraestructuras, al centro entran a diario más de 26.000 bicicletas (6.000 públicas y más de 20.000 privadas).