Un pueblo, o parte de éste, puede tener la aspiración legítima a la independencia. Pero ésta no es un fin en sí misma; no puede situarse por encima de la ley. La aspiración a la independencia es un sentimiento compartido por muchos catalanes, pero este sentimiento no puede ir contra la razón democrática de las normas de convivencia que nos hemos dado españoles y catalanes. La independencia sólo puede convertirse en razón democrática cuando se acata la Constitución y el procedimiento establecido para su reforma.

En buena parte de la etapa democrática, el nacionalismo catalán se identificó con el catalanismo identitario: la singularidad cultural y lingüística reconocida por la Constitución. ¿Cómo explicar ahora el tránsito de una parte de la burguesía catalana desde el catalanismo democrático hasta el independentismo, con sus representantes arrastrados por la extrema izquierda y el populismo?, ¿cómo explicar la manipulación victimista del pretendido agravio y explotación del Estado español sobre Cataluña? El "España nos roba" desempeñó un papel crucial para atizar el sentimiento independentista de muchos catalanes. Y llegados a este punto, ¿es necesario recordar que pocos pueblos en un Estado democrático han alcanzado el nivel de autogobierno y las competencias reconocidas a Cataluña?

Sólo vislumbro una puerta abierta: la celebración de elecciones catalanas

El pasado 1 de octubre, el sentimiento independentista chocó contra la razón democrática. Por una parte, no hubo referéndum legal ni ilegal, sólo un simulacro del mismo que no otorga legitimidad democrática a una declaración unilateral de independencia (DUI). Pero, por otra, no conviene ponerse de perfil ante la gravedad de lo ocurrido dicho día: el sentimiento independentista tuvo un eficaz recorrido mediático. Las imágenes de la actuación policial contribuyeron a ello, aunque habrá que preguntarse ¿cómo se mide la proporcionalidad en la actuación de las fuerzas de seguridad con un mandato judicial estricto y con la inhibición de los Mossos d'Esquadra ante la situación creada? También ha sido más sencillo trasladar el mensaje de que "democracia es votar" y el Estado español no ha dejado votar. Más difícil es explicar que la "democracia es votar" cuando se respetan la ley y las reglas previas que todos, incluidos los catalanes, nos hemos dado para votar democraticamente. De no ser así, el "voto" puede conducir, como ha ocurrido en Cataluña, a situaciones antidemocráticas y totalitarias.

El Gobierno debe tomar nota de lo ocurrido y asumir la responsabilidad de un relato coherente y compartido por los ciudadanos que elimine incertidumbres en la estrategia seguir ante la DUI, sea la aplicación del artículo 155 de la Constitución o de la Ley de Seguridad Nacional o cualquier otra medida que el Gobierno entienda necesaria. Ante la gravedad de la crisis, la mayor razón de Estado es la defensa de la razón democrática frente al riesgo de secesión de una parte de España. Razón de Estado que exige unidad y coherencia de los partidos políticos constitucionalistas, pero también diálogo y negociación política para buscar una salida.

Pero el camino no será fácil y una vez que fracase la pretensión de Puigdemont de una mediación internacional aparecen varios interrogantes. El primero: si los independentistas han quemado todo el recorrido hasta llegar a la DUI, ¿pueden rebajar sus planteamientos renunciando a la misma? El segundo, en el supuesto de la renuncia: ¿cuál sería el precio a exigir?, un camino pactado hacia el ejercicio del derecho de autodeterminación o bien la ampliación del autogobierno en el marco de una reforma constitucional y estatutaria. Y el tercero: ¿es posible una negociación ahora?

He leído y oído sobre la conveniencia de "enfriar" la situación. Sólo vislumbro una puerta abierta: la celebración de elecciones catalanas, con el riesgo de que se repita la actual relación de fuerzas. Pero cabe también que ante la imposibilidad de la independencia un nuevo Gobierno catalán busque una solución pactada en el marco de una reforma constitucional votada por todos los españoles. Es decir, conciliar el sentimiento con la razón democrática.