La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, ha denunciado este lunes que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contraria a la doctrina Parot es "el coste del mal llamado proceso de paz" puesto en marcha durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

Blanco, junto a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, se ha reunido esta tarde con los ministros de Interior y Justicia, Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz Gallardón, para analizar las consecuencias de la decisión de Estrasburgo avalando la sentencia que condena a España por la aplicación de la doctrina Parot a la etarra Inés del Río. La hermana del concejal de PP Miguel Ángel Blanco asesinado por ETA en 1997 ha arremetido contra la negociación con ETA emprendida por el Ejecutivo de Zapatero y ha asegurado que la derogación de la doctrina Parot estaba en la "hoja de ruta" de ese proceso de paz.

En este marco, tanto Blanco como Pedraza han coincidido en que el magistrado español en el TEDH, José Luis López Guerra, "ha cumplido perfectamente su papel". López Guerra fue secretario de Estado de Justicia entre 2004 y 2007 y ha votado a favor de la derogación de la doctrina Paroten Estrasburgo.  Ambas han trasladado a los ministros de Interior y Justicia su malestar por la presencia del ex secretario de Estado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero el Gobierno les ha trasladado que no es posible su relevo porque aún le queda "un año y medio" de mandato.  "Yo ya sólo espero que a partir de hoy, él y todos los que han participado en esta decisión no puedan dormir tranquilos. Han hecho tanto daño que no lo pagarán en toda su vida", ha afirmado Pedraza. En este punto, han celebrado que la sentencia no sea "generalizada" y cada preso que quiera acogerse a ella deba presentar su recurso uno a uno. Así, han pedido "altura de miras" a la Audiencia Nacional para evitar una salida masiva de presos. "No podemos ver un autobús de salida de presos", ha dejado claro Pedraza.

Blanco, que ha calificado la decisión de Estrasburgo de "disparate político, jurídico, ético y moral", ha reconocido que es un día "muy complicado" para las víctimas, a quienes sólo queda la esperanza de la justicia después de "enterrar" a sus familiares. Mientras, la presidenta de la AVT ha trasladado a los ministros su petición de que el Gobierno no acate la sentencia, pero los miembros del Ejecutivo le han transmitido que los pasos a seguir están ahora en manos de la Audiencia Nacional. Lo que sí depende del Gobierno es la "agilización" de la implantación de la prisión permanente revisable, algo que Gallardón ha asegurado que se hará.

Según han reconocido, en el encuentro no han abordado la posibilidad de "ingeniería jurídica", como Fernández Díaz llamó a los mecanismos para dilatar su aplicación, pero sí han insistido en que, dentro del marco legal existente, se evite una salida masiva de presos. Además, el Gobierno les ha asegurado que ya existen órdenes para actuar contra cualquier caso de enaltecimiento del terrorismo que pudiera darse, aunque han advertido que estarán "vigilantes" para que todas estas acciones sean prohibidas y recurridas.

Otras reacciones

La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Robles cree que los tribunales españoles deben aplicar la jurisprudencia del TEDH, bien de oficio o a petición de otros presos, porque la sentencia que condena a España por aplicarla tan sólo se refiere al caso concreto de la presa de ETA Inés del Río.  Además, ha afirmado que la aplicación de las normas no corresponde al Gobierno, sino a los jueces, y ha mostrado su "plena confianza" en que los tribunales españoles respetarán la sentencia dictada por el TEDH.  "Efectivamente son los tribunales o los juzgados de Vigilancia Penitenciaria, los tribunales sentenciadores en cada caso, a los que corresponderá aplicar la doctrina y, en ese sentido, porque lo hagan de oficio o bien en respuesta a la petición concreta el recluso, tendrá que dictar una resolución que necesariamente tiene que ser respetuosa con la que se ha tomado hoy en el Tribunal Europeo", ha indicado. La magistrada ha considerado que "el análisis que se haga de la sentencia tiene que ser un análisis jurídico". "No entiendo mucho ese interés en querer politizar la sentencia", ha apuntado. Ha considerado que los ministros de Interior y de Justicia, Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz Gallarón, respectivamente, sólo pueden hacer consideraciones de "respeto y acatar la sentencia".

La Asociación de Fiscales (AF) se ha mostrado prudente a la hora de pronunciarse. "Antes de emitir una opinión sobre el fallo, preferimos estudiar a fondo la sentencia y por eso queremos ser muy prudentes", ha declarado la presidenta de la AF, Concepción Talón Navarro.

El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha dicho que su partido "acata" la sentencia pero que le "repugnan" las consecuencias que pueda tener en algunos casos, porque "no puede valer lo mismo matar a una persona que a 24". Desde el PSE-EE, Idoia Mendia ha afirmado que "lo que corresponde es que el Gobierno acate" y que tome las disposiciones necesarias para aplicar la sentencia "sin dilaciones ni subterfugios legales". A su entender, ahora "lo que corresponde es que el Gobierno acate y tome las disposiciones correspondientes para que pueda ser aplicada la sentencia sin dilaciones ni subterfugios legales para eludir el contenido de la sentencia". Aunque ha reconocido que la posible excarcelación de Del Río y de otros presos a los que pueda afectar la sentencia puede generar "alarma social" y "causar dolor" en las víctimas y sus familiares, ha añadido que "son las reglas del juego que nos dimos y tenemos en la democracia". Asimismo, ha destacado la unanimidad lograda en relación a la puesta en libertad de Del Río.

Desde UPyD, Rosa Díez, ha lamentado la decisión y ha instado al Gobierno a "amparar" a las víctimas del terrorismo y a no aplicar "el derecho contra la justicia". La diputada de UPyD considera que si "los enemigos de la democracia encuentran amparo en Estrasburgo", sus víctimas, "la democracia en sí misma", deben encontrarlo en el Gobierno de España, "como antes ocurrió con el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional". Por ello, Díez ha avanzado que pedirá al Ejecutivo de Mariano Rajoy que aplique el fallo del TEDH de forma que "se haga justicia" y que "no se violente ni se haga sufrir más a las víctimas de los criminales más sanguinarios que están en las cárceles". "El Gobierno debe proteger a los ciudadanos y buscar la fórmula para que no se aplique el derecho contra la justicia -ha dicho la líder de la formación magenta-. Que se haga justicia con la sentencia, en definitiva".

Por último, el diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares pide al Ejecutivo que acate el fallo y que no busque subterfugios, como "retenciones ilegales", que puedan llevar a futuras condenas.