Justicia y sucesos

Imprudencia en Castelldefels

  • El accidente ferroviario más grave de los últimos treinta años en nuestro país se cobró la vida de doce jóvenes inmigrantes

Marta Ferraro

Todos eran jóvenes e inmigrantes. Todos se disponían a festejar la verbena de San Juan en la playa y a todos les abandonó esa noche una compañera que podría haber evitado la tragedia. La prudencia faltó el 23 de junio en Castelldefels. Su ausencia truncó la vida de doce jóvenes y de sus familias y provocó el accidente ferroviario más grave de los últimos treinta años en España.

Los hechos ocurrieron pasadas las 23.23 de la noche, cuando un grupo de unas 30 personas que bajaba de un tren de cercanías decide cruzar las vías del apeadero de Castelldefels para llegar a la playa y disfrutar de conciertos y botellones. Habían viajado desde Barcelona y poblaciones limítrofes para celebrar la verbena, pero en lugar de utilizar el túnel subterráneo, que se encontraba colapsado por el resto de viajeros, optaron por un camino más corto y saltaron a las vías. En ese mismo momento, un tren Alaris, que circulaba a 139 kilómetros por hora, atravesó la estación y arrolló a los jóvenes. Las señales acústicas reglamentarias que emitió el conductor no impidieron la tragedia. Doce personas murieron y catorce resultaron heridas. El estado en que quedaron los cuerpos dificultó la identificación de las víctimas.

Siete de las personas fallecidas eran ecuatorianas, dos bolivianas, dos colombiana y una, la última en ser identificada, de Rumanía. Tenían edades comprendidas entre 17 y 39 años. A pesar de las diligencias emprendidas por familiares que buscaban responsabilidades en la Administración, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Gavà archivó el caso el 30 de julio, al concluir que no existían indicios de ningún hecho delictivo. La resolución concluyó que el apeadero, reformado en octubre de 2009, cumplía con toda la normativa de seguridad, que el tren circulaba a la velocidad permitida y que el accidente se debió a la imprudencia y temeridad de las víctimas. El embajador de Ecuador en España, no satisfecho con el informe, presentó el mismo 30 de julio un recurso para conseguir la reapertura de la causa.

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