Campus en Palmas Altas

El Consejo de Gobierno aprobará el martes la compra de los edificios para la Ciudad de la Justicia

Los dos edificios que la Junta comprará para la Ciudad de la Justicia de Sevilla.

Los dos edificios que la Junta comprará para la Ciudad de la Justicia de Sevilla. / juan carlos vázquez

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará el próximo martes la compra de dos edificios a la multinacional sevillana Abengoa donde irá la futura Ciudad de la Justicia de Sevilla, en la que la Administración andaluza realizará una inversión aproximada de 52 millones en su adquisición. Según han confirmado a este periódico fuentes de la Consejería de Justicia y Administración Local, que dirige Juan Marín, en estos días se están revisando los últimos flecos de la operación, que está previsto que se apruebe en la reunión del Consejo de Gobierno del próximo martes.

El Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, anunció en octubre pasado que la multinacional sevillana Abengoa, actualmente declarada en concurso voluntario de acreedores, registró oficialmente la oferta de la Junta de Andalucía para la adquisición del complejo de su campus tecnológico del sector Palmas Altas, una operación destinada a la instalación en dicho recinto de la futura Ciudad de la Justicia de Sevilla.

La inversión total de la Junta en el futuro complejo se elevará a 174 millones, incluida la compraventa de dos parcelas, una para usos judiciales y otra para aparcamientos, así como la adaptación de los edificios y las nuevas construcciones. La intención de la Junta es poder formalizar la operación de compra y venta antes de que finalice el actual ejercicio, una vez que obtenga los preceptivos informes de Patrimonio, la Intervención General y el Gabinete Jurídico.

Juan Marín recordó recientemente que el pasado 6 de octubre la Junta recibió la oferta formal de venta del complejo por un precio de 51.905.000 euros por parte de representantes del Centro Tecnológico Palmas Altas (CTPA), única entidad que presenta una propuesta tras la publicación de un anuncio en un medio de comunicación el 9 de septiembre sobre la voluntad de la Consejería de adquirir inmuebles cuyo destino serían la Ciudad de la Justicia de Sevilla.

Esta oferta de 51,9 millones realmente implica un desembolso de 49 millones por parte de la Junta, ya que a esta cantidad hay que restar 2,9 millones por el alquiler de algunas dependencias que la empresa vendedora mantendría durante 30 meses en el campus, y durante este tiempo se van a llevar a cabo trabajos de redacción del proyecto, licitación y los contratos necesarios para la ejecución de las obras de remodelación. Según la Junta, las condiciones de compra son muy ventajosas para la Administración autonómica, ya que el valor de mercado que señala la tasación de los edificios de Palmas Altas supera los 78 millones de euros.

Con estas condiciones el coste total -incluido el precio de compra y las obras a realizar en el complejo- de la Ciudad de la Justicia será de 174 millones, un precio muy por debajo de los 208 millones, 237 millones o 267 millones de las tres hipotéticas instalaciones barajadas durante las últimas décadas.

Vista simulada de la Ciudad de la Justicia de Sevilla Vista simulada de la Ciudad de la Justicia de Sevilla

Vista simulada de la Ciudad de la Justicia de Sevilla

La adquisición del Campus Palmas Altas y las dos parcelas -en las que se construirá un nuevo edificio de uso judicial y otro para aparcamientos- es la única opción de todas las barajadas que permite acabar con la dispersión de sedes, ofrece una mayor superficie edificable presente y futura y una notable mejoría en la prestación del servicio público, además de una mayor eficiencia económica al eliminar el coste de alquileres actuales, según destacó en su momento el consejero de Justicia.

Además, dotará a Sevilla de una Ciudad de la Justicia acorde con la entidad y la capitalidad de la misma, así como al volumen de trabajadores y usuarios y supondrá obtener el mejor conjunto de edificios de la comunidad autónoma para el patrimonio de la Junta y para la Administración de Justicia.

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