Los titulares de juzgados unipersonales de Sevilla afrontan la “nueva normalidad” judicial con dos preocupaciones fundamentales: la reducción de sus juicios a la mitad si no disponen de suficientes salas con medidas de protección y la avalancha de asuntos en ciertas jurisdicciones.

Por ejemplo, los once jueces de lo Social -que deberán resolver los  despidos y ERE derivados del coronavirus- estaban señalando antes de la alarma para 2023 y ahora calculan que, si no se ponen medios, acumularán uno o dos años más de retraso.   

Los dos meses y medio de estado de alarma les han reportado una única alegría: quedarse sin sentencias pendientes. “Por primera vez en mi vida estoy totalmente al día”, comenta más de un juez “de trinchera” a este periódico.

Una de sus preocupaciones es la seguridad: en el edificio Noga, donde celebran juicios los 15 juzgados de lo Penal y once de lo Social, pueden entrar al día un millar de personas, con presos incluidos, y tiene algunas carencias graves como los ascensores. El edificio tiene 13 salas de vistas a repartir entre los 26 juzgados de estas dos jurisdicciones más los dos nuevos que van a entrar en funcionamiento cuando se restablezca la normalidad.

En lo laboral, los jueces lamentan que el sistema telemático no esté previsto para sus vistas, donde “la prueba se conoce y se produce en el acto del juicio”. “Yo no puedo arriesgarme a concentrar a 40 personas sin conocer las medidas de seguridad con las que cuento. Sería terrible que en estos juzgados se produjera un gran contagio”, lamenta una juez.

Los juzgados de lo Social celebraban antes del coronavirus una veintena de juicios a la semana, repartidos entre dos días, y ahora se plantean reducirlos a la mitad.

“Desearía volver a mi desastre de normalidad”

Ante el incierto futuro, una juez dice que “desearía volver a mi desastre de normalidad” anterior al coronavirus. Ahora, la “nueva normalidad que se anuncia es imposible sin medios. Reorganizar la agenda es imposible sin saber las salas de vista habilitadas con las que contaremos, su aforo y medios de prevención”, indica otro juez del Noga.

A la espera de conocerlo, la Junta de Jueces de Familia decidió reducir sus señalamientos y vistas en un 50% hasta tres meses después del levantamiento del estado de alarma. Eso significa pasar de una media de unos diez juicios al día a cinco, según fuentes judiciales.

Los juzgados de Familia está probando estos días las videoconferencias con el sistema Circuit y también proponen a los abogados presentar por escrito sus conclusiones. El problema es que se puede prescindir de las vistas cuando solo se discuten aspectos económicos pero no cuando hay que escuchar a los hijos.

Familia es la tercera jurisdicción que va a estrenar ahora un nuevo juzgado, que hará el sexto, y prevé un incremento de asuntos derivados de los incumplimientos del régimen de visitas durante el confinamiento o por modificación de las pensiones de alimentos. “Los progenitores deben ser conciliadores, rebajar las ideas que traen y hacerse a la idea de que no van a poder pagarse las pensiones anteriores”, opina una fiscal de Familia.

Los jueces de lo Contencioso-Administrativo son los únicos que no prevén un empeoramiento de su situación pues antes de la alarma tenían un retraso de entre un mes y medio y seis meses. A ellos les corresponderán los recursos contra las multas por incumplir el confinamiento, las posibles demandas por denegación de ayudas o las reclamaciones contra residencias de ancianos públicas, que empezarían a llegar a final de año una vez superado el trámite administrativo. Pero calculan que en un mes y medio pueden solventar su retraso.

En cuanto a los veinte días de agosto habilitados, hay magistrados que piensan convocar juicios en esos días “en concordancia con la situación extraordinaria que estamos viviendo”. Pero la mayoría reconoce el derecho al descanso de los abogados y los altos riesgos de suspensión. De hecho, recuerdan que las normas de vacaciones emitidas por el TSJA prevén para agosto un juez por jurisdicción en la mayoría de los casos. “Un solo juez no puede atender lo urgente y los juicios que él haya señalado”, afirma uno de estos magistrados.

Los jueces apoyan en general las medidas que se han ido adoptando tales como pedir a las partes que acorten la duración de sus conclusiones o que las presenten por escrito. La norma no es nueva, recuerdan, porque ya el Tribunal Supremo obliga desde 2016 a que los recursos de casación tengan una longitud máxima de 25 folios por una sola cara, incluidas notas y esquemas.