Una juez de Sevilla está investigando la retirada de dos menores de nacionalidad rumana que, según la querella que han presentado sus padres, les fueron retirados "sin base legal alguna, sin resolución administrativa habilitante y prescindiendo del procedimiento establecido". El caso lo lleva el juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla, cuya titular ha dictado un auto el pasado 11 de abril, en el que admite a trámite la querella por un delito continuado de prevaricación y otro delito de detención ilegal conta la delegada provincial en Sevilla de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Rocío Barragán, y contra el director del centro de menores de Heliópolis donde están acogidas las dos niñas, de 14 y 10 años, respectivamente.

En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el juzgado acuerda la incoación de diligencias previas y ordena a la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional que proceda a la investigación de los hechos. También pide la juez a la Fiscalía de Sevilla que se pronuncien sobre las medidas cautelares solicitadas por la familia, que consisten en el inmediato retorno de las niñas con sus progenitores.

Tras la apertura de la investigación judicial, desde la Consejería de Inclusión han asegurado a este periódico que la administración autonómica "ha seguido el protocolo establecido con todas las garantías para los progenitores y menores", al tiempo que ha destacado que para la Junta de Andalucía "la máxima prioridad es la protección de los menores".

En la querella, los padres explican que residen legalmente en España desde 2006, con permiso de trabajo, debidamente empadronados y con una vivienda de su titularidad, además de un trabajo estable, y las niñas están escolarizadas y plenamente adaptadas.

Los padres sostienen que el pasado 13 de febrero la delegación provincial de Inclusión Social "permitió ordenar la retirada de las menores sin acto administrativo notificados a sus padres", a pesar de que la notificación previa es una exigencia del decreto 42/2002, que establece que en la resolución "se explicará de forma comprensible a los menores y a sus padres y tutores las razones de la requitara de aquellos y el objetivo perseguido por la misma".

La querella insiste en que la actuación administrativa "ni siquiera ha notificado la adaptación de las medidas, cuando nos encontramos con una menores escolarizadas y en el seno de una familia completamente estructurada".

Denuncia por malos tratos archivada

En este sentido, reconoce la querella que hubo una denuncia ante la Policía Nacional, del que derivó un atestado policial de la Ufam que concluyó que "tras las manifestaciones de los progenitores, este grupo de investigación no observa indicadores de malo tratos de éstos hacia sus dos hijas".

Tras ese informe, que se remitió a la Fiscalía de Menores, el juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla procedió al archivo de las actuaciones por "ausencia de de indicio alguno de actuación ilícita de los querellantes", extremo que fue "convenientemente notificado" la delegación provincial, por lo que según los padres, la retirada de las niñas fue una "situación de hecho, plenamente consciente y a sabiendas de su injusticia y que es claramente contraria a derecho".

Además, la querella sostiene que se ha vulneraro el artículo 8 del mencionado real decreto y la propia "voluntad de las menores", que han expresado "dentro del sometimiento que supone la presencia del personal del centro, su voluntad de retornar al domicilio familiar".

Los padres aseguran igualmente que las menores del centro donde están internadas sus hijas "deambulan por la calle de forma totalmente libre, a pesar de su corta edad", y aseguran que tienen una fotografía donde se observa a la ayor con un "radiocasette con amplificadores paseando por la calle, sin el menor control".

Añaden que se permite libremente sus "salidas sin control" del centro, "sin acompañamiento adulto o profesional" y "pasean libremente bailando en plena calle; y comportamientos indebidos que carecen de control administrativo alguno", mientras que se "restringe indebidamente el ejercicio de la patria potestad" a los padres.