Un capitán de la Policía Judicial llegó el 8 de octubre, a las 8:30, a la Diputación de Sevilla. Mostró a Fernando Rodríguez Villalobos, el presidente, una orden de registro del despacho del aún director del área de Empleo e Innovación, Enrique Rodríguez Contreras, en el marco de la investigación por la trama de los ERE. Con el jefe de Seguridad, el agente accedió al mismo. Comprobó que el ordenador del alto cargo estaba desconectado de la red eléctrica -eso impide, entre otras cosas, el acceso desde un servidor remoto-, no el de su secretaria, que estaba en su puesto. Se custodió la sala, mientras que se daban instrucciones para facilitar el acceso por el parking a otros coches de la Guardia Civil. En uno, esposado, iba Enrique Rodríguez, que estuvo desde las 10:30 hasta las 15:30 presenciando cómo se revisaba documentación, su ordenador y el de su secretaria. Los agentes se llevaron papeles y copia de los correos de su ordenador. 

Este relato de cómo se produjo el registro del despacho del ya cesado asesor, que ha estado una década vinculado a la institución también como gerente de Sevilla Siglo XXI y Prodetur, fue de lo poco novedoso, y más por el morbo que por lo sustancial, que pudo extraerse ayer del Pleno extraordinario que el PP había pedido en la Diputación tras la detención del que fuera director provincial del IFA de 2002 a 2004. Villalobos lo convocó para el primer día posible por ley. Nada que ocultar, dijo. Pero los que esperaban revelaciones salieron con poco de una sesión más concurrida de lo habitual por periodistas y los alcaldes que ocupan puestos en la casa. Cada partido se enrocó en su discurso. 

Villalobos y el portavoz de su gobierno, Manuel Domínguez, insistieron en que la Diputación "no tiene ninguna relación con el caso de los ERE", que los hechos por los que se detuvo a Rodríguez, ahora en libertad con cargos, tienen que ver con su labor en el IFA (en la etapa en la que era consejero de Empleo José Antonio Viera, una de las personas a las que se ha apuntado dentro de la investigación). Villalobos le destituyó sólo para preservar la imagen de la institución, como hará con cualquier otro "detenido o procesado", y reiteró al PP: "No hay ningún papelito por ahí que nos señale a nosotros" 

El PP insistió en que el presidente debe dar más explicaciones. Es un hecho "extraordinario", "grave", destacó Eloy Carmona, que se haya registrado el despacho de un alto cargo por "el mayor caso de corrupción institucionalizada de la España democrática". Preguntó al presidente qué sabe de los motivos y de la actividad de Contreras; por qué no le destituyó hace 20 meses, cuando supo que su nombre había salido en la declaración del ex alcalde de Cazalla, Ángel Rodríguez de la Borbolla, sobre el caso de los ERE: "Le dijo a la Guardia Civil que si se querían enterar de cómo funcionaba el sistema, preguntarán a Rodríguez Contreras". Carmona aseguró además que, en febrero de 2012, el día que un diario publicaba las adjudicaciones de la Diputación a una empresa en la que trabajaba la hija de Viera, se vio entrar en la Diputación al ex director del área de Empleo con Viera y encerrarse durante una hora con Villalobos. El presidente no contestó al por qué esa mediación ni de qué hablaron. 

Tampoco a otras preguntas que le lanzó el PP, que insistió en la gravedad de que la Diputación sea "refugio" de cargos socialistas cuestionados, sobre si habrá más ceses a cuenta de los ERE. Carmona recordó que por la Diputación pasó, como director del área de los Recursos Humanos, Ramón Díaz, y es directora del área de Cohesión Social e Igualdad, María José Cervantes, dos de las personas que han declarado como imputados en la investigación de la jueza Alaya. 

El gobierno socialista consideró que el relato de los hechos es explicación suficiente, que se colaboró con la Justicia y que el PP "busca el titular", "sembrar la sospecha" y dañar a la institución. "Nunca nos desayunaremos con la portada de un periódico en la que aparecen los mensajes de whatsaap que comprometan a esta institución con los ERE", resumió Villalobos, aludiendo a los contactos entre Mariano Rajoy y Luis Bárcenas, cuando éste ya estaba procesado. 

El PA e IU insistieron en la necesidad de que la Justicia actúe con "celeridad" y con los medios necesarios y exigieron medidas para detectar y atajar la corrupción en las instituciones. El andalucista Alberto Mercado se atrevió a mostrar la sorpresa por la detención de Rodríguez Contreras, al que tiene por una persona "honrada, decente, trabajadora", cuyo trabajo en la comisiones "siempre" ha sido aprobado por unanimidad en los dos últimos años y lamentó la "humillación" de que le hayan paseado detenido en la institución. Para evitar que vuelva a ocurrir, exigió también a Villalobos que se adelante y cese a otros posibles relacionados con el caso. 

Coincidió con IU en rechazar el pacto "de la vergüenza" contra la corrupción que ha propuesto Susana Díaz a Mariano Rajoy. "Te cambio mis ERE por tu Gürtel", ironizó el portavoz de IU, Manuel Rodríguez, quien, en su intervención, consideró que "hay que distinguir entre los alcaldes y políticos que bordean la ley, para el beneficio de la mayoría, y los que lo hacen para su enriquecimiento personal o de empresas y mediadores. Es, añadió, "deleznable", lo que hay que castigar de manera "mas clara", sin que nadie se vaya de "rositas", como en Marbella.