Avalancha de demandas y colas de procuradores en el registro de los juzgados ante la entrada en vigor este jueves del tarifazo de la Justicia, que contempla la imposición del pago de entre 50 y 1.200 euros por la realización de determinadas actuaciones en las jurisdicciones Civil, Contencioso-Administrativa y de lo Social.

El recurso contra una multa de tráfico en el que un ciudadano haya sido sancionado con 200 euros por aparcar en doble fila o saltarse un semáforo, por ejemplo, acarreará un coste inicial de 200 euros en tasas si se presenta un recurso contencioso-administrativo. Pero este coste, que no incluye los honorarios de abogado y procurador, puede verse incrementado con otros 800 euros si se recurre en apelación y hasta 1.200 si se llega al Tribunal Supremo, con un recurso de casación. La cuantía final de las tasas en este hipotético recurso ascendería a 2.200 euros.

Esta misma cantidad es la que tendría que pagar un ciudadano que presentara una demanda reclamando 30.000 euros y que llegara en casación ante el Tribunal Supremo. Para la presentación de una demanda de divorcio habría que pagar una tasa de 240 euros y otros 890 por cada recurso, con lo que se llegaría a los 2.020 euros. En este caso, la ley 20/2012 prevé una exención de la tasa en los procesos matrimoniales "que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores", precisa el artículo 4.

En la jurisdicción Social, la presentación de la demanda está exenta del pago de la tasa, pero no los recursos que se puedan plantear contra las resoluciones, que implicarán el pago de 500 euros, para el recurso de aplicación, y otros 750 si se eleva un recurso al Supremo. La ley de tasas prevé una exención del 60% en la cuantía de la tasa por estos recursos para los trabajadores, ya sean por cuenta ajena o autónomos, según el artículo 4.3 de la norma.

El BOE publicó este miércoles la ley de tasas, que entra en vigor este jueves, si bien la práctica de las liquidaciones correspondientes no se ejecutará hasta dentro de varias semanas, cuando el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que es el encargado de la gestión de este pago en la Justicia, regule el procedimiento y los formularios impresos para la autoliquidación.

El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, explicó este miércoles a este respecto que la liquidación de las tasas judiciales se practicará una vez que el Ministerio de Hacienda publique "en las próximas semanas" una orden que regule estos extremos. "La ley de tasas entra en vigor al día siguiente de su publicación, sin perjuicio de lo cual la liquidación práctica de las tasas no se podrá practicar hasta que se publique" dicha orden, de acuerdo con el artículo 9 de la ley 20/2012, que recoge textualmente que "por orden del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se regularán los procedimientos y los modelos de autoliquidación de la tasa".

Como quiera que todas aquellas demandas que se presenten a partir de este jueves serán finalmente gravadas con la tasa, en los últimos días se ha producido un incremento espectacular en el número de demandas presentadas -se cuenta por centenares-, hasta el punto de que los ocho funcionarios destinados en estas dependencias no daban abasto para atender a los procuradores que aguardaban su turno para presentar los escritos. El horario de apertura se amplió incluso por espacio de unos 15 minutos y durante toda la mañana hubo grandes colas de decenas de procuradores. Este miércoles fue como las vísperas de fin de año o de las vacaciones de agosto, en las que se incrementa exponencialmente la presentación de demandas, comentó una de las funcionarias en medio de montañas de demandas y escritos que se agolpan en columnas en todas las mesas de la oficina de reparto de asuntos civiles, sociales y de lo contencioso-administrativo del decanato.

"Lo que hay en una mesa son sólo las demandas presentadas en un día", explica otra trabajadora, que se queja de la escasa plantilla del registro para hacer frente a una carga de trabajo "desbordante" y de que cuando se produce una baja de un funcionario no se cubre.

La ley de tasas ha provocado el rechazo generalizado de todos los operadores judiciales y ha conseguido unir a abogados, procuradores y jueces contra una norma que, según el preámbulo, "pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional" y la mejora en la "financiación del sistema judicial y de la asistencia jurídica gratuita". Pero para el sector de la Justicia, la ley supone en realidad un atentado contra el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva que consagra la Constitución, al convertir este servicio público en una Justicia "de ricos o de pago", como critican los abogados.

Silvia de Carrión es una de las procuradoras de Sevilla que este miércoles hizo cola en el registro para presentar las últimas demandas civiles que no pagarán tasas. "La crispación entre los profesionales es generalizada, pero a a los que coge en realidad por sorpresa es a los ciudadanos", afirma Silvia de Carrión. La procuradora coincide en la ley aprobada implanta una "Justicia para ricos y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva". A su juicio, la ley supone "un sablazo para los ciudadanos, que van a tener que pagar 200 euros por recurrir una multa de tráfico", con lo cual, continúa, al final el ciudadano va a tener que dejar de acudir a los tribunales al no poder sufragar este pago. La procuradora también pone otro ejemplo que repercutirán en la ciudadanía: "El pleito contra el vecino que no paga la comunidad va a suponer a los vecinos que sí están al corriente de su pagos tener que abonar una tasa para reclamar ese dinero".

El decano de los jueces de Sevilla, Francisco Guerrero, llamó la atención sobre el hecho de que la ley aprobada no es equiparable por ejemplo al copago de la sanidad, al abono de una cantidad simbólica de un euro por receta. "Es una recaudación importante, es mucho más que un IBI", advirtió Francisco Guerrero, que añadió que las tasas son "radicalmente disuasorias, al menos, con el nivel de vida actual".

El decano constató el aumento "desmesurado" de entrada de demandas en la oficina de reparto y apuntó que los ciudadanos "tendrán que seguir reclamando a la Justicia", por lo que se preguntó si esta ley "no va a reventar por las costuras de otra crisis social".

El decano insistió en que las tasas judiciales "deben ser moderadas y no evitar el acceso a la tutela judicial efectiva, porque unas tasas altas entorpecen y mucho ese acceso" ese derecho, que recoge el artículo 24 de la Constitución, que establece que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales "en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión".

Algunos abogados han propuesto una insumisión para no pagar las tasas y colapsar los juzgados con recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional y con peticiones a los jueces para que, a su vez, eleven una cuestión de inconstitucionalidad. De momento, esta posibilidad parece que no se planteará hasta dentro de unas semanas, cuando Hacienda regule los impresos y los secretarios judiciales comiencen a exigir el pago de las tasas por las demandas presentadas desde hoy.