El parlamentario andaluz del PSOE Carmelo Gómez se ha personado en el caso del delito societario de Mercasevilla que se instruye en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en relación con el “supuesto pago” por parte de esta empresa pública de las nóminas que percibió cuando trabajó para sociedades vinculadas al conseguidor de los ERE Juan Lanzas. Fuentes del caso han confirmado que el parlamentario socialista se ha personado en la causa al amparo del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a los aforados ejercer su derecho de defensa sin perjuicio de lo previsto el artículo 71.2 y 3 de la Constitución Española.

Carmelo Gómez podría haber esperado a que la juez María Núñez Bolaños elaborara la exposición razonada que ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción y personarse en la causa en el supuesto de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dirigiera decidir el procedimiento contra él, pero ha decidido personarse ahora en la causa y conocer directamente los hechos en los que aparece.

El parlamentario andaluz se ha acogido a la misma figura jurídica que la juez Mercedes Alaya empleó el 10 de septiembre de 2013 para preimputar a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, aunque éstos no se personaron en el proceso hasta que fueron imputados por el Tribunal Supremo. Alaya comunicó a los ex presidentes en un auto la  existencia del procedimiento y les dio traslado "en calidad de imputados" a tenor del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Alaya precisaba en esa resolución –que la Audiencia de Sevilla anuló varios meses después por falta de motivación- que era consciente que, de acuerdo con el artículo 71.2 y 3 de la Constitución, “no se puede realizar un juicio formal de imputación o inculpación” con respecto a los aforados, lo que obligaría a la sujeción de los mismos al presente procedimiento, pero sí aclaraba que podía darles traslado de las actuaciones para que se personasen "si lo desean a tenor del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como una resolución como la presente, asimilable a la admisión a trámite de la denuncia o querella, que no constituye como señala la jurisprudencia del Supremo un auto de imputación judicial, pero permite al querellado defenderse en el proceso por los hechos que pudiera incriminarle conforme al artículo 118 de la ley".

La Fiscalía de Sevilla solicitó en septiembre pasado a la juez María Núñez Bolaños que eleve una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para imputar al parlamentario andaluz del PSOE y vicesecretario general del PSOE de Sevilla Carmelo Gómez en la investigación por el delito societario de Mercasevilla. Según la Fiscalía, el contrato de Carmelo Gómez, así como el del ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García y el de una nuera del ex delegado de Empleo Antonio Rivas pueden ser "simulados", no responden a actividad laboral real y además se pagaron 70.000 euros en total "indebidamente con fondos públicos", los procedentes de Mercasevilla mediante la emisión presuntamente de facturas falsas.

En el escrito presentado el pasado 25 de septiembre, el Ministerio Público argumentaba que una vez examinadas las investigaciones relacionadas con la gestión de Mercasevilla, "habría en la causa indicios" de que el entonces director general de esta empresa, Fernando Mellet, mediante el abono de "facturas simuladas", pagó la nómina del parlamentario andaluz, así como del ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García y de María del Carmen Rodríguez Borrero, nuera del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, durante el tiempo que los tres estuvieron dados de alta en diversas empresas vinculadas al entramado societario de Juan Lanzas.

El fiscal interesa la práctica "a la mayor brevedad" posible de una serie de diligencias "con la finalidad de determinar el grado de participación de las restantes personas implicadas", entre ellas que se tome declaración como imputados a José Antonio García y a la nuera de Rivas, mientras que en el caso de Carmelo Gómez el fiscal pide en primer lugar que la juez oficie al Parlamento andaluz para que "certifique la actual condición de parlamentario" del mismo y una vez acreditado, dada su condición de aforado, solicita que la juez "eleve atenta exposición razonada al TSJA, por considerar que la instrucción penal de los hechos en los que ha participado el diputado autonómico Carmelo Gómez corresponde a su Sala de lo Penal, siendo perfectamente escindibles del resto de las actuaciones".

En su escrito, la Fiscalía ha pedido que se incorporen a las presentes actuaciones testimonios de los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativa a estos hechos y que se requiera al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que aporte los contratos de trabajo realizados a Carmelo Gómez, José Antonio García y a María del Carmen Rodríguez Borrero por las empresas vinculadas a Lanzas: Al Andalus Mass Media Channel, Maginae Solutions y Consulting Social Siemur.

De la misma forma, el fiscal pide que se requiera a la tesorería de la Seguridad Social para que aporte la hoja de vida laboral de estas tres personas y de las empresas que los contrataron. A las empresas del conseguidor también se solicita que aporten "toda la documentación que haya servido para justificar el pago de dietas" a estas personas.

El fiscal solicitó igualmente que se amplíe la imputación a Juan Lanzas y a su cuñado, Ismael Sierra, en su "condición de dueños reales de las tres empresas, al existir indicios de que colaboraron en los hechos atribuidos a Fernando Mellet, recibiendo los fondos de Mercasevilla, mediante el sistema de facturas falsas, y destinaron de manera específica parte del dinero al pago de las nóminas de Carmelo Gómez, José Antonio García y María del Carmen Rodríguez Borrero".

La Fiscalía entiende que las nóminas de estas personas fueron "pagadas indebidamente con fondos públicos", al existir "indicios de que los tres contratos pudieron ser simulados, no respondiendo a actividad laboral real alguna".

La juez María Núñez Bolaños ha acordado todas las diligencias solicitas por la Fiscalía y respecto a Carmelo Gómez ha enviado un oficio al Parlamento andaluz para que certifique la actual condición de parlamentario y "con su resultado se acordará", precisa una providencia de la juez que tiene fecha del 23 de octubre.